El 22 de noviembre de 2019, José Alperovich fue denunciado penalmente por abuso sexual con acceso carnal por su sobrina y ex asistente. Ahora, un tribunal oral determinó que el juicio en su contra comenzará el 5 de febrero de 2024. El ex gobernador de Tucumán solicitó, en reiteradas oportunidades, que lo juzgue un jurado popular pero esto no fue concedido.
Además de la denuncia, la denunciante hizo pública una carta en la que relató los padecimientos que vivió durante dos años. La querella está representada por el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos, a cargo de Pablo Rovatti, dependiente del Ministerio Público de la Defensa.
En tanto, Milagro Mariona, vocera de la denunciante, es parte del entramado de contención y fue la cara visible tras las primeras declaraciones. A través de su cuenta de Twitter expresó: “Recordamos a los medios de comunicación que deben proteger la identidad de la víctima y no revelar su nombre”.
El recorrido de la causa
En noviembre de 2019 se presentaron dos denuncias penales que relataban los múltiples ataques sexuales sufridos por la mujer de 29 años por parte del ex senador. Semanas después, fueron ratificadas por la denunciante, quien declaró en la causa por más de cuatro horas.
Ante la denuncia, Alperovich solicitó una licencia en el Senado de la Nación que tomó repercusión a nivel nacional. El senador no volvió a ocupar su banca, y en diciembre de 2021 venció su mandato y perdió los fueros.
En un principio, la causa se tramitó en dos jurisdicciones distintas; en la Justicia porteña y tucumana, dado que los hechos ocurrieron en ambas provincias. Luego, una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que los sucesos debían investigarse en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35 de la Ciudad de Buenos Aires.
Tres años después de la denuncia, en mayo de 2022, el juez Osvaldo Rappa, dictó el procesamiento de Alperovich por abuso sexual simple y abuso sexual agravado. Además, remarcó que la víctima sufrió un “sometimiento sexual ultrajante”.
Un mes antes, el exgobernador declaró por primera vez en el marco de la indagatoria. En septiembre de 2022, Rappa clausuró la instrucción y elevó a juicio oral la causa.
Días atrás se notificó a la denunciante que el Tribunal Oral en lo Criminal 29, a cargo de Ramos Padilla, fijó fecha para el comienzo del proceso judicial para el 5 de febrero de 2024. Al momento de solicitar la elevación a juicio de la causa, les fiscales Mariela Labozzetta, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) y Santiago Vismara manifestaron la relevancia de evaluar los distintos factores de la causa con perspectiva de género.
La lucha de las mujeres contra el abuso
El libro El arte de no callar, de Thelma Fardín, llegó a las manos de la mujer que denunció a Alperovich a los pocos meses de que pidiera licencia en su trabajo como secretaria del legislador. Esta obra, y el apoyo de otras mujeres que atravesaron lo mismo, fueron parte de la poderosa red de contención que sirvieron para sostenerla y acompañarla durante todo el proceso.
Durante 2020, las organizaciones que conforman Ni Una Menos Tucumán y la Multisectorial de Mujeres presentaron la “Mesa contra los abusos del poder político”. Esta tuvo, y aún tiene, como propósito acompañar a las víctimas de casos de violencia de género que involucran a funcionarios públicos.
Además, los movimientos de mujeres de Tucumán salieron a las calles, en más de una oportunidad, para pedir el desafuero de Alperovich. Sin embargo, si bien algunes legisladores expresaron su apoyo al pedido, este no logró cobrar fuerza.
Alperovich no es un hecho aislado
Según el Observatorio Lucia Pérez, son 384 los funcionarios denunciados, de los cuales 117 pertenecen al Poder Ejecutivo. También en Tucumán, en junio de 2020, el entonces legislador Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana, fue denunciado por abuso sexual y usurpación de identidad.
Según dicho observatorio, este año en Santiago del Estero una empleada denunció a un funcionario municipal de Mariano Moreno por acoso sexual. Del mismo modo, Lourdes Astudillo denunció en marzo al intendente de Villa María, Córdoba, Martín Gill. Por este último caso, la fiscal de Instrucción Juliana Companys lo imputó por lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género.