martes 18 de junio de 2024

Multas injustificadas, otra maniobra de Bullrich para frenar la protesta social

Sindicatos y organizaciones expresaron su preocupación al recibir cartas documento que contienen multas de 40 a 50 millones de pesos por participar en las manifestaciones del 27 de diciembre.
Bullrich multas por protestas
Desde SiPreBA denunciaron la inconstitucionalidad de las multas a organizaciones y sindicatos por protestar. Crédito: El Ciudadano Web.

Ante el paro general convocado por la Confederación General de Trabajo (CGT) para el próximo 24 de enero, al que se sumarán más gremios y organizaciones, el Ministerio de Seguridad de la Nación, liderado por Patricia Bullrich, ejerce presión sobre el derecho a la protesta. 

En ese marco, desde sindicatos y organizaciones sociales denunciaron que en las últimas horas recibieron cartas documento con multas altísimas por su participación en la marcha del pasado 27 de diciembre.

Desde el ministerio, a cargo de Bullrich, enviaron multas a al menos 20 organizaciones sindicales y sociales. Las mismas oscilan entre 40 y 50 millones de pesos cada una, con el fin de cubrir el costo del megaoperativo realizado los días 22 y 27 de diciembre.

Multas a sindicatos por parte del Ministerio de Seguridad, a cago de Patricia Bullrich
Agustín Lecchi, secretario general de SiPreBA, dijo que el protocolo del gobierno es antidemocrático. Crédito: El Diario Ar.

La reacción de los gremios

Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) consideran “antidemocrático” pretender avanzar con dicha intimación. Tal es así que, el secretario general del sindicato, Agustín Lecchi, repudió la decisión.

“Es algo antidemocrático porque existe el derecho de protesta y, obviamente, lo vamos a repudiar y a responder legalmente porque no tiene ningún sustento”, dijo en declaraciones a Radio Provincia.

En esa línea agregó que, desde el Poder Ejecutivo, buscan “perseguir a las organizaciones sindicales que enfrentamos el modelo económico violento, agresivo y en contra de los sectores populares que propone Javier Milei”. 

Por último, informaron que también se sumarán al paro general del 24 de enero: “Buscarán perseguirnos, amedrentarnos e intentar dividirnos. Nosotros tenemos que tratar que no lo logren y el 24 debemos ser millones para repudiar el DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus”.

protestas
A pesar de los intentos de intimidación, cada día más personas se unen desde distintas áreas al paro general del 24 de enero convocado por la CGT. Crédito: SiPreBA.

La protesta como derecho constitucional

Las reacciones de diversos espacios políticos no tardaron en llegar y, en general, destacan que la protesta es un derecho constitucional. Desde Libres del Sur, la Dirigente Nacional Silvia Saravia expresó que se trata de “una provocación más de un gobierno nacional que no duda en avasallar derechos constitucionales”.

Respecto a la Jornada Nacional de lucha que se realizó el 22 de diciembre, sostuvo que la misma «denunciaba la interrupción total de la asistencia alimentaria por parte de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en un marco de emergencia social y económica donde el deterioro de las condiciones de vida de la población se acelera de forma abrupta”.

A su vez, denunció que la ministra hizo «un spot amenazante hacia quienes reclamábamos las medidas concretas de su ‘billetera abierta’, sin dar precisiones sobre su gestión como funcionaria pública hacia quienes tienen dificultades para acceder a una alimentación saludable».

En tanto, la CGT emitió un comunicado en el que condena la intimidación por parte del gobierno. “No representa los intereses de una ‘casta’, sino los de trabajadores de nuestro país que, en una sociedad democrática y conforme la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho a la manifestación y huelga”, señalaron en el documento. 

Desde la central obrera, informaron que presentarán una queja formal contra el gobierno de Milei ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debido a “esta nueva provocación”. Además, desde la CTA afirmaron: “Quieren atribuirnos un delito que de ninguna manera hemos cometido”. 

Por su parte, la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció vía X sobre la situación.  “Recuerden que la protesta social es un elemento esencial en las sociedades democráticas y que el Estado debe respetar, proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, de conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos”, expresó.

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