Durante las últimas horas, el Congreso de Perú declaró “improcedente” la denuncia constitucional realizada por una legisladora en contra de la presidenta del país, Dina Boluarte, según informó Télam.
La acusación contra Boluarte por parte de la funcionaria se sumaba al reciente informe de violación de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las muertes ocurridas durante las recientes protestas antigubernamentales.
Sin embargo, de acuerdo a lo informado por los medios locales, con 11 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del país andino declaró que la presentación de la funcionaria era “improcedente”.
La denuncia, radicada por la legisladora de izquierda Ruth Luque, no sólo apunta a Boluarte sino también a otros funcionarios como el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo; al exministro del Interior, Cesar Cervantes; al exministro de Defensa y actual jefe de gabinete, Alberto Otárola y al exministro de Justicia, José Tello.
La denuncia que pone en la mira a Boluarte y otros funcionarios
De acuerdo a la exposición de Luque, dichos funcionarios infringieron la Constitución en lo que refiere a sus atribuciones “en las esferas más altas de decisión en asuntos del uso de las fuerzas policiales y militares”.
Sin embargo, la Subcomisión consideró que dicha acusación era improcedente, ya que “no cumple con el criterio referido a ‘que se refiera a hechos que constituyan infracción de la Constitución y/o delitos de función previstos en la legislación penal’”.
El informe de la Subcomisión agrega, además, que durante el periodo que es materia de denuncia hubo diversos actos de violencia en contra de las fuerzas del orden y en perjuicio de la infraestructura pública. También subraya que existe un marco legal para el accionar de las fuerzas militares y policiales durante los estados de emergencia.
En tanto, indica que los hechos ocurridos desde el 7 de diciembre del año pasado hasta febrero de 2023 se encuentran en proceso de investigación en el Congreso y bajo el Ministerio Público, de manera que aún no está definida la responsabilidad de algún funcionario en ellos.
“Al no determinarse en la denuncia fehacientemente si hubo uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes militares y policiales, ni demostrarse que esto habría sido conocido por los funcionarios denunciados, no podrían establecerse responsabilidades en ellos”, sostiene el informe de la Subcomisión respecto a la denuncia de Luque.
El estallido de las protestas en Perú
Cabe destacar que las masivas protestas en Perú se desataron el 7 de diciembre del año pasado cuando Pedro Castillo, el entonces presidente, fue destituido por el Congreso y arrestado tras anunciar la disolución del órgano legislativo en medio de tensiones contra el Ejecutivo.
Desde entonces cerca de 49 personas murieron a manos de la Policía y otras 11 durante hechos violentos. No obstante, miles resultaron heridas, de acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo de Perú.
Por último, serían al menos 60 las personas fallecidas si se toma en consideración a aquellas que perdieron la vida a causa de los bloqueos de rutas en el marco de las protestas.