Desde hace tiempo, Argentina se vio sumergida en variadas problemáticas sociales y económicas que afectan a la mayoría de la población. Estas circunstancias son consecuencias de las decisiones que ha tomado el presidente Javier Milei desde que asumió el mando del país en diciembre de 2023. No obstante, el mismo Gobierno también afronta sus propios fantasmas y en las últimas horas recibió una intimación de la Justicia por el reparto de alimentos.
El último lunes salió a la luz que el juez en lo contencioso administrativo federal, Martín Cormick, ultimó con 48 horas al Ministerio de Capital Humano para que garantice la distribución. Con el objetivo de ayudar a las personas que asisten a comedores y merenderos, el reclamo recae en la ministra Sandra Pettovello, quien conduce el departamento gubernamental en cuestión. Esta problemática arraiga un constante tire y afloje que lleva ya 6 meses sin soluciones.
No están solos
Con el objetivo de proporcionar el recurso fundamental para quienes concurren a los establecimientos alimenticios, son varios los involucrados en esta lucha. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentaron un recurso de amparo colectivo para asegurar el derecho a la alimentación. De hecho, el juez Walter Lara Correa realizó una cautelar que apoya la estrategia de ambos sindicatos.
Al mando de la Sala Contencioso Administrativo Federal N°7, Correa pretende que Pettovello reactive la distribución de mercadería a los comedores y merenderos pertenezcan o no a organizaciones sociales. Con un enfoque en retomar los vigentes programas de seguridad alimentaria, el juez apunta a que sea “de manera cabal, estricta y sin dilación o interrupción alguna”.
Asimismo, debido a este gran paso a nivel judicial, es que se estableció el fallo que aplicó el ultimátum de dos días. “Toda vez que la resolución dictada el 12/07/24 ha quedado firme; intímese al Estado Nacional a acreditar haber dado cumplimiento con lo ordenado en el punto 2) de dicha resolución”, explicó. Dentro de esta inamovible descripción, queda sentenciado el plazo de 48 horas de manera documentada para con el Ministerio de Capital Humano.
Por otro lado, la Justicia prosiguió con su postura y habilitó la feria en medio del receso invernal para que se cumpla con la obligación del Gobierno vinculado a la entrega. Incluso, solicitaron que “el Ministerio de Capital Humano no innove respecto de los planes y programas que enumera en su presentación y respecto de los cuales afirmó que estén vigentes”.
En tanto, añadieron que “ello, sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o creación de nuevos programas complementarios siempre signifique mejoras”. Será cuestión de esperar si el Gobierno resuelve el asunto en el lapso de tiempo indicado y renueva el reparto de la mercadería.
Un comienzo inesperado
El 2024 tuvo un inicio más que turbulento en todos los aspectos con la asunción de las nuevas autoridades. Bajo ese panorama, surgió esta causa a principio de año tras la denuncia de los organizadores por la interrupción del reparto de alimentos a comedores y merenderos. Esta situación, orquestada por el Gobierno, generó que se reclame por el sostenimiento de las políticas sociales; pero, derivó en un amparo colectivo que Correa dio lugar.
Por su parte, todo este conflicto ocasionó que se haga otra denuncia penal por parte del abogado Juan Grabois contra Pettovello. La carátula culpa a la ministra por incumplimiento de los deberes de funcionario público al detener la entrega de alimentos. La posterior investigación destapó la gran polémica del Ministerio con 5 toneladas de alimentos cercanos a sus vencimientos ubicados en galpones de Buenos Aires.
La funcionaria alegó en su momento que el reparto de mercadería contribuía a grandes irregularidades y decidió suspender el servicio. “La ministra tiene la facultad de auditar todo los comedores por mientras tanto, tiene la obligación de suministrar los alimentos a los sectores más vulnerables”, explicó Grabois sobre quienes recurren a esos lugares. A lo que agregó que desde diciembre se paró la distribución y por eso llevó a cabo su accionar en febrero.
De todos modos, el juez Correa insiste en que este escollo judicial no implica que el Ministerio deje de ejercer su autoridad para controlar a los comedores preinscritos y/o matriculados. A su vez, obliga al Estado a presentar un informe mensual acerca del desarrollo de las políticas públicas vinculadas con los comedores y/o merenderos”. “Cuya finalidad es la satisfacción del colectivo que allí asisten y la cantidad de población beneficiada discriminada por su ubicación geográfica”, concluyó.
Pese a todo, se sabe que los programas de ayuda alimentaria trabajan con límites presupuestarios que se ejecutan al mínimo en incumplimientos. Asimismo, estos movimientos implican la violación de compromisos internacionales como el Programa de Naciones Unidas. “La medida cautelar es un paso importante para que se cumpla lo asignado y se ejecute los fondos entregados”, explicó Grabois. “Esta decisión judicial llega en un contexto en el que la pobreza aumenta y el empleo cae y se vuelve más precario”, finalizó.