La presencia policial que hizo temer el peor final para las personas que habitan desde hace casi 20 años el edificio, que había sido sede de una fábrica textil. Ahora se abre una negociación que se extenderá por seis meses, en la que se involucrarán tanto el Gobierno de la Ciudad como el Nacional. Esta noticia ha sido recibida con gran alivio por las casi 300 personas afectadas, entre ellas 100 niñes, que vivieron estas horas en una situación de incertidumbre.
El conflicto, en proceso durante más de 13 años en el juzgado Civil N°60, había alcanzado un punto crítico, con un megaoperativo policial programado para llevar a cabo el desalojo a las 5 de la mañana de este martes. La presencia de más de 500 policías en el lugar aumentó la tensión en la zona. Sin embargo, la resistencia pacífica de los ocupantes logró contribuir a detener el desalojo.
Funcionarios del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y Marisa Graham, la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, fueron parte de un diálogo con las autoridades judiciales que portaban la orden de desalojo. Tras intensas negociaciones se llegó a un acuerdo mediante el cual la Ciudad otorgará al propietario del edificio un resarcimiento económico durante seis meses. El objetivo de este período de gracia es que la solución para las familias afectadas no sea un mero parche insuficiente.
El edificio era la planta de una empresa fabricante de toallas conocida como SELSA, quedó abandonado después de la quiebra de la compañía en los años 90. En 2004, familias con problemas habitacionales ocuparon el edificio, que en ese entonces estaba en un estado de abandono y deterioro. Con el tiempo, lo convirtieron en un conjunto habitacional que hoy alberga a unas 350 personas adultas y más de 100 niños, niñas y adolescentes.
En 2010 el Gobierno de la Ciudad decidió subastar el edificio a un precio muy bajo, devolviéndolo al sector privado. Fue adquirido por Mario Leonardo Ratuchny, un empresario vinculado a hoteles familiares. Desde ese momento, los habitantes de Santa Cruz 140 han vivido bajo la constante amenaza de desalojo.
A lo largo de los años, se han presentado varios proyectos de ley, desde la ocupación hasta la formación de una cooperativa de vivienda llamada «Papa Francisco«. A pesar de la resistencia pacífica de los ocupantes y las numerosas iniciativas, hasta ahora no se había logrado un acuerdo y no se había podido establecer una mesa de diálogo. Ahora quedan seis meses por delante y la necesidad de cientos de personas de tener una vivienda digna, que no sea solo el vértice especulativo de un negocio inmobiliario, sino la garantía de concreción de un derecho.