El 22 de diciembre pasado, la organización Libres del Sur formó parte de la multitudinaria convocatoria llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y todo el país en respuesta a las medidas de ajuste y políticas neoliberales del gobierno de Javier Milei.
Pese a los protocolos de seguridad establecidos por Patricia Bullrich, se establecieron durante aquella jornada asambleas y ollas populares en contra de estas posturas antidemocráticas y de vulnerabilidad a la ciudadanía.
En los últimos días, como ya había amenazado la ex presidenta del PRO previo a la convocatoria, diversas organizaciones sociales recibieron intimaciones de pago por participar de las protestas, en un nuevo ejemplo de atropello a las libertades establecidas en nuestra Constitución. Libres del Sur fue uno de los afectados.
Según manifestó la dirigente nacional de Libres del Sur, Silvia Saravia, “este miércoles 17 de enero, junto a Humberto Tumini enviamos al Ministerio de Seguridad nuestro rechazo formal a la intimación de pago de una suma millonaria, por la concentración realizada en la plazoleta del Obelisco el 22 de diciembre pasado”.
La dirigente reclamó que “los fondos públicos que se decidan destinar a los fines de restringir o impedir de manera arbitraria e ilegal el ejercicio por parte de la ciudadanía de derechos humanos fundamentales corren por exclusiva cuenta y cargo de la Ministra Bullrich. Y deberá justificar ante la sociedad la procedencia legal de su erogación y rendir cuenta de los mismos”.
Por otra parte, Saravia explicó que “la manifiesta violación de sendos derechos constitucionales, como la libertad de expresión y peticionar frente a las autoridades es inaudita”.
Finalmente, instó a “el cese inmediato de la autoritaria e inadmisible persecución y hostigamiento de las organizaciones políticas, sociales y sindicales que nos oponemos al impopular programa de gobierno que de manera antidemocrática pretenden imponer a la sociedad argentina”.