La Vía Campesina, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (Uccsnal) y la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC) denuncian el genocidio del Pueblo Palestino en Gaza. Las organizaciones cuestionaron el uso que hace el Estado de Israel del acceso a los alimentos, al agua y a los medicamentos como armas, violando el derecho humano a la alimentación.
A través de diversos comunicados piden el cese inmediato de los bombardeos en Palestina, repudian el bloqueo de los alimentos y del agua en el contexto del asedio israelí e instan a la comunidad internacional a expresarse por el cumplimiento de los derechos humanos.
«Hacemos un llamado a la comunidad global para que apoye activamente al Pueblo Palestino e instamos a todos los gobiernos y a la ONU a usar su influencia para detener esta escalada, pedir un alto el fuego inmediato y una reducción del conflicto, y actuar con rapidez en todos los foros internacionales para regresar a un proceso de negociación y diálogo y poner fin a esta actual ocupación y a la guerra contra el Pueblo Palestino y apoyar su búsqueda de liberación», reclama la Unión de Asambleas de Comunidades (que reúne a organizaciones de una decena de provincias).
Por su parte, La Vía Campesina exige que se aplique el Marco de Acción del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas. La organización campesina condena “los renovados planes israelíes de limpieza étnica y desplazamiento masivo forzado de palestinos de Gaza hacia Egipto, así como las posturas de muchos países europeos y de la Unión Europea sobre la estrategia genocida en curso, que alientan su avance sin cesar”.
Y agrega: “Los alentamos a adoptar posturas que estén en consonancia con los valores que promueven en materia de derechos humanos en general, y el derecho a la alimentación en particular, y a abstenerse de cualquier forma de doble rasero”.
Hasta hoy se contabilizan en Gaza ―detalla la Uccsnal― más de 9000 personas fallecidas, incluyendo 3760 niños y 2326 mujeres. Hay 221 escuelas destruidas, 38 de ellas eliminadas completamente. Más de 60 unidades de salud han sido destruidas por los bombardeos.
Desde que iniciaron los ataques aéreos a Gaza se han arrojado aproximadamente 12.000 toneladas de explosivos, cantidad equiparable a la que contenía la bomba atómica que lanzó Estados Unidos sobre Hiroshima. Además de no haber alimentos, agua ni electricidad, tampoco hay insumos médicos para atender a las personas heridas o que requieren atención médica inmediata.
«Las mujeres que dan a luz a través de cesárea deben transitar ese proceso sin anestesia; las organizaciones internacionales médicas humanitarias se han visto forzadas a evacuar los territorios por falta de garantías de seguridad para realizar sus labores de asistencia», denuncia la Uccsnal. La red de científicos contextualiza estas violaciones a los derechos humanos en el marco de una «limpieza étnica».
Matar a un pueblo de hambre
Las organizaciones denuncian que en la Franja de Gaza faltan hoy los alimentos, el agua, la electricidad y los medicamentos. Según datos de La Vía Campesina, más de 2,5 millones de personas se encuentran atrapadas en esa situación. En este contexto, sólo se permitió la entrada a ese territorio de 20 camiones de ayuda desde que comenzó la agresión ―el pasado 7 de octubre―, que cubren menos del tres por ciento de lo que la población gazatí necesita diariamente en circunstancias normales para sobrevivir.
La Vía Campesina señala que “el 65 por ciento de la población que vive en la Franja de Gaza, en Palestina, padece inseguridad alimentaria debido a los 17 años de bloqueo que lleva adelante el Estado de Israel” y que “la situación empeoró en las últimas semanas”. Al respecto, informa que desde el 7 de octubre (cuando fue el atroz ataque de Hamas con más de 1200 civiles israelíes asesinados), más de 700 puestos de control militares israelíes dividen Cisjordania, situada en la zona de Al-Aghwar donde se produce el 80 por ciento de los alimentos para la población palestina.
Además, unas 100.000 familias que dependen de la producción de aceitunas no pueden acceder a sus tierras para la cosecha, principalmente en Gaza y Cisjordania, debido a los miles de rifles de asalto que ha distribuido el gobierno israelí a los colonos. LVC también denuncia que agricultores palestinos fueron asesinados por colonos israelíes mientras trabajaban en sus tierras en Cisjordania.
La crisis alimentaria que hoy se ve exacerbada, tiene sus orígenes ―detalla La Vía Campesina― en el envenenamiento sistémico de las tierras y del Pueblo Palestino mediante la frecuente fumigación y arrasamiento con herbicidas, y los repetidos bombardeos selectivos de las infraestructuras agrícolas, de agua y de saneamiento de Gaza que tuvieron lugar durante las catorce agresiones encabezadas por la ocupación israelí en Gaza en los últimos 17 años.
En cada uno de ellos ―recuerda la organización campesina en su comunicado― el Estado de Israel desplegó armas internacionalmente prohibidas, como el fósforo blanco, tanto en Gaza como en el sur del Líbano. “Desde el año 2000, la ocupación israelí destruyó 3.000.000 de árboles frutales y olivos para desplazar a los agricultores palestinos”, indica LVC en su comunicado.
La Vía Campesina repudia además que al Pueblo Palestino se les ha negado el acceso a sus aguas, tierras y otros bienes comunes cruciales. “La ocupación israelí generó una zona de exclusión militar en casi la mitad de las tierras cultivables de Gaza y una zona de amortiguación marítima que permite el acceso a apenas el 15 por ciento del Mar Mediterráneo, lo que hace imposible que los pescadores puedan capturar una cantidad adecuada de pescado para sustentar a sus comunidades”, refiere.
“La idea es poner a dieta a los palestinos, pero no hacerlos morir de hambre”, dijo Dov Weisglass, asesor del ex primer ministro israelí Ehud Olmert. Esta declaración se produjo al conocerse el “recuento de calorías” creado por la ocupación israelí para limitar la ingesta de alimentos de los habitantes de Gaza a niveles ligeramente superiores a los de la muerte por inanición. LVC recuerda que el derecho a la alimentación es un derecho humano al que suscribió Israel hace 57 años.
En su discurso ante la Asamblea General de la ONU el 20 de octubre, el Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, afirmó: “Es muy difícil debatir mi informe sobre la recuperación de la pandemia cuando somos testigos de cómo los alimentos se utilizan cada vez más como arma contra los civiles a través de medidas coercitivas unilaterales o en conflictos armados”.
“De hecho, los alimentos se utilizan cada vez más intencionalmente para matar de hambre a la gente y desencadenar una limpieza étnica como la actual negación de Israel de alimentos, combustible, agua y suministros médicos a los palestinos y otros civiles en Gaza. Varios expertos en derechos humanos como yo dieron la alarma sobre el riesgo de genocidio contra el Pueblo Palestino”.
Mekorot y su política del “apartheid del agua”
El bloqueo continuo de 17 años por parte de Israel también ha provocado una grave crisis de agua en Gaza. Así lo explica la Unión de Asamblea de Comunidades (UAC): “Principalmente debido a los traslados forzosos de población por parte de Israel, el agotamiento de las cuencas de agua dulce, el bloqueo del acceso de Gaza al río Jordán, la prohibición de la construcción de pozos, la destrucción de instalaciones de recolección de agua de lluvia y el bombeo excesivo del acuífero natural que fluye hacia Gaza desde Jabal al-Khalil en Cisjordania”.
La creación del Estado de Israel en 1948 implicó ―prosigue el comunicado de la UAC― “desalojos brutales y expulsión de sus tierras” para la población palestina. “El nuevo Estado, formado con el 55 por ciento del territorio de Palestina por decisión de la ONU, no paró de extenderse hasta incorporar el 78 por ciento del mismo”, recuerdan las asambleas.
Amnistía Internacional declaró en 2022 que luego de 74 años de expulsión de sus territorios, continúan los desplazamientos de la población palestina, aumentando el número de personas refugiadas a cifras que rondan entre los 5 y los 6 millones de personas.
En este contexto, la Unión de Asambleas de Comunidades denuncia que el Estado de Israel ejerce un verdadero apartheid hacia Palestina y señala a la Compañía Nacional de Agua de Israel, Mekorot, por aplicar una política de “apartheid del agua” contra ese pueblo.
“La empresa ejerce un uso discriminatorio del agua, restringiendo el suministro a las comunidades palestinas en beneficio de los colonos israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén. Ya en los años 2013 y 2014, dos informes de Naciones Unidas denunciaron a la empresa por el uso violento y arbitrario del agua y la violación de derechos de la población palestina”, denuncia la UAC.