viernes 14 de junio de 2024

La Fiscalía de Perú solicitó tres años de prisión preventiva para Pedro Castillo

Este pedido, que también alcanza a otros dirigentes, corresponde al proceso penal por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. En paralelo se desarrollan protestas contra la presidenta Dina Boluarte.
Prisión
Pedro Castillo fue cesado de su mandato presidencial y se encuentra detenido desde diciembre. Ahora se lo acusa de asociación criminal, colusión y tráfico de influencias. Crédito: Télam

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, afronta el pedido de 36 meses de prisión preventiva por parte del Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación. Se lo acusa, junto con otros dirigentes de su espacio, por delitos presuntamente ocurridos durante su gestión, la cual finalizó tras ser cesado del cargo en diciembre de 2022.

A través de su página de Twitter, la Fiscalía comunicó la noticia: “Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó prisión preventiva en contra del expresidente Pedro Castillo Terrones y los exministros Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López”.

Al respecto de estos acusados, el primero de ellos comandó la cartera de Transportes y Comunicaciones, mientras que López fue responsable del despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Asimismo, la fiscalía detalló los motivos de la solicitud: “el requerimiento de prisión preventiva por 36 meses corresponde al proceso penal por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias”.

Dicho pedido de la denuncia constitucional se realizó a través de la fiscal de la Nación Patricia Benavides, en octubre pasado. Sin embargo, se hizo oficial a mediados de febrero tras la aprobación del Congreso.

Según informó RT, la acusación de Benavides vincula a Castillo cometiendo delitos en tres sectores del Estado: el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y en la compañía estatal petrolera Petro Perú.

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Dina Boluarte, actual presidenta de Perú, es el foco de las manifestaciones que acumulan decenas de muertos por la represión estatal. Crédito: Télam

Con Castillo encarcelado, crecen los muertos en manifestaciones

En la actualidad, Castillo se encuentra detenido en la prisión de Barbadillo, capital del país. Está encarcelado desde el 7 de diciembre de 2022, tras ser cesado de sus funciones por el Parlamento.

De este modo, el expresidente cumple una prisión preventiva de 18 meses acusado de rebelión por haber dispuesto la disolución del Congreso.

Como resultado de ello, asumió como presidenta Dina Boluarte, quien era la vice de Castillo y sobre la que ahora recaen las manifestaciones.

Durante esta semana, se convocó la denominada “Segunda toma de Lima”, donde pedirán el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales, contra el mandato de Boluarte.

Estos pedidos, sumados a la liberación de Castillo, se desarrollan desde diciembre, con algunos intervalos.

La represión en las calles dejó al menos 60 civiles fallecidos desde dicho mes. Este hecho llamó la atención de la Organización de Naciones Unidas (ONU), quién le otorgó dos meses al gobierno de Boluarte para informar las muertes ocurridas.

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El Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación pidió 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo. Crédito: Prensa Latina

“Temo por mi vida”

A comienzos de febrero, el expresidente Pedro Castillo habló desde la cárcel y aseguró temer por su vida y la de su familia. “He recibido amenazas de muerte de números desconocidos. Mis hijos y esposa también”, contó a El Salto.

A su vez, expresó no haber podido comunicarse con su familia: “No tengo acceso a comunicación, tampoco a derecho de videollamada con ellos. Se encuentran refugiados en México”.

Además, habló sobre la situación actual del país: “No hay ningún tipo de seguridad ni jurídica, política ni civil”. En tanto, señaló: “La fiscal en ningún momento estuvo en mi detención y no hubo un proceso legal como peruano con derechos y menos como presidente, porque seguía siendo presidente y sigo siendo presidente”.

Por último, Castillo dijo que con su grupo de abogados buscan “un juicio justo”. En el numeroso equipo de su representación, uno de los últimos en sumarse fue el abogado penalista argentino, Eugenio Zaffaroni.

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