El pasado miércoles, el Foro Permanente de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió un comunicado titulado “Promesas incumplidas profundizan la crisis” que expresa su descontento con el contexto inflacionario de Argentina. Además, en el mismo se reclama una convocatoria urgente para la realización de una reunión del directorio.
El pedido se relaciona con el rechazo a la propuesta gubernamental que les dieron por parte del Estado en la reunión del pasado 1° de junio, ya que consideran que terminó en una insuficiente adecuación arancelaria aprobada por el Directorio del Sistema Único. A su vez, debido a la grave situación inflacionaria, existe una preocupante incertidumbre sobre la continuidad de la atención de las Personas con Discapacidad (PCD) y los puestos de trabajo.
Según señalan, en las reuniones del año pasado las autoridades nacionales mostraron compromiso y empatía por la atención que requieren las PCD; sin embargo, consideran que no se involucren realmente en el asunto. “ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), el PAMI y las Obras Sociales todavía adeudan las diferencias arancelarias de los meses de enero 2023 y febrero 2023”, asegura el comunicado de prensa. Por otra parte, sostienen que los ajustes otorgados no condicen con la inflación mensual tal cual lo prometido.
Más de 100.000 puestos laborales en peligro
Les representantes del Foro solicitaron, en varias oportunidades, la convocatoria del Directorio para prever los ajustes de nomenclador que debían implementarse a partir de mayo de este año. Al respecto, el texto asegura que como respuesta recibieron “la dilación del encuentro, que recién se efectivizó en junio, otorgando un aumento tardío y más que insuficiente”. Ante esta situación, manifestaron que resulta “imposible sostener los servicios de atención”, y agregaron que no sólo se encuentran en riesgo las PCD “sino también a más de 100.000 puestos de trabajo”
En esta línea, denuncian que la adecuación de los valores prestacionales, aprobada por el Directorio, a las prestaciones que se brindan a través de servicios, centros y diversas alternativas nomencladas que se encuadran en la ley 24.901, recibieron un ajuste del 4,5% para mayo y 5% para junio 2023. Sobre estas cifras, afirman que “está lejos de responder a la realidad cotidiana de estos servicios”.
Por otra parte, consideran que hay un “destrato” por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud, ya que niega cualquier incremento en línea con las obras sociales sindicales que no quieren financiar el pago de las prestaciones a sus afiliades con discapacidad. En este contexto, desde el Foro solicitan una convocatoria urgente para que el Directorio rectifique la decisión tomada.
Además, otras de las finalidades es “establecer un mecanismo de ajuste automático de los valores arancelarios” y que se cumpla la promesa de reconocer aranceles que sostengan la atención de más de 200.000 personas con discapacidad que requieren de estos servicios para su calidad de vida.