El Sindicato Único de Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA) mantiene su presencia en el juicio por la explosión de gas ocurrida en la Escuela Primaria N°49 “Nicolás Avellaneda” de la localidad bonaerense de Moreno.
En aquel suceso del 2 de agosto de 2018 fallecieron la vicedirectora de la escuela Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez. El proceso jurídico se tramita en el Tribunal Oral Criminal N°4 de Mercedes, integrado por les jueces Patricia Viviana Guerrieri, Fabián Fernando Brahim y Claudia Esquivel.
Hasta el momento, se encuentran imputados el gasista Cristian Ricobene, por “homicidio culposo agravado en concurso real con defraudación en perjuicio de la administración pública”, el ex interventor del Consejo Escolar, Sebastián Nasif, y los consejeros Jorge Galian y Mónica Berzoni por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Nota al Pie dialogó con la secretaria general adjunta de SUTEBA, Silvia Almazán, quien brindó su punto de vista acerca de la lucha que lleva adelante la comunidad educativa en reclamo de justicia y expresó la necesidad de ampliar el número de acusados.
La presencia del gremio
En la audiencia del pasado viernes 1 de septiembre declararon una serie de testigos propuestos por los representantes legales de las familias de los dos trabajadores de la educación. Uno de ellos fue Mariana Cattaneo, quien se desempeñaba en ese entonces como secretaria general de SUTEBA en la delegación Moreno.
A través de un comunicado, la dirigente se explayó sobre su participación en el juicio: “Pude testificar en este día muy importante y movilizante. Fue posible gracias a las fuerzas que nos dan todxs lxs compañerxs que en todo el país piden Justicia para Sandra y Rubén. Con la fuerza del SUTEBA y del FUDB (Frente de Unidad Docente Bonaerense), que desde aquel 2 de agosto de 2018 pide Justicia Completa y expresa que Vidal (ex gobernadora provincial) es responsable”.
Ampliar el banquillo de los acusados
Desde el gremio SUTEBA informaron que acompañarán a les familiares y allegades de las víctimas y que la iniciativa contó con la presencia de referentes sindicales de más de 20 distritos de la provincia. Asimismo, mencionaron que se hicieron presentes integrantes del Consejo Ejecutivo Provincial de su organización sindical.
En ese sentido, Silvia Almazán explicó: “Desde el SUTEBA venimos construyendo esta lucha. Por un lado, tiene que ver con la exigencia de justicia completa por Sandra y por Rubén. Por el otro, hacer visible que hubo decisiones políticas provinciales que desfinanciaron a la educación pública y generaron condiciones de deterioro de los edificios escolares”.
En relación a esas medidas de recortes presupuestarios, la referente precisó que tuvieron lugar en el período que va “de diciembre 2015 a diciembre de 2019”, coincidente con el mandato de María Eugenia Vidal. Además, destacó que las decisiones de aquella gestión no permitieron desarrollar políticas “de mantenimiento, de reparaciones y refacciones” en las escuelas.
“Políticas de abandonar a cada escuela de la Provincia de Buenos Aires a su suerte”, subrayó Almazán. “Fue una decisión de la gobernadora Vidal, del director general de Cultura y Educación de ese período, Gabriel Sánchez Zinny, y también del Director de Consejo Escolares, Gabriel Dimario, y del Director Provincial de Infraestructura, Nicolson”, agregó.
La dirigente señaló que el gremio busca que estos ex funcionarios sean “integrados” junto al resto de los acusados. “Creemos que en ese sentido va nuestra lucha y que se haya iniciado esta semana el juicio es producto de la construcción de esa lucha de la comunidad de Moreno, pero también del SUTEBA y del Frente de Unidad Docente Bonaerense”, señaló.
“El neoliberalismo mata”
Por otro lado, Silvia Almazán hizo mención al apoyo que viene recibiendo la comunidad educativa de Moreno en su reclamo. Además, destacó el rol de diferentes gremios que acompañan su lucha.
“Hay una solidaridad de todos los gremios de base, desarrollando una campaña que acompaña a nuestras demandas. Hemos recibido solidaridad de organizaciones sociales, sindicales y organismos de derechos humanos”, remarcó.
Respecto a las políticas abordadas en la anterior gestión provincial, la dirigente acusó: “Las concepciones neoliberales ubican a un Estado de manera muy restringida en su responsabilidad como garante de derechos”.
“Ya lo hemos transitado, por eso creemos que es muy importante valorar la inversión que se está desarrollando en esta etapa en la Provincia de Buenos Aires que ha planteado que lo prioritario que es revertir esa pantalla en la que quedó la educación pública en diciembre 2019”, celebró Almazán.
En el plano nacional, la dirigente destacó que “el trabajo que se ha hecho mancomunado es visible en muchos distritos, aunque hay muchas cuestiones pendientes, pero muchas se han revertido”.
Los gremios apuntan a la ex gobernadora Vidal y al ajuste
Por su parte, la abogada en calidad de querellante, Rosa Merlo aseguró: “El juicio ha avanzado con varias declaraciones. Nos congela el alma escuchar lo sucedido en la EP N° 49. Fue una gestión que ocasionó esto con ajuste y abandono, lo que generó las muertes de nuestrxs compañerxs. Esto que ha pasado no puede pasar nunca más».
Por medio de canales institucionales, el gremio docente expresó: “Esta explosión fue producto de la desidia, el ajuste y la ausencia del Estado durante los Gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal”. El proceso judicial que tuvo inicio la semana pasada se extenderá hasta el 22 de septiembre, con audiencias los lunes, miércoles y viernes.