lunes 20 de mayo de 2024

Milei contra la integración de barrios populares: el Gobierno desfinanció el FISU

El Poder Ejecutivo modificó el destino de lo recaudado por el Impuesto PAÍS, una medida que afecta al Fondo de Integración Socio Urbana. El programa, que ahora recibirá sólo un 0,3%, busca garantizar el acceso seguro a servicios básicos, vivienda, y mejorar el espacio público y desarrollo comunitario. Nota al Pie dialogó al respecto con la dirigente nacional de Libres del Sur, Silvia Saravia.
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El Monitor de Obras de Integración Urbana muestra que con el FISU se realizaron, entre otras cosas, 4.961.798 metros cuadrados de calles; 2.583.936 metros cuadrados de veredas; 193 centros comunitarios; 168 centros de recreación y deporte; y 26 espacios educativos. Crédito: Ministerio de Obras Públicas.

Mediante el Decreto 193/2024, el Poder Ejecutivo realizó modificaciones en el destino de lo recaudado por el Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS); entre los que se encontró un recorte casi total del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). El mismo, que tiene como objetivos el financiamiento de proyectos de integración socio urbana para los barrios populares y la creación de lotes con servicios, ahora sólo recibirá un 0,3%. 

El Impuesto PAÍS, que se creó y reglamentó en la Ley 27541, se cobra en las operaciones de moneda extranjera. El artículo 42 de la normativa establecía que el 70% se destinara a programas de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) e Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), y el 30% restante al financiamiento de obras de vivienda social. 

Después, el Decreto 184/2020 -redactado por el gobierno de Alberto Fernández– especificaba que dentro de ese 30%, un 65% iría a obras de infraestructura económica, un 30% al Fondo de Integración Socio Urbana y un 5% al fomento del turismo nacional. El nuevo decreto, firmado por Javier Milei, Nicolás Posse y Luis Caputo, cambia el porcentaje. En lugar del 30%, sólo el 1% se destinaría al FISU y el 94% a obras de infraestructura económica.

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Según Saravia, este recorte es un paso atrás en lo que respecta a integración y calidad de vida. Crédito: Federico Groba

Frente a esta decisión, Nota al Pie dialogó con Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur. “Desfinanciar la política pública de urbanización de los barrios populares va en línea con el ajuste que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei”, sostuvo. En ese sentido agregó que es coherente “con los recortes a distintas áreas que de una manera u otra permitían que sectores muy castigados históricamente recuperaran algunos de sus derechos”.

A su vez, señaló que la medida tiene que ver con una cuestión de “hacer caja” por parte del Gobierno nacional sin importar las consecuencias que esto traiga. “Se da un paso atrás en lo que respecta a la integración en una política que ha sido muy valorada por un amplio arco de sectores políticos, sociales”, aseguró Saravia.

¿Qué es el FISU? 

El Fondo de Integración Socio Urbana se creó mediante el Decreto N° 819/2019 con el objetivo de financiar proyectos de integración socio urbana para los Barrios Populares que estén inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y la creación de lotes con servicios. Entre estas obras se encuentran el acceso seguro a servicios (agua, electricidad, cloacas), vivienda y acceso al suelo, mejoramiento del espacio público y desarrollo comunitario. 

Según el Monitor de Obras de Integración Socio Urbana, gracias a él se realizaron un total de 1276 obras de integración en barrios populares y alcanzaron a 338.152 familias. Además, se llegó a 5.060 barrios populares y 255.570 familias con obras de viviendas. En el Monitor también se pueden ver los detalles de las obras y los números de las inversiones. 

Al respecto, Saravia también resaltó el trabajo realizado por la Secretaría de Integración Socio Urbana a cargo de Fernanda Miño. “Fue una política muy efectiva que nosotros valoramos muchísimo y que mostró su impacto en los barrios populares”, aseveró. “Tuvo un impacto que modificó la calidad de vida de sus habitantes en cada uno de los proyectos que me ha tocado recorrer y que he visto personalmente”, mencionó.

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La exsecretaria de Integración Urbana sostuvo que lejos de arreglar los problemas, el gobierno se empecina en profundizarlos. Crédito: Solange Avena, LatFem.

La referente de Libres del Sur señaló que el Fondo es, incluso, “un ejemplo en su ejecución, en cómo se aprobaban los proyectos, en cómo se hacía el seguimiento técnico, en cómo llegaba este beneficio a los habitantes de los jóvenes populares”. 

Esta desinversión llega tras una operación liderada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que en referencia a los manejos de este fondo denunció que Juan Grabois “manejaba $500.000 millones que iban directamente a él, sin control”. Dichos que fueron desmentidos por el actual subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja. El mismo comentó que “si esta área no fue la única que funcionó durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo”.

Críticas y señalamientos por el desfinanciamiento

Fernanda Miño, quien fuera Secretaria de Integración Urbana, escribió en X que esta baja al financiamiento es “una burla a los barrios populares”. “Lo que quieren es dejar de invertir en cloacas, agua, electricidad, calles, veredas y mejoramientos habitacionales para la gente”, sentenció.

https://twitter.com/ferminook/status/1762095144944189868

En la misma línea, Saravia entiende que al Gobierno “sólo le importa que cierren las cuentas y no importan las consecuencias que tengan las personas de carne y hueso”. De acuerdo a la dirigente nacional de Libres del Sur, ello demuestra el nivel de “crueldad y cinismo” de la gestión libertaria. 

En este contexto, el Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares, y Hogar de Cristo de la Argentina emitió un comunicado con el nombre “No al recorte en políticas públicas en villas, asentamientos y barrios populares”. En el escrito señalaron que “no es bueno desenchufar el Estado de las villas y asentamientos” y que no puede tolerarse “semejante retroceso que genera mayor exclusión y, por lo tanto, inseguridad y desintegración social”. Según elles, “es la única política pública que apunta al núcleo duro de la pobreza”.

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