Durante esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que en las reiteradas protestas que se han llevado a cabo en Perú, la Policía Nacional de Perú cometió “graves violaciones” de los derechos humanos, así como también ejecuciones extrajudiciales.
Las revueltas a lo largo y ancho del país sudamericano se originaron tras la destitución y detención del entonces presidente Pedro Castillo, quien disolvió el Congreso e instauró un gobierno de excepción, lo que desató una avalancha de reacciones en les opositores.
Ahora, el nuevo documento de la CIDH reúne información de la situación coyuntural de Perú, como así también entrevistas a víctimas y familiares. También recaba los datos a partir de la reunión con movimientos sociales, organizaciones civiles y gremios, entre otras instituciones.
El informe de la CIDH sobre el caos en Perú
La organización de derechos humanos se nutrió de datos durante su visita de trabajo realizada del 11 al 13 de enero de 2023. El organismo establece que la crisis política y el descontento social en Perú se debe a la desigualdad estructural y la discriminación que se da en relación a los pueblos indigenas y campesinos.
Esta fracción de la población se encuentra en el sur del país andino, zona que fue epicentro de los conflictos. En ese marco, las ciudades de Apurímac y Ayacucho son las que mayor víctimas concentran en materia de la violación de derechos humanos hasta el momento.
En efecto, la CIDH sostiene que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y se registraron “graves episodios de uso excesivo de la fuerza” en casos concretos.
A su vez, desde la entidad plantean que el Estado usó de manera desproporcionada e indiscriminada la fuerza. Esto último lo confirmaron a través del alto número de personas fallecidas y heridas por armas de fuego.
También desde el organismo informaron que muchas de las víctimas no estaban participando en las protestas, sino que sólo se encontraban cerca de los focos de conflicto.
Además, en el informe se pone acento en las situaciones registradas en Ayacucho y Juliaca. En la primera ciudad, la CIDH sostiene que se rastrearon graves violaciones a los derechos humanos que tienen que ser investigadas con un enfoque étnico racial.
Cabe destacar que la protesta de Ayacucho sucedió el 15 de diciembre de 2022 y contó con la participación de al menos 5 mil personas. Esa jornada de disturbios, junto con la revuelta del 16 de diciembre, terminó con el saldo de 10 asesinades y decenas de herides.
A raíz de distinta documentación se supo que el Ejército del Perú no sólo reprimió con armas de fuego sino también con bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros. En este contexto, la CIDH afirmó que, debido a las circunstancias, el hecho puede calificarse como una masacre. El caso de Juliaca tuvo un desarrollo parecido en relación a la forma de represión.
Respuesta del gobierno peruano
Tras la publicación del informe final de la CIDH, la actual presidenta de Perú, Dina Boluarte, y funcionaries del gobierno brindaron una conferencia de prensa en la que rechazaron las conclusiones del organismo.
“Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aun cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas”, afirmó Boluarte.
Por su lado, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otarola, sostuvo en una entrevista con el medio local RPP Noticias que el Estado peruano respeta sus obligaciones en materia de derechos humanos y que el informe no es una sentencia.
Con respecto a las recomendaciones que detalla la CIDH en el informe, Otarola comentó: “Podemos recibir un informe con recomendaciones y varias críticas, pero no se puede aceptar una práctica injerencista en los organismos constitucionales”.
Por otra parte, la congresista María del Carmen Alva manifestó en una conferencia: “Es vergonzoso el informe de la CIDH, no sé con quienes hablaron. Aquí lo que hubo fueron actos terroristas”.