El Frente de Gremios Estatales, conformado en el día de la fecha, anunció para el próximo lunes una jornada nacional de lucha en todo el país en “defensa del Estado y el empleo público”. Así lo determinaron en la reunión llevada a cabo en la sede porteña de la FJA (Federación Judicial Argentina) en Rincón 74.
A través de una conferencia de prensa, llevada a cabo en horas del mediodía, diferentes dirigentes sindicales de trabajadores estatales pertenecientes a distintos sectores y poderes del Estado así como de empresas públicas anunciaron la conformación de dicho frente y la ratificación de esta medida de fuerza.
“Constituido este Frente de gremios estatales, hemos decidido llevar adelante una jornada nacional de lucha en defensa del Estado y del empleo público el lunes 15 de enero. Desde ya, adherimos al paro general con movilización el 24 como respuesta a los ataques antidemocráticos del Gobierno contra el pueblo argentino y, en particular, contra los trabajadores de empresas públicas”, anunció el secretario General de la FJA, Matías Fachal.
La conferencia de prensa fue encabezada por los secretarios generales de más de una quincena de organizaciones que conformarán este Frente gremial, entre los que se destacan: Rodolfo Aguiar (ATE Nacional), Francisca Staiti (Conadu Histórica) y Fachal.
Durante la misma, representantes de este nuevo espacio comunicaron que seguirán tomando medidas en conjunto para la defensa “del empleo, los salarios y la calidad de vida” de sus trabajadores. La jornada nacional de lucha tendrá como epicentro una concentración desde las 11 frente al Centro Cultural Kirchner (CCK), ubicado en Sarmiento 151.
Voces preocupantes de un Estado en riesgo
Durante la conferencia de prensa, el secretario General de la FJA explicó que la conformación de este Frente surgió ante “la preocupación común generada por el plan de gobierno del presidente Javier Milei”.
Además, refirió que la misma “se fue acrecentando con el anuncio de las medidas económicas, el protocolo antiprotestas y más aún con el mega DNU y la Ley Ómnibus que afectan inconstitucionalmente múltiples derechos de todos los argentinos”.
«A través de la unidad de este Frente queremos poner de manifiesto no sólo que rechazamos los despidos, la cesantía sin causa justificada, sino fundamentalmente que empezamos a hablar de aquello que el Gobierno no quiere, que es la licuación de nuestros salarios», expresó a Télam el secretario General de ATE Nacional.
Aguiar consideró que “el Gobierno despide del Estado por varias vías, por carta documento pero también por una rebaja salarial constante que es la que está aplicando con sus medidas, con un 25,5% de inflación sólo en el mes de diciembre o con su intento de eliminar las horas extras”.
Sobre las intimaciones de pagos millonarios del Gobierno nacional a más de 20 gremios y organizaciones sociales en concepto de multas por los gastos del operativo de seguridad en las protestas del 22 y 27 de diciembre, establecido por Patricia Bullrich y cia., Aguiar consideró que se trata de “un intento de disciplinar, amedrentar e infundir miedo y temor”.
“Como hemos sido varias las organizaciones intimadas ayer al pago de sumas millonarias, nos pusimos de acuerdo y los equipos jurídicos de todos los sindicatos y de las centrales obreras están actuando en conjunto y las respuestas van a intentar tener una línea común”, detalló Aguiar.
Por otra parte, el dirigente nacional de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), Guillermo Muñiz, refirió a Télam la preocupación en el sector “por la afectación de la salud pública y del tratamiento de miles de pacientes en tratamiento con la entrada en vigencia del DNU y lo que se propone en la Ley ómnibus”.
“No hay garantías de aparatología e instrumentación, estamos con una merma de profesionales en todas las áreas porque se han suspendido concursos y nombramientos que estaban pendientes y también nos alarma cómo se quiere afectar la fabricación pública de medicamentos que es fundamental para contrarrestar lo que está pasando con los precios que han aumentado de manera escandalosa en el último tiempo”, argumentó Muñiz.
En ese mismo sentido, pero ya enfocado en el ámbito de la educación, la secretaria General de la Conadu Histórica, Francisca Staiti, alertó sobre la situación que enfrentan las universidades ante el congelamiento del presupuesto. Al respecto señaló que “atenta gravemente las posibilidades de poder llevar a cabo un normal funcionamiento en los distintos establecimientos universitarios”.
“La universidad como centro de conocimiento e intelectualidad, la cual debe ser un espacio de encuentro, discusión y de formación de profesionales al servicio de nuestro país, se pone en riesgo con estas medidas de gobierno en tanto se busca alejarla de esos objetivos y mercantilizar como se hizo en las épocas del menemismo”, finalizó Staiti durante la conferencia de prensa.