Pasaron tres meses desde el 20 de junio, fecha en la que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, sancionó la reforma constitucional provincial con el aval del Partido Justicialista. La misma contradice a la Constitución Nacional y distintos acuerdos internacionales que reconocen y protegen los derechos de las comunidades indígenas.
Cabe recordar que durante los días en los que se conoció la medida, se desplegó un fuerte operativo represivo en las calles jujeñas que fue visto en los medios de comunicación de toda Argentina. Sin embargo, nada cambió.
Esto último se debe a que el Poder Legislativo sigue sin tratar el pedido de intervención federal y la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. Sólo dos diputados, Juan Marino del Frente de Todos y Alejandro Vilca de Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, recibieron a les representantes de los pueblos que conforman el Tercer Malón de la Paz.
Por dicho motivo, el pasado martes integrantes de pueblos originarios realizaron una movilización a la Legislatura de Jujuy. Además, quienes se organizan en el Tercer Malón de la Paz comenzaron una huelga de hambre frente al Congreso de la Nación, espacio que aún no da respuestas.
En tanto, también esta semana, el Congreso sesionó el proyecto de quita del impuesto a las ganancias como tema principal. No obstante, las demandas vinculadas a la situación de los pueblos originarios y del territorio jujeño no están en el temario.
“Estamos soportando el frío, el viento y la lluvia, pero con dignidad, de pie, y vamos a continuar hasta que caiga la reforma y Morales vaya preso”, afirmó José Cuenca Cruz, miembro del Pueblo Kolla.
El pasado jueves, tras diez horas de iniciada la huelga, solo tres diputados se acercaron para dialogar con las comunidades.
¿Qué busca el Tercer Malón de la Paz?
El Malón replica la primera movilización de este tipo llevada a cabo en 1946 donde las comunidades indígenas de Jujuy se movilizaron a la capital para pedir por sus tierras. La segunda movilización fue en el 2006 cuando se organizaron para demandar al gobierno provincial por el incumplimiento de una orden judicial de retornar a las comunidades indígenas 15.000 kilómetros cuadrados de tierra.
Este 1 de agosto de 2023 los pueblos organizados llegaron a Buenos Aires después de la reforma inconsulta de la constitución por parte del gobernador Morales y para visibilizar el operativo represivo al que fueron sometidos para llevar a cabo dicha reforma. Pero, a pesar de llevar casi dos meses reclamando y haciendo visible la lucha por todos los medios, aún no han tenido respuesta.
Los pueblos indígenas que constituyen el Malón exigen que la Corte Suprema de la Nación se expida respecto de la inconstitucionalidad de la reforma llevada a cabo por Morales, y de la mano con esto también pide la garantía del cese de la represión, las detenciones y las persecuciones a las que están expuestos.
Pero las demandas también están relacionadas con la defensa de los territorios jujeños ante el avance del extractivismo: reclaman que el Congreso Nacional intervenga en la provincia y que se sancione una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, que reconozca a las comunidades su derecho a la tierra y que los bienes comunes dejen de estar a disposición de las empresas multinacionales. Jujuy, junto a Salta y Catamarca, forma parte del famoso triángulo del litio: son las tres provincias con mejores recursos en la materia y son las encargadas de administrar las licencias y regular la explotación.
Lo logrado y el Congreso que no cumple sus funciones
Las personas de las comunidades reclaman poder “vivir en paz”. Es que aun habiendo pasado tres meses de la sanción de la reforma Morales no cesó la represión, sino que la acentuó aún más en las rutas, apostando toda la policía provincial sobre las rutas 9 y 52.
Hasta ahora, el reclamo del Tercer Malón consiguió que el gobierno nacional creara, bajo el decreto 435/223 la Comisión de investigación, de análisis y recepción de datos sobre la violencia institucional en la provincia de Jujuy, con el objetivo de que la información relevada sea enviada a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso. La comisión será integrada por especialistas en derechos humanos: Diana Lenton, Adolfo Pérez Esquivel y Eduardo Barcesat. Pero dicha comisión aún está en proceso administrativo de conformación.
Mientras tanto, el Malón mantiene reuniones con las víctimas del terrorismo de Estado de Bolivia durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez y con víctimas de la represión del gobierno peruano a cargo de Dina Boluarte.
Desde que llegaron a la Ciudad de Buenos Aires para dar inicio a la vigilia, el gobierno porteño a cargo de Horacio Rodríguez Larreta impidió la colocación de baños químicos y carpas para protegerse de la lluvia y el frío.
Aide Gutiérrez, de la comunidad de Rodero (Humahuaca) e integrante del Tercer Malón, habló con colegas de Agencia Tierra Viva y afirmó: «Les pedimos que tengan un poco de humanidad, de solidaridad y de empatía. En el Congreso saben lo que está pasando en Jujuy, pero no quieren involucrarse. Y si no lo hacen, serán cómplices de lo que pueda ocurrir con el pueblo jujeño.”
El Tercer Malón se organizó en diferentes comisiones para continuar la lucha. Articulación, comunicación, cultura, salud, jóvenes, mujeres y legales, son algunas de las divisiones que desde el primero de agosto resiste frente al Congreso, sosteniendo el ideal de conseguir paz para el pueblo indígena y para el territorio jujeño. Lo que implica que protestar no sea un sinónimo de vivir perseguido y que los bienes comunes dejen de estar a disposición de las empresas.