Abr 21, 2023 | Género & Sexualidad

“0800 VIDA”, los retrocesos del aborto legal en CABA

La línea telefónica busca “acompañar” embarazos vulnerables. La misma fue acordada por la presidenta del Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires, Cynthia Hotton, junto al Gobierno porteño. Nota al Pie dialogó con la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, quien advirtió sobre la desinformación que puede generar la medida.
vida
Según la web de la Red, entre los servicios que ofrece se encuentran: “acompañamiento social y emocional”; “asesoramiento médico y legal” y “contención psicológica y espiritual”. Crédito: El Cronista.

Días atrás la presidenta del Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires, Cynthia Hotton, anunció un acuerdo del Gobierno de la ciudad con la Fundación Vida en Familia para promocionar la Línea 0800 VIDA, para acompañar embarazos vulnerables. La medida fue cuestionada por organizaciones feministas que sostienen que el Estado no debe darle poder a organizaciones religiosas y antiderechos.

La línea será atendida por la Red Nacional de Contención al Embarazo Vulnerable, integrada por 400 organizaciones ligadas a las iglesias evangélicas, militantes contra el derecho al aborto y la Educación Sexual Integral (ESI). Esto se da luego de que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, realizara un acto con mil pastores evangélicos junto a Hotton, en medio de su campaña electoral.

En este marco, Nota al Pie dialogó con la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski. “Es imprescindible que el Estado asegure políticas públicas que respeten el marco normativo vigente”, sostuvo. Además, reclamó una rendición de cuentas activa y transparente.

“Nos preocupa que el Gobierno pudiera delegar en organizaciones confesionales y religiosas la ejecución de políticas públicas asociadas al derecho a la salud”, explicó Belski. Ante la iniciativa, desde la ONG realizaron un pedido de información pública al Gobierno porteño.

Pedro Ramos NAP
Desde el 30 de diciembre de 2020 en Argentina se encuentra vigente la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Crédito: Pedro Ramos.

Sobre el programa

En su página oficial, la Red de Acompañamiento se refiere a embarazos inesperados y nunca a no deseados. Allí aseguran que “el 85% de las mujeres que tienen un embarazo inesperado al recibir acompañamiento y contención deciden continuar con su embarazo”.

Otro punto que despertó la polémica es el apartado “donar” de la página. El programa cuenta con la posibilidad de que la sociedad done dinero para “ayudar a que las mujeres que deciden continuar con su embarazo puedan recibir el acompañamiento que necesitan”, pero no especifica de qué manera es invertido.

Belski explicó que “el punto de partida es y debe ser el reconocimiento de la autonomía reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar”. En esa línea comentó que desde Amnistía Internacional realizan a diario un monitoreo sobre las políticas implementadas tanto por el Estado Nacional como por los gobiernos locales.

Sin embargo, la directora ejecutiva afirmó que “aun las personas gestantes se enfrentan a profundas barreras en el acceso al aborto”. Entre ellas, resaltó la falta de información y la ausencia de campañas activas, por eso “son inadmisibles potenciales iniciativas que pudieran abonar a la desinformación”. 

Amnistia Internacional Argentina 01
Desde Amnistía aseguraron que la  salud pública no debe tener interferencias de organizaciones religiosas. Crédito: Amnistía Internacional Argentina.

Organizaciones que se oponen

Desde MuMaLá repudiaron el anuncio y consideraron “necesario destinar esos recursos a las entidades públicas que hoy existen y que ya brindan asesoramiento y contención”. 

En sintonia, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito denunciaron enfáticamente el acuerdo: “Esta estrategia privatiza las políticas públicas”. “Como Campaña no permitiremos que nuestros derechos sean controlados ni manipulados por el poder de las Iglesias”, sentenciaron.

Por su parte, Luci Cavallero, referente de Ni una Menos, explicó que “este convenio constituye un nuevo ataque a nuestro derecho a decidir”. En la misma línea, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) manifestó que “es preciso poner de relieve la necesidad de respetar las leyes dejando fuera las consideraciones religiosas y opiniones individuales”.

Desde la Asamblea por los Derechos Humanos, por su parte, exigieron la renuncia de Hotton. Al respecto, afirmaron que “darle el manejo de la gestión pública a un sector de la sociedad civil vinculado a grupos religiosos implica un serio retroceso en las decisiones políticas del Gobierno de la Ciudad”. 
Por otro lado, la legisladora Laura Velasco, del Frente de Todos, presentará una declaración de preocupación y un pedido de informes por este tema. También hubo expresiones de repudio del Frente de Izquierda Unidad, donde la legisladora Alejandrina Barry, presentó un proyecto que exige conocer los términos del acuerdo firmado.

¿Quién es Cynthia Hotton?

Hotton es economista y ex diputada perteneciente al partido político conservador Valores para mi País, que ella misma fundó. La funcionaria, cristiana evangélica, se opuso a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo durante 2018 y 2020. En el año 2019 fue candidata a vicepresidencia por el Frente NOS, fórmula encabezada por Juan José Gómez Centurión.

En la actualidad, fue nombrada por Larreta para dirigir el Consejo Social. Allí, junto a organizaciones civiles, debe proponer políticas públicas para los sectores más vulnerables. Sin embargo, su conformación despierta polémica: grupos anti abortos, anti cannabis y con fuerte presencia evangélica.

El organismo está integrado por más de 45 organizaciones. Entre ellas, la Red de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, la cual se opone al aborto voluntario; Marisa Kulanezynsky en representación del Frente Nacional Provida y de la Comisión Federal Abogados Provida; y organizaciones nucleadas en la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas.

Otra que figura partícipe es la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, cuya presidenta, Rosa Inés Scioti, durante el debate por la ley IVE difundió un comunicado en el que afirmaba que “la eliminación de restricciones al aborto deriva en prácticas eugenésicas en personas con Síndrome de Down”.

Desde Amnistía Internacional explicaron que “la difusión de información errónea o la obstaculización en el acceso a información vulnera el deber de respetar la autonomía reproductiva de las mujeres”. Por último, afirmaron: “Esto incluye el deber de asegurar que terceros no limiten el acceso de las personas a la información y los servicios relacionados con la salud”.

Compartir:

Seguir Leyendo

Nota al Pie | Noticias en contexto