El cierre del INADI: un retroceso en la búsqueda de un país más inclusivo

La entidad fue creada en 1995 a través de la Ley 24.515 con el objetivo de elaborar y proponer políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación en todas sus formas. Ahora, el gobierno de Milei comunicó su desmantelamiento.
INADI
A pesar de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció su cierre, no apareció en el Boletín Oficial. Crédito: Diario Paraná.

Esta semana, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) fue el blanco elegido por la motosierra de Javier Milei. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el cierre de la entidad el jueves en una conferencia de prensa, pero la medida no fue publicada en el Boletín Oficial

La institución tenía por objetivo crear políticas nacionales para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo. Además, trabajaba en conjunto con la sociedad civil para implementar políticas públicas orientadas a lograr una sociedad más diversa e igualitaria. 

En tanto, otro de sus objetivos principales era la aplicación de la Ley 25.592 de actos discriminatorios, así como también recibir denuncias y asesorar a las víctimas. De esta manera, a través de una serie de análisis realizaba un registro y a partir de él creaba propuestas para erradicarlas.

Esto quiere decir que el organismo funcionaba para garantizar la igualdad de derechos a lo largo y ancho de todo el país. Se buscaba prevenir, pero sobre todo sancionar la agresión y el odio por cuestiones de racismo y xenofobia. 

INADI cierre
El INADI fue creado un año después del atentado a la AMIA con el objetivo de prevenir y sancionar hechos discriminatorios por racismo y xenofobia. Crédito: Facebook INADI.

¿Cuándo se creó el INADI? 

Su antecedente parte de 1988, cuando se aprobó la Ley contra la Discriminación durante la presidencia de Raúl Alfonsín. No obstante, su establecimiento oficial ocurrió en 1995, un año después del atentado a la AMIA, con la aprobación de la Ley 24.515 durante el mandato de Carlos Saúl Menem.

Sin embargo, en medio de una serie de obstáculos, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo comenzó a funcionar recién en 1997, con el periodista Víctor Ramos como su primer presidente.

El ente autárquico, que garantiza la independencia de sus políticas respecto al Poder Ejecutivo, fue intervenido por primera vez en el 2000, momento el que fue designado Eugenio Raúl Zaffaroni. Esta situación se repitió hasta la actualidad con distintos interventores, llegando a María de los Ángeles Quiroga, designada por Milei el pasado 21 de febrero.

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La motosierra de Javier Milei avanza hacia la libertad de agredir sin intervención ni sanción del Estado. Crédito: Facebook INADI.

En funcionamiento, hasta que la ley demuestre lo contrario

Sobre el anuncio del gobierno, varies funcionaries salieron a repudiar y manifestar su preocupación ante el “peligro” que significa su cierre para la sociedad. En este caso, la ex titular del INADI, María José Lubertino, dijo en una entrevista radial (AM750) que “es para distraer de cosas importantes”. 

La ex legisladora porteña explicó que si no existe una ley que así lo diga, el INADI no dejará de existir, ya que fue creado bajo una norma legislativa. “Ellos saben que no hay anuncio en el Boletín Oficial. Anuncian cosas que no tienen un correlato real con la gestión, es como una expresión de deseo”. 

“Ayer nombraron a una interventora, por lo que el INADI sigue vivito y coleando hasta que haya una ley que lo derogue. Si quieren hacerlo, tienen que respetar la Constitución y las instituciones de la República”, expresó Lubertino.

El cierre del INADI significa la reducción de la protección del Estado ante hechos discriminatorios. Desde muchas organizaciones defensoras de los derechos LGBT, instituciones religiosas y legisladores opositores, también manifestaron su preocupación. 

Desde la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina (DAIA), una de las impulsoras de la creación del INADI, expresaron a través de sus redes sociales que “la decisión de cerrarlo atenta contra la protección del derecho a la igualdad y la convivencia pacífica de nuestra sociedad que es un ejemplo a nivel mundial”.

Por último, ahora la pregunta es en dónde se podrá denunciar algún hecho de persecución, discriminación o actos de crueldad en una Argentina que está dirigida por personas que legitiman discursos de odio y violencia. 

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