Santa Fe se convirtió en la primera provincia del país en tener una Ley de Reparación Histórica para las personas travestis y trans. La misma abarca a la población que sobrevivió a la violencia policial e institucional durante el periodo democrático post dictadura cívico militar. El reclamo forma parte de un pedido a nivel nacional, acerca del cual se han presentado diversos proyectos.
La nueva norma establece una pensión para quienes sufrieron detenciones entre 1983 y 2012, año en el que se sancionó la Ley de Identidad de Género. Hasta el momento, se cree que son 147 personas las que se beneficiarán en toda la provincia.
El proyecto de esta ley fue escrito por las militantes trans santafesinas y presentado en abril de 2022 por la diputada Matilde Bruera, año en el que recibió media sanción en Diputados. “Que el Estado reconozca la violación de derechos humanos que sufrió el colectivo trans es un avance y marca un camino”, afirmó el día de la aprobación Karla Ojeda, integrante de la Mesa de Reparación Histórica Travesti Trans.
Dicha mesa de trabajo está compuesta por referentes de las localidades de Rosario, Santo Tomé, Reconquista, Santa Fe capital, y otras ciudades. Cabe mencionar que esta provincia ya había sido pionera en derogar los artículos del Código de Falta que sancionaban y perseguían el “travestismo” y la prostitución.
¿De qué trata la nueva norma?
La Ley de Reparación Histórica para las sobrevivientes establece una pensión mensual no contributiva equivalente a dos haberes mínimos. Tiene como destinatarias a quienes sufrieron privación de su libertad por parte de las fuerzas de seguridad entre el 10 de diciembre de 1983 y el 12 de junio de 2012.
De esta manera, Santa Fe es el primer territorio con una norma que reconoce estas violencias sufridas a manos del Estado democrático. Con la aprobación del proyecto se busca reparar a las personas trans que hoy son mayores y sufrieron de violencia institucional no solo durante la dictadura sino también una vez finalizada.
A su vez, establece que la pensión debe ser compatible con la remuneración por el desempeño de cualquier trabajo.
Esta era la última instancia que tenía la iniciativa para volverse norma, dado que, de no aprobarse, perdería estado parlamentario. Ahora quienes acrediten haber vivido en Santa Fe durante sus detenciones deberán presentar documentación de organismos estatales, prontuarios policiales, testimonios ante la autoridad judicial; o una historia clínica que dé cuenta del tratamiento recibido por los hechos padecidos.
Además de reconocimiento y reparación simbólica, el ingreso económico significará una mejor calidad de vida.
Desde las redes sociales de la mesa de trabajo afirmaron que “esta ley viene a reparar las graves violaciones a los derechos humanos hacia la comunidad travesti-trans cometidos por el Estado santafesino a través de los códigos de falta que tuvieron vigencia desde 1983 al 2010”. A su vez, remarcaron que “la reparación histórica travestis-trans postdictadura es un reconocimiento a las persecuciones sistemáticas que vivimos en la década de los 80 y 90 por el sólo hecho de ser trans”.
Ser travesti durante la última dictadura
Cientos de personas trans han sufrido la violencia y la tortura por parte de la ultima dictadura y su historia ha sido invisibilizada durante décadas. Si bien se hablaba de los crímenes de la dictadura, fue hace pocos años cuando comenzaron los procesos para que los testimonios de personas LGBTIQ+ fueran incluidos en los distintos juicios contra represores.
En este sentido, en abril de 2022 por primera vez la palabra de mujeres trans fue escuchada en un juicio de lesa humanidad. Se trata de cinco víctimas de la represión en el Pozo de Banfield. Brindaron su testimonio ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1: Carla Fabiana Gutiérrez, Paola Leonor Alagastino, Julieta Alejandra González, Analia Velázquez y Marcela Viegas Pedro, todas sobrevivientes.
Sus testimonios han servido para demostrar la persecución sistemática en contra de las mujeres trans. Distintos organismos de derechos humanos señalan que cerca de 400 personas de la comunidad LGTBIQ+ fueron víctimas de la represión militar.
Ahora, con la nueva ley, lo que se reconoce es que una vez finalizada la dictadura las personas trans y travestis siguieron siendo perseguidas y violentadas por las fuerzas de seguridad.
Violencia y falta de oportunidades
Según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la expectativa de vida de las personas trans ronda los 37 años. Las razones de esto son la falta de acceso a la salud integral como también la exposición a la violencia.
Según un informe de Fundación Huésped y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), al 54% de las mujeres trans se les negó trabajo por su identidad y, como consecuencia, muchas de ellas ejercen la prostitución. Por la discriminación, además, el informe estima que el 70% de las personas travestis-trans abandonan la secundaria.
En la misma línea, durante 2022, al menos 15 personas denunciaron que fueron rechazadas por sus prepagas al momento de solicitar cirugías en el marco de la Ley de Identidad de Género. Solicitaron estas intervenciones, pero sus obras sociales les presentaron obstáculos, como aumentar la cuota o desafiliarlas.
A 11 años del reconocimiento a la identidad de género en Argentina, la ley que trajo la democracia para trans y travestis, el colectivo hoy reclama una reparación por lo que vivieron. En mayo pasado realizaron la primera marcha plurinacional por una ley de reparación histórica.
Al respecto, Patricia Rivas, sobreviviente trans e integrante de Las Históricas, explicó que su reclamo busca “un reconocimiento por todo el daño que nos causaron: la persecución, las violaciones, las torturas, el homicidio de tantas amigas”. En diálogo con Agencia Presentes, expresó: “Nos negaron la existencia, nos mataron y nos prohibieron por el solo hecho de existir”.