Los últimos años se caracterizaron por la sequía en Argentina, y los incendios de grandes campos en diferentes partes del país fueron moneda corriente. Sin embargo, estos fenómenos no siempre son accidentes, sino que muchas veces por detrás de la quema de hectáreas hay intereses económicos.
Por eso, entre otras cosas, es necesario contar con una Ley de Manejo del Fuego. Pero como tantos otros derechos y protecciones, esa legislación se pone en peligro con el extenso DNU que anunció el presidente Javier Milei el pasado miércoles, en cadena nacional.
Según aseguró el mandatario, entre tantas otras medidas, se modificaría la Ley de Manejo del Fuego. Aunque en el DNU que finalmente se publicó el jueves 21 de diciembre en el Boletín Oficial, no figura nada al respecto. ¿Qué pasará entonces con el control de los fuegos?
De todas maneras, no está mal explicar por qué está regulación es necesaria, no solo para proteger el medio ambiente en el país, sino como defensa de la soberanía nacional.
¿Qué establece la Ley de Manejo del Fuego?
Su número es 26815 y se aprobó en el Congreso a fines de 2012. Esta normativa protege el medio ambiente de los incendios forestales y rurales en todo el país. Creó el Sistema Federal de Manejo de Fuego, cuyo objetivo es cuidar la seguridad de la población y de las personas que combaten los incendios.
Además, el Sistema se encarga de concientizar a la población sobre el impacto del uso del fuego; establecer mecanismos para que el Estado intervenga en incendios; y coordinar a nivel federal todo lo relacionado con el manejo del fuego.
Hasta ahí todo tiene mucho sentido. Por más negacionista del cambio climático que sea el nuevo presidente, hasta él tiene que saber que es necesario contar con un sistema de control y manejo de incendios.
El quid de la cuestión se da con otra parte de la normativa. En 2020 se amplió la protección de los ecosistemas, al prohibir que se realicen modificaciones en el uso de superficies afectadas por incendios forestales intencionales o accidentes.
En caso de que los fuegos afecten bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas, o humedales, la restricción es de 60 años. No se podrá cambiar el uso que esas tierras tenían antes del incendio. También se prohíbe dividir o subdividir, lotear, fraccionar, parcelar o hacer cualquier emprendimiento inmobiliario distinto al arrendamiento y venta en tierras particulares.
En zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales, o áreas con estructuras edilicias que se entremezclan con vegetación fuera del ambiente urbano o estructural, la prohibición es de 30 años.
La ley establece que no se puede realizar emprendimientos inmobiliarios allí. Tampoco implementar cualquier actividad agropecuaria distinta al uso y destino que la superficie tenía antes del incendio; ni modificar el uso de la superficie para desarrollar prácticas agropecuarias intensivas.
Desregulación de las tierras
Si bien aún no se sabe que pasará, la modificación o derogación de la Ley de Manejo de Fuego iría de la mano con la desregulación del mercado que encara el gobierno actual.
En muchas ocasiones, los incendios de gran cantidad de hectáreas en bosques, humedales o distintos ecosistemas servían para “limpiar” el terreno. Allí, luego se establecían monocultivos, como la soja.
«Lo que sucede es que la avaricia del sector productivo, que en vez de esperar que se renueven naturalmente las pasturas o conformarse con la superficie de pastoreo para el ganado, queman pajonales, pasturas para renovarlas antes de las lluvias de primavera y esto es lo que estamos viviendo hoy». Así se expresó al respecto el ex Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, en 2022, al visitar incendios en la cuenca del río Paraná.
En otros casos, se creaban countries o emprendimientos inmobiliarios en zonas que no son aptas para tal fin. Todes recordamos la “invasión” de carpinchos en Nordelta durante la pandemia, cuando en realidad, esos animales son los que en primer lugar fueron “invadidos” por el ser humano.
Más allá que esta vez la Ley de Manejo de Fuego se salvó de ser derogada en el DNU que cambiará la vida de millones de argentines, no hay que bajar la guardia. La defensa del medioambiente, y de las tierras nacionales, no debe ser el asunto de unos pocos.