Este miércoles, el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, decidió desmantelar los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos de las Fuerzas Armadas. Esta política era la encargada de investigar los crímenes de la dictadura cívico militar. La medida no solo supone una nueva ola de despidos en el Estado, sino también un triunfo para abogados encargados de defender a los genocidas.
La misma dependía de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa. La decisión significó el despido de diez de los trece trabajadores que se desempeñaban allí.
El desmantelamiento del ERyA
La eliminación de los programas fue tomada por el ministro Luis Petri, en colaboración con el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, el general Claudio Pasqualini, y el director nacional de Derechos Humanos, Lucas Erbes.
Además de desmantelar el ERyA, también se derogaron los programas de la Dirección relacionados con archivos y la revocación de las Resoluciones N° 308/2010 y N° 1573/2023, que les conferían carácter permanente, así como la Resolución N° 1131/2015 que estableció y reguló el Sistema de Archivos de la Defensa.
El comunicado de ATE
La Secretaría de Derechos Humanos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Nacional denunció los hechos mediante un comunicado y especificó las áreas perjudicadas.
“Estas decisiones significan poner fin a una política pública de promoción y protección de los Derechos Humanos y de fortalecimiento democrático de las Fuerzas Armadas que se inició en 2006 y que se mantuvo ininterrumpidamente desde entonces y durante diferentes gestiones ministeriales”, aseguró.
Los ERyA trabajan desde hace 13 años con el objetivo de dar respuesta a los requerimientos del Ministerio Público Fiscal y a otras dependencias del Poder Judicial en el marco de causas por delitos de lesa humanidad nacionales e internacionales.
“Los equipos llevan adelante proyectos destinados a ampliar el acceso de la sociedad en su conjunto a los Archivos de las Fuerzas Armadas”, detalló. Dichos documentos fueron devueltos a las Fuerzas y serán los militares quienes manden los informes a la Justicia.
Una decisión que viola los derechos humanos
Desde el gremio también destacaron el papel que desempeñaron en las últimas décadas los Equipos de Relevamiento y Análisis, y señalaron que fue reconocido a nivel regional e internacional “por ser un caso paradigmático de tareas de archivo realizadas por civiles en dependencias de las FF.AA”.
Tal es así que, sus actividades y contribuciones significaron un valioso avance en las causas judiciales relacionadas con los delitos de lesa humanidad en todo el país, cometidos en períodos de democracia interrumpida.
Por su parte, desde la Secretaría exigieron la continuidad de esta política pública y la reincorporación de los profesionales despedidos, “para garantizar de este modo el cumplimiento de las obligaciones que el Ministerio de Defensa tiene con el Poder Judicial y con la sociedad en su conjunto”.
La memoria resiste
Esta nueva medida es tomada luego de la multitudinaria marcha del Día de la Memoria. El domingo 24 de marzo millones de personas en todo el país se manifestaron al cumplirse 48 años de la última dictadura cívico militar. Las calles repletas fueron la respuesta a las continuas provocaciones gubernamentales y de personas afines al gobierno, al cuestionar, por ejemplo, la cifra de desaparecides.
Pese a estos ataques, muchas personas decidieron participar de la marcha del 24M. Algunas, incluso, por primera vez, señalando que “no hacía falta salir cuando creíamos que era un tema ‘saldado’’.