domingo 14 de julio de 2024

El ajuste llegó a las políticas de prevención del embarazo adolescente

El Gobierno nacional recortó el Plan ENIA, un programa que ayudó a reducir los embarazos no intencionales durante esta etapa en casi un 50%. Debido a estos resultados, se convirtió en modelo para Latinoamérica.
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Por su impacto, el plan ENIA es de referencia para América Latina. Crédito: Shuttersto.

El Gobierno nacional recortó el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional (ENIA), una política responsable de la reducción del embarazo adolescente en casi un 50%. En caso de no renovar los contratos de sus más de 700 empleades, ni actualizar los presupuestos, peligra la continuidad de este programa  pionero en Latinoamérica en materia de salud sexual y reproductiva.

A través de él, se le ofrecía a adolescentes de sectores vulnerables espacios de consejería en anticoncepción. Allí podían informarse, optar por colocarse métodos de larga duración (como el implante subdérmico), y recibir Educación Sexual Integral (ESI) en escuelas y espacios comunitarios.

La medida de ajuste se da en un contexto de crisis económica, por lo que, ante la emergencia alimentaria, se vuelve casi imposible tener acceso a métodos anticonceptivos y consultas ginecológicas.

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Además de manifestarse en contra del aborto y de la perspectiva de género, Milei denunció que la ESI es un plan para eliminar a los seres humanos. Crédito: El Diario Ar.

¿De qué trata el Plan ENIA? 

El ENIA, fue creado para garantizar el derecho de les adolescentes al acceso gratuito a la salud sexual y (no) reproductiva. Surgió en 2017 y se puso en marcha en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. Luego, fue ampliado en la gestión de Alberto Fernández

El programa, modelo en Latinoamérica por sus resultados, tiene diversos ejes. Entre ellos, sensibilizar sobre la importancia de prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia; potenciar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en dicha etapa; informar sobre salud sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos en forma gratuita en los servicios de salud; y fortalecer políticas para la prevención del abuso, la violencia sexual y el acceso a la interrupción del embarazo según el marco normativo vigente.

Según el estudio Milena, realizado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), la prevención permite ahorrar 0,16% del PBI si se contabilizan los costos asociados a la atención de una gestación y el parto en chicas de 10 a 19 años. Además, permite que esas adolescentes puedan terminar el secundario y años más tarde conseguir empleos de mejor salario.

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El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), fue creado en 2017. Crédito: Estela García.

El Plan en números

En 2019, 69.803 adolescentes de entre 15 y 19 años y 1.938 niñas menores de 15 años tuvieron un hije. Por entonces, 7 de cada 10 embarazos correspondientes al primer rango etario no fueron planificados; y en el caso de las menores de 15 años, esa proporción llegaba a 8 de cada 10.

Datos oficiales muestran que entre 2018 y 2021, la tasa de fecundidad adolescente se redujo de 49 a 27%. Lo que significa una caída de casi el 50% en tres años.

Además, en 2021 también se redujo la maternidad de niñas de entre 10 y 14 años: 8,8%, lo que implicó una reducción del 43%. Se estima que de esa franja forman parte los embarazos producto de situaciones de abuso o coerción sexual, por lo que políticas como la ESI se vuelven fundamentales.

¿Qué sucede en la actualidad?

Hasta diciembre dicha política se implementaba bajo la articulación de los Ministerios nacionales de Salud, Desarrollo Social y Educación. Sin embargo, los dos últimos fueron absorbidos por la cartera de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

Distintas entidades internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional, afirman que la prevención del embarazo no deseado en la adolescencia es un factor clave no sólo en términos de derechos para las mujeres, sino también en términos económicos.

Ahora, a días de finalizar el mes, se estima que el gobierno podría no renovar los contratos del personal. A ello se le suma que los organismos cuentan con insumos para abastecerse hasta abril.

Esta decisión no es un caso aislado, ya que forma parte del plan de ajuste del gobierno libertario. Esta semana, en un discurso en el IEFA Latam Forum, el presidente anunció que “van a caer 70.000 contratos” de empleades estatales. Por su parte, el vocero Manuel Adorni sostuvo que esa cifra corresponde a “los contratos en revisión”, pero que desde fines de marzo unos 14.000 trabajadores quedarán sin empleo.

Respecto a les trabajadores del programada ENIA que podrían quedarse sin empleo, 112 trabajan en Nación en los programas de Salud Sexual y Salud Adolescente y 597 en centros de salud, espacios comunitarios y escuelas. Dentro de las provincias afectadas por la medida se encuentran Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy y Buenos Aires.

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