Tras un largo proceso, se ordenó la formación de una causa contra la jueza Ana Clara Pérez Ballester, y su asesora, Elisa Alejandra Catán. El motivo es el presunto “mal desempeño de sus funciones” en la tramitación del expediente sobre el cuidado de Lucio Dupuy.
En concreto, la magistrada avaló darle la tenencia a su madre, Magdalena Espósito Valenti, en noviembre de 2020. Pero el desenlace fue trágico, ya que el 26 de noviembre de 2021, en Santa Rosa, Espósito Valenti y su pareja, Abigail Páez, asesinaron a Lucio.
Ana Clara Pérez Ballester, es jueza de Familia, Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad pampeana de General Pico. El jury que decidió iniciar la causa tomó la resolución por unanimidad.
Ahora, quien tiene la pelota es el procurador general Mario Oscar Bongianino, el cual tendrá que definir si corresponde formular una acusación contra ambas funcionarias judiciales para la realización del juicio. Desde que se inició el proceso, el pasado 29 de septiembre, Bongianino tiene 6 días hábiles para expedirse.
El jury de enjuiciamiento contra Ana Clara Pérez Ballester
Pero, ¿qué es un jury? El artículo 115 de la Constitución Nacional establece que les jueces de los tribunales inferiores de la Nación (como Ballester), pueden removerse por un jurado de enjuiciamiento. El mismo debe integrarse por legisladores, magistrades y abogades de la matrícula federal.
En definitiva, el efecto de su fallo sería el de destituir al juez o jueza en cuestión. “La parte condenada quedará no obstante sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios”, aclara el artículo de la Constitución.
Al jury que discute la suerte de Ana Clara Pérez Ballester lo integran el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Fabricio Luis Losi; las diputadas María Silvia Larreta y María Andrea Valderrama Calvo; y las abogadas por la matrícula, María Natalia Gaccio y Silvina María Garro.
Quienes denunciaron a Pérez Ballester y Catán fueron el bloque legislativo del Frente Justicialista Pampeano y cuatro diputades de Propuesta Republicana, que se presentaron en calidad de ciudadanes. Más tarde, el jurado de enjuiciamiento tomó la decisión tras evaluar los descargos de ambas magistradas.
De ahora en más hay diferentes caminos de acción. Si el procurador Bongianino no formula la acusación, el expediente se cerrará. Si lo hace, la jueza y la asesora expondrán sus defensas. Luego, ambas partes deberán presentar pruebas, para después dar lugar a un juicio oral y público.
La justificación de la jueza
El abogado de Ana Clara Pérez Ballester, Pablo Rodríguez Salto, habló en su defensa con la agencia de noticias Télam. “Jurídicamente no es correcto iniciarle juicio. No tienen elementos para hacerlo”, justificó.
Además, apuntó contra la familia Dupuy: “Al padre del niño no había obligación de citarlo, porque nunca se interesó en la tenencia”. De esa manera, se expidió sobre el proceso mediante el que, en noviembre de 2020, Pérez Ballester resolvió que Lucio volviera con su madre.
Para ese entonces, el niño vivía con su tía paterna, Leticia Hidalgo, quien tenía su tutela por un acuerdo entre los padres. Pero la madre quería llevárselo a Santa Rosa, por eso comenzó un litigio en la Justicia.
Los tíos se negaron a entregarlo, pero tras la insistencia y denuncias que realizaba Espósito Valenti, cedieron. Hoy, ante los eventos sucedidos, surge la siguiente pregunta: la jueza Pérez Ballester, ¿hizo algún estudio socioambiental antes de enviar a Lucio con su madre y la novia de ella, Abigail Páez?
“El socio ambiental a la madre no se exige, porque la ley presume que los progenitores son idóneos”, se defendió Pablo Rodríguez Salto. Pero en casos como este, ¿no debería realizarse algún control previo?
Después aclaró: “A los progenitores se les hace si se sospecha algo, pero la causa penal demostró que no existieron abusos físicos ni de ninguna otra índole hasta 2021 y la jueza intervino hasta noviembre de 2020”.
Los interrogantes son muchos, y ponen de manifiesto la atención y detalle con los que se deben atender los asuntos de las infancias. Con respecto a Ana Pérez Ballester, este viernes 6 de octubre se cumpliría el plazo para que el procurador Mario Oscar Bongianino defina su futuro.