domingo 16 de junio de 2024

Javier Milei cranea privatizar el Mar Argentino

Luego de que el Presidente presentara la Ley Ómnibus, creció la preocupación en la industria pesquera nacional, puesto que peligra la Zona Económica Exclusiva en aguas nacionales. Por esta razón, la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera inició un protocolo de amparo.
Fuente El Diario.es1
La Ley Federal de Pesca N° 24.922 forma parte del paquete reformas, de las cuales implican la explotación de los recursos marinos dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina. Créditos: El diario.es

La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera iniciará un protocolo de amparo para darle freno a la derogación de la Ley Federal de Pesca N° 24.922 que pretende poner en vigencia el Gobierno de Javier Gerardo Milei.

La medida de amparo que ya está puesta en marcha pide la iniciativa estatal, por considerar que vulnera los derechos contemplados en la Constitución Nacional, entre los que menciona el artículo Nº 41 que establece que “las autoridades proveerán a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica”.

Es menester resaltar que el pedido judicial llevará la firma de la mayoría de las cámaras empresarias que integran el sector pesquero a nivel nacional y provincial, y de casi todos los representantes de los trabajadores involucrados en la actividad.

Pesca Argentina Fuente Data Conurbano
La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) presenta un amparo para impedir los cambios que propone el Gobierno de La Libertad Avanza en la Ley Federal de Pesca N° 24.922. Créditos: Data Conurbano.

De ser aprobado esta norma, los recursos y la actividad pesquera nacional se verán afectadas en la Zona Económica Exclusiva en el Mar Argentino, ya que la modificación implicaría vulneración de los derechos, eliminación de regulaciones y criterios importantes en la industria pesquera argentina, lo que afecta a los trabajadores locales y aumenta la competencia extranjera.

En relación a lo mencionado, el proyecto de reforma del Régimen Federal Pesquero tendrá un impacto negativo en la actividad pesquera argentina ya que el presidente Javier Milei pretende establecer que las habilitaciones pesqueras no tengan en cuenta el origen, la antigüedad o la mano de obra de los buques, y que las licitaciones se asignen a aquellos que paguen el mayor arancel por la captura.

La derogación del artículo 40 de la Ley N° 24.922 permite la presencia total de tripulaciones extranjeras en los barcos con permisos de pesca argentinos. En ese sentido, sugiere abrir completamente la participación de empresas internacionales para ejecutar su cuota de captura con cualquier barco con permiso de pesca, sin priorizar el trabajo nacional ni su historial en el sector, lo cual acabaría con la Zona Económica Exclusiva en el Mar Argentino.

Barcos poteros Chinos Credito Canal12 Web
Raúl Cereseto afirmó que esta reforma atenta contra todos los sectores que participan de la cadena productiva”. Créditos: Canal12 Web.

Sin embargo, el código actual sostiene que, los permisos se habilitan principalmente a buques que empleen una mayor proporción de mano de obra argentina, sean de construcción nacional y tengan menor antigüedad, así como aquellos que añadan más valor al producto final.

Siguiendo esta línea, el Presidente de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera, Raúl Cereseto, aseveró: “El proyecto entrega la soberanía de nuestro mar y sus recursos, poniendo en igualdad de condiciones a los buques chinos depredadores con las empresas argentinas que generan miles de empleos”.

Por consiguiente, Cereseto ratificó que “por un lado, el Ministerio de Defensa le ordena a la Armada el patrullaje del Mar Argentino para evitar la pesca ilegal en la milla 200 y, por el otro, alienta ese ilícito con una iniciativa de estas características”.

Los últimos datos trascendido de fuentes oficiales determinan que la actividad pesquera exportó entre el mes de enero y noviembre más de USD 1.6 millones, con más de 45.000 empleos directos que se verían afectados en tal caso de que esta nueva regla dictatorial se apruebe.

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