El Supremo Tribunal Federal de Brasil reconoció que la condena contra Luiz Inácio Lula da Silva en la causa Lava Jato fue un “error histórico”. La decisión se da a cinco años de que el actual mandatario brasileño fuese detenido y enviado a prisión por más de 500 días, así como también privado de participar en las elecciones de 2018.
Nota al Pie analiza el impacto político y económico de la prisión del actual presidente y las estrategias judiciales a nivel regional.
“Error histórico”
Así lo consideró la propia Justicia brasileña. En 2018, un tribunal de segunda instancia había condenado al hasta entonces dos veces presidente del país a ocho años y diez meses de prisión. José Antonio Dias Toffoli, ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, determinó la anulación de todas las pruebas obtenidas bajo la causa “Lava Jato”.
“La prisión de Luiz Inázio Lula da Silva hasta puede llamarse uno de los mayores errores jurídicos de la historia de este país pero además fue mucho peor”, señaló Dias Toffoli en relación a los intereses políticos detrás de la operación.
Además, el magistrado aseguró que hay indicios de que las pruebas de los supuestos casos de corrupción habían sido obtenidas de forma ilegal.
Los testimonios obtenidos de los directivos de la constructora Odebrecht fueron conectados con el mecanismo denominado “delación premiada”. Es decir, el ofrecimiento de pruebas y testimonios a cambio de reducción de penas y condenas. Dias Toffoli también mencionó que incluso hay indicios de tortura psicológica y que los métodos para obtener esas pruebas fueron “inadecuados”.
Por su parte, el ministro Flávio Dino planteó que la decisión tiene dos implicaciones: “una de carácter jurídico, que reafirma la inocencia del Presidente Lula, juzgado indebidamente; y otra de carácter político, ya que registra los absurdos perpetrados en una página oscura de nuestra historia”.
El procedimiento en adelante consta de la confiscación de las pruebas recolectadas por directivos de Odebrecht por parte de la Policía Federal para que vuelva a examinar el material e investigar la eventual relación de agentes públicos y sus responsabilidades criminales.
Lula y Brasil
El fallo del ministro viene en consonancia con la decisión tomada en 2021 por el Supremo Tribunal Federal, que ya había anulado todas las operaciones de la causa Lava Jato por considerar al entonces juez, Sergio Moro, “parcial” en sus decisiones a la hora de condenar al ex presidente. Incluso fue a partir de dicha decisión que Lula recuperó sus derechos políticos.
Lula Da Silva estuvo detenido por condenas de Lava Jato por 580 días entre 2018 y 2019 en la sede de la Policía Federal en Curitiba, en el Estado de Paraná. Su arresto le impidió participar de las elecciones presidenciales en las que se impuso el liberal Jair Bolsonaro, quien tuvo el camino despejado sin el candidato del PT con mayor intención de voto.
Además, el propio juez Moro fue convocado por Bolsonaro como ministro de Justicia de su gobierno, poniendo de manifiesto las relaciones políticas existentes. Actualmente es parlamentario del Congreso por el Partido Liberal y varios sectores políticos han exigido su renuncia.
“Yo no cometí ningún crimen. Quien lo cometió fue quien me condenó. Estoy luchando por mi inocencia, yo fui víctima de un juicio político”, expresó Lula al dar testimonio en su defensa mientras estaba en pie el proceso judicial.
Durante la gestión bolsonarista fueron desmanteladas las mismas empresas públicas que de forma fraudulenta habían sido asociadas a la red de lavado de dinero que suponía la causa Lava Jato, por ejemplo Petrobras.
Si bien Lula recuperó la libertad y sus derechos políticos que le permitieron ser presidente por tercera vez, Brasil sufrió un gran retroceso en el control de industrias estratégicas como la petrolera, entre otras.
Las estrategias judiciales en la región
La resolución de la situación judicial en favor de Lula pone de manifiesto la debilidad de las estrategias de persecución política a dirigentes políticos y sindicales de América Latina. Este mecanismo, muy frecuente en la última década, le permitió al esquema unipolar anglosajón injerencia en diversos países de la región.
Además de Brasil, en Argentina y Bolivia, entre otros, se han orquestado campañas judiciales con el objetivo de quitarle los derechos políticos a dirigentes de importante representación gremial y social.
A diferencia de los tradicionales golpes de Estado desarrollados a lo largo del siglo XX con el propósito de interrumpir procesos políticos con notable legitimidad popular, en los últimos años predominaron estrategias jurídico-políticas para imponer a sectores liberales en los gobiernos latinoamericanos.
Sin embargo, hay una continuidad: el injerencismo del Comando Sur del Pentágono y el Departamento de Estado norteamericano. Las redes políticas compuestas por sectores judiciales, medios masivos y comerciales de comunicación, y fuerzas políticas, han sido articuladas y conducidas por responsables políticos como el trumpista John Bolton o el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
En el caso brasilero, se han revelado una serie de mensajes de texto y videos que demuestran relación entre el juez Sergio Moro y los fiscales de ese operativo jurídico. En esa misma línea, el involucramiento de asesores estadounidenses y directivos de grandes medios de comunicación del país como O Globo.
Carlos Alberto Almeida, analista político brasileño, planteó que “el presidente Lula fue perseguido, condenado y presionado sin ningún tipo de prueba contra él”. Y agregó que “buena parte de los que han condenado al presidente Lula de manera fraudulenta están en el Senado, incluso el propio ex juez Sergio Moro”. En ese sentido, Almeida apuntó a organismos estadounidenses interviniendo directamente en la Justicia brasileña.