Cien familias de Colonia Obrera de Nueva Pompeya denuncian que la Sociedad San Vicente de Paul (SSVP), institución religiosa que administra el complejo de viviendas, está llevando adelante numerosos desalojos.
En la actualidad, son 93 familias con niñes y personas con discapacidad que luchan por permanecer allí. De acuerdo a lo informado, los desalojos ocurren con complicidad del Gobierno porteño y de forma paulatina e individual.
Por su parte, la sociedad católica sostiene que el costo para mantener los edificios es muy elevado. Sin embargo, les vecines pagan el alquiler en un barrio que carece del mantenimiento adecuado. En algunas ocasiones, la entidad religiosa aseguró que renovaría los contratos de la población, pero en la actualidad se define por la negativa.
Ante este contexto, les habitantes realizaron este miércoles un acto de resistencia a un inminente desalojo en el marco de una jornada de visibilización.
A través de un comunicado compartido en redes sociales aseguraron que “la sociedad SSVP, NO es dueña de Colonia Obrera, sino que se apropiaron de ella con el permiso del Gobierno de la ciudad hace más de un siglo”.
Además, agregaron que les administradores de la organización religiosa “buscan hacer su negocio con el dinero de las familias que ni siquiera pueden vivir dignamente por la falta de condiciones y mantenimiento en las que están el barrio y las viviendas.”.
Asimismo, agregaron que a esta situación se suma la angustia por no saber hasta cuándo estarán en el lugar que los vio nacer. Por esta razón, solicitaron a la sociedad que traspase las viviendas a manos de sus moradores. “La vivienda es un derecho, no un negocio”, sentenciaron.
Colonia Obrera, un espacio protegido como patrimonio histórico y arquitectónico
El pequeño complejo, situado en la manzana delimitada por las calles Traful, Cachi, Gramajo Gutiérrez y Albert Einstein, alberga a casi cien familias. Éstas incluyen 20 niñes, 40 adultes mayores y 12 personas con movilidad reducida o capacidades diferentes.
En este contexto de incertidumbre, sus moradores sostuvieron que “la falta de mantenimiento y condiciones habitacionales del complejo es evidente”. “Existe un descuido total de los espacios comunes del mismo, e incluso graves faltas en términos de higiene y salubridad”, detallaron.
“En la última tormenta, el agua en ciertas zonas alcanzó el medio metro, y pueden verse charcos por deficiencias de mantenimiento, lo cual genera un peligro para toda la población en la epidemia histórica de dengue que estamos atravesando”, informaron en el escrito.
Además, la comunidad recuerda que Colonia Obrera “está alcanzado por la normativa de Área de Protección Histórica de la Ciudad de Buenos Aires”. Sin embargo, señalaron, con la falta de mantenimiento por parte de la SSVP se “incumple gravemente con la protección del patrimonio histórico y arquitectónico de la Ciudad”.
Denuncian complicidad del Gobierno de la Ciudad
La colectividad del antiguo barrio, acompañada por legisladores porteños del Frente de Izquierda, buscó llegar a un acuerdo con San Vicente de Paul. Pese a ello, la institución continúa con los desalojos, negando la renovación de contratos y generando una crisis habitacional que deja a muchas familias en situación de calle.
Colonia Obrera, señalan como responsables de esta situación al Gobierno porteño, encabezado por Jorge Macri; a la Dirección General de Administración de Bienes Inmuebles, a cargo de Rosendo Luis Tarsetti; y al ministro de Seguridad, Waldo Wolff.
En la misma línea, la comunidad hace responsables a los organismos y funcionarios mencionados por la integridad de las familias que habitan del vecindario del barrio de Pompeya.
En el actual escenario socioeconómico, les vecines, advierten que “un desalojo hoy implica calle efectiva”. Para finalizar, afirmaron: “A quien le cabe garantizar el derecho a la vivienda digna es al Estado, no a entidades religiosas que se hacen llamar benéficas y se llenan los bolsillos a costa de las familias trabajadoras”.