Este miércoles, un grupo de legisladores denunciaron que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se encuentra incumpliendo la Ley 5787 del Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura, sancionada en 2016, luego de que la Legislatura porteña decidiese frenar la conformación del Comité local que busca prevenir dicho acto.
Ante esta situación, Victoria Montenegro, legisladora por el Frente de Todos y actual Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura CABA, consideró fundamental que “este mecanismo este funcionando, porque sino es peligroso para la Democracia”.
Para conocer más al respecto, Nota al Pie dialogó con la abogada Claudia Cesaroni, representante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc).
El rol del Comité para la Prevención contra la Tortura
Desde 2016, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura, cuya existencia rige desde la sanción de la Ley 5787. Dicho órgano, conocido como Comité para la Prevención contra la Tortura, tiene la función de regular al Poder Ejecutivo y legislar para que en la ciudad se respeten los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
Sin embargo, lo cierto es que, al día de hoy, el mismo no se terminó de integrar. “Es un mecanismo que funciona a medias, hoy por hoy. Sólo cuenta con algunos representantes del Estado, la Defensoría del Pueblo y el Poder Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y la Legislatura”, explicó Cesaroni.
Si bien la Ley de 2016 estableció su creación, el funcionamiento del Mecanismo se encuentra frenado, ya que aún resta que la Cámara de Diputados vote quiénes lo integrarán. Sin embargo, varios legisladores denunciaron que la oposición (y principal bloque oficialista en la Ciudad) se encuentra frenando el avance de su conformación.
Una de las primeras legisladoras que puso el foco en dichas trabas por parte de la Legislatura porteña fue Montenegro, quien sostuvo: “En un primer momento, el acuerdo estuvo pero se rompió. Hoy hay una definición del bloque del PRO de que no se termine de conformar el Comité contra la Tortura”.
En ese marco, otro dato importante es que si el próximo 9 de diciembre les diputades no dan dictamen a la conformación del Mecanismo, el mismo podría verse afectado y todo el proceso debería empezar de nuevo.
El reclamo de las organizaciones de derechos humanos
El 1 de junio del 2022, organizaciones de derechos humanos se presentaron ante una audiencia pública. Estuvieron presentes les abogades Claudia Cesaroni por el Cepoc, Indiana Guerrero de la Asociación Pensamiento Penal (APP), Gisela Cardozo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Manuel Trufó del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Alexis Kalczyniski del Movimiento No Matarás.
A partir de entonces, las candidaturas de representantes en defensa de los derechos humanos fueron aprobadas y ratificadas por la Comisión de Derechos Humanos para conformar el Comité. Además, “el compromiso de esa audiencia pública fue que las candidaturas sean elevadas a la legislatura para ser ratificadas”, indicó Cesaroni.
Pese al avance, todavía las postulaciones no han sido siquiera votadas en la Legislatura porteña, lo que la abogada caracterizó como “un grave problema”. Para Montenegro, actualmente, “hay situaciones de violación de derechos humanos de personas privadas de libertad”, por ejemplo, en el modo en que están alojadas en las dependencias policiales y alcaldías.
La denuncia de Montenegro
La legisladora porteña Montenegro apuntó contra les legisladores del bloque oficialista por “frenar” la conformación del Comité y “no cumplir con su responsabilidad”. Además, denunció que, en un contexto “tan complejo” de violencia política, es fundamental el funcionamiento de este mecanismo.
Según remarcó Montenegro, les diputades del PRO “no asisten a las reuniones y eso está frenando la designación de las organizaciones que conformarán el Comité contra la Tortura”.
Por último, insistió en la necesidad de tratar el dictamen antes del 9 de diciembre- fecha de vencimiento-, ya que “habrá que empezar todo de nuevo, pero se habrán perdido dos años de la presencia y del trabajo de las organizaciones”.