En un contexto de creciente represión a la población durante manifestaciones, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la reintroducción del uso de armas de fuego para la Prefectura Naval, medida que se extenderá a todas las fuerzas federales.
La normativa entró en vigencia desde este viernes según el Boletín Oficial 53/2024, después del anuncio emitido por Bullrich en una conferencia de prensa en la sede de Seguridad el jueves pasado.
Bullrich justificó la medida argumentando que la Prefectura se encontraba en una «situación desventajosa en el patrullaje de ríos». También explicó que efectivos navales no pudieron contrarrestar a delincuentes en el kilómetro 216 del Río Paraguay, en Formosa, y en el kilómetro 1076 Río Uruguay, en Misiones.
«Las armas cortas que hoy tienen permitidas no tienen el alcance necesario cuando los botes y barcos que vienen con cargamentos ilegales cruzan y se van hacia la frontera», señaló.
Derogación para la represión indiscriminada
La medida anunciada es un comienzo hacia la restitución total del «Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad», una normativa establecida mediante la resolución 956/2018 durante la gestión de Bullrich en el gobierno de Mauricio Macri.
Debido a la oficialización de la resolución 53/2024 Nota al Pie dialogó con María del Carmen Verdú, integrante de Correpi.
La militante por los ddhh nos comentó que no hay una coherencia entre lo que anunció la ministra y lo que efectivamente entró en vigencia mediante la resolución.
En ese sentido,Verdú explicó: “En la resolución plantea que se devuelve a la Prefectura el uso de armas largas cosa que nunca tuvieron prohibido, por lo que no se entiende a qué viene ese párrafo. De hecho ya lo salieron a aclarar los asesores de Bullrich”.
Además, expresó preocupación por la directriz al gabinete de asesores del ministerio de redactar las resoluciones ministeriales derogadas en 2019 con la resolución 1231/2021, medida que anuló varios protocolos de actuación de seguridad federales establecidos durante la gestión de Bullrich.
“La primera y la más importante es la 956/2018, que habilitaba a las fuerzas federales a usar armas de fuego y disparar en situación en las que no había un enfrentamiento real sino por criterio policial. Por lo que se permitía disparos a personas desarmadas de manera absolutamente impune” explicó Verdú.
Victoria Darraidou, Coordinadora del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional, sostuvo en contacto con Nota al Pie, que la restitución de todas las normativas derogadas durante la gestión de la ex ministra Sabina Frederic, posibilitan un escenario de impunidad ante el uso de la violencia policial sin control.
“Un tipo de intervención de este estilo va en contra de los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza que son adheridos a nuestro país por la ley de seguridad interior”, expresó Darraidou.
“Acciones de este sentido son claramente regresivas porque posibilitan ampliar el uso de la violencia por parte de los policías sin controles lo que da un escenario de impunidad”
Victoria Darraidou
La Doctrina Chocobar
Durante su gestión en el macrismo, Bullrich estableció la resolución 956/2018, conocida como la Doctrina Chocobar, que autoriza el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales en situaciones de peligro inminente para ellos o terceros.
La medida es mejor conocida como Doctrina Chocobar ante el apoyo y legitimación que brindó la funcionaria al accionar del policía Luis Chocobar.
Recibió su nombre del policía Luis Chocobar, quien disparó a Juan Pablo Kukoc en diciembre de 2017 en el barrio de La Boca. El hecho sucedió en el marco de una persecución por robo. Chocobar argumentó su decisión de efectuar disparos contra Kukoc por intentó de ataque con un cuchillo. Sin embargo, las pruebas demostraron que los disparos fueron por la espalda mientras Kukoc escapaba. Eso implicó que el efectivo sea condenado a tan solo 2 años de prisión.
“Gatillo fácil por vocación”
La gestión de Bullrich durante el macrismo se caracterizó por la legitimación del uso de armas de fuego y el asesinato de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
Santiago Maldonado fue visto por última vez el primero de agosto de 2017. El artesano participó en una protesta de la comunidad Mapuche Pu Lof de Chubut, que fue reprimida por un grupo de gendarmes.
Dicho hecho marcó la desaparición de Maldonado, cuyo cuerpo fue encontrado después de 67 días en el río Chubut.
Meses después, el 25 de noviembre de 2017, Rafael Nahuel integrante de la comunidad Lafken Winkul Mapu fue asesinado en Río Negro con un disparo en la espalda efectuado por por un integrante del grupo Albatros de la Prefectura Naval. La muerte de Nahuel se dio también en un contexto de persecución y represión a los pueblos Mapuches.
En aquel momento, Bullrich aseguró en una entrevista sobre el caso Maldonado: “La verdad se impuso, quisieron construir una realidad mentirosa. Quisieron imponer una desaparición forzada y eso no fue así”
Mientras que sobre el caso de Nahuel, la ministra sostuvo que la muerte del joven se dió por un enfrentamiento.
Ante estos antecedentes, el relanzamiento de la doctrina de Bullrich lo único que augura es que cualquier ciudadano tenga la posibilidad de perder la vida ante las fuerzas federales y que ninguna autoridad competente esclarezca el caso y con ello, se haga justicia. Es más, la normativa da vía libre a que se comentan “excesos” por parte de las fuerzas, un accionar que fue visto en las manifestaciones del Congreso que se expresaban en contra de la Ley Ómnibus.