Los contratos de concesión de cinco represas hidroeléctricas de la Cuenca del Comahue, en la Patagonia argentina, vencen a partir de agosto luego de 30 años de manejo por parte de empresas privadas.
En este marco, la secretaria de Energía, Flavia Royón, anunció que cuando caduquen los plazos de concesión las operaciones serán asumidas de forma transitoria por la empresa estatal Energía Argentina (EnArSA). Esto despertó el reclamo de Río Negro y Neuquén, provincias involcuradas y propietarias del recurso natural.
Por esta razón, la gobernadora de la provincia de Río Negro, Arabela Carreras, se reunió en Buenos Aires con el ministro de Economía, Sergio Massa, donde anunciaron la conformación de una mesa político-técnica para definir el manejo futuro de las represas en los ríos Limay y Neuquén.
Las represas y la idea de estatización
Los complejos de energía hidroeléctrica, ubicados en la Cuenca del Comahue, concluyen su plazo de concesión de 30 años. La misma fue otorgada en 1993 como parte del proceso de privatización impulsado por el entonces presidente Carlos Saúl Ménem.
De este modo, el próximo 11 de agosto vencen los contratos del Embalse de Alicurá, a manos de la empresa AES Argentina, y los embalses de El Chocón y Arroyito, operados por ENEL Generación y Planicie Banderita, manejada por Oroazul Energy. Mientras que la concesión del complejo Piedra del Águila, a manos de Central Puerto, llega a su fin el 29 de diciembre,
Cabe mencionar que el vencimiento de un gran número de concesiones en los próximos años se presenta como una oportunidad de redefinir las condiciones del sistema energético nacional. En este sentido, el senador Oscar Parrilli propuso en 2022 la estatización de todas las operaciones.
En principio, el senador planteó que “EnArSA pudiera retener el 51% del total del dominio de las generadoras”, para “simplificar y agilizar la operatoria en sus distintas áreas y funcionar en consonancia con las disposiciones nacionales en materia de energía”.
La discusión entre Nación y las provincias
Tras la disposición de la Secretaría de Energía que instruyó a EnArSA a asumir el manejo de las represas, las autoridades provinciales manifestaron su descontento. Esto se debe a que, por mandato constitucional, los recursos naturales ubicados en las provincias son propiedad de las mismas. En este sentido, el gobernador de Neuquén, Omar Gutierrez, calificó la medida como “centralista”.
Por su parte, el gobierno de Río Negro comunicó: “La posición de la provincia como dueña del recurso compartido con las otras provincias es clara en cuanto a la necesidad de aprobar todo tipo de decisiones que involucren el manejo de agua de los aprovechamientos multipropósito emplazados en los ríos Limay y Neuquén”.
No obstante, los activos de las represas están registrados bajo la titularidad de la Nación, que se encargó del financiamiento y la construcción de las obras. Al respecto, Royón sostuvo: “Una cosa es el recurso del agua y otra la central en sí misma que fue construida con recursos de todos los argentinos y así la ley lo marca, que cuando termina la concesión revierte al estado nacional”.
Además, Carreras declaró en sus redes sociales que “el Ministro Sergio Massa mostró voluntad de diálogo y consenso hacia las provincias involucradas para una mayor participación ante la regulación de las centrales”.
De todas formas, estas cuestiones serán discutidas en la mesa político-técnica, de la cual también participará el gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa y el de Río Negro, Alberto Weretilneck.