A dos años de la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y con décadas de vigencia de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el acceso a este derecho continúa con trabas. Este es el caso de una niña de 12 años, oriunda de la localidad santafesina de Garibaldi, que tenía previsto someterse a un aborto el lunes pasado.
Sin embargo, la joven que había expresado su voluntad de interrumpir el embarazo, producto de los abusos de su padre, no se presentó en el hospital a realizar el tratamiento. Durante el pasado fin de semana, fue trasladada a una casa de la Asociación Civil Grávida, un reconocido grupo “provida” de la provincia santafesina.
Tras ser rescatada este último martes y puesta bajo el sistema de protección estatal, la niña se encuentra internada junto a su madre en un hospital público de Santa Fe. En este marco, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, Patricia Chialvo, informó que las autoridades esperarán a que “se tranquilice” para decidir cómo proceder.
Por medio de un comunicado, la Secretaría de Niñez indicó que “los tiempos previstos para darle continuidad a lo acordado (la interrupción) se vieron obstaculizados por la intervención de una organización civil que antepuso su objeción de conciencia frente a un derecho ya adquirido y sacó a la niña y a su madre fuera de la esfera del Estado”.
Sin embargo, según manifestaron voceros del Ministerio de Salud, la niña transita el segundo trimestre del embarazo por lo que aún estaría a tiempo de someterse a un aborto.
Un abordaje interministerial
La ministra de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe, Florencia Marinaro, detalló que el caso se trabajó de forma interministerial dada “la gravedad, vulnerabilidad y complejidad que conllevaba”.
“Como es de público conocimiento, la niña y su madre, luego de haber sido abordadas por equipos interdisciplinarios de niñez y salud, fueron derivadas inmediatamente al Hospital Iturraspe ante el pedido y consentimiento explícito de acceder a una Interrupción Legal del Embarazo”, detalló la funcionaria.
A través de su cuenta de Twitter, la ministra aseguró que desde un principio “se pusieron a disposición todos los mecanismos estatales previstos para garantizar el cumplimiento de este derecho”. Sin embargo, “en el trayecto fueron interceptadas por una ONG que buscó impedir que el procedimiento se llevara a cabo”.
Frente a esta situación, la Secretaría de Niñez “solicitó una medida de protección excepcional transitoria”. En este sentido, Marinaro remarcó que “a pesar de las acciones de esta ONG para evitar su cumplimiento, los equipos estatales de forma inmediata lograron que volvieran a estar contenidas y asistidas”.
Para finalizar, la funcionaria destacó: “Como Estado tenemos la obligación de poner a disposición de la Justicia la información que sea necesaria para que sea ella quien determine si hubo o no vulneración de derechos por parte de la organización hacia la niña y su madre”.
En cuanto al padre de la niña, de 42 años e identificado con las iniciales G.M.A., se encuentra imputado por el delito de abuso sexual agravado. Así lo resolvió este miércoles la fiscal Alejandra Del Río Ayala, en una audiencia realizada en Tribunales, horas después de que el hombre fuera capturado en la ciudad de Recreo.
El aborto es legal pero la lucha continúa
A raíz del caso ocurrido en Santa Fe, la Campaña Nacional del Aborto en esa provincia caracterizó a Grávida como una “organización fundamentalista”. A su vez, pidió que se investigue su accionar ya que “quiso obturar el derecho de la niña a la interrupción del embarazo”.
“Exigimos que los organismos estatales investiguen si Grávida incurrió en la violación del artículo 47, inciso C de la Ley Provincial 12.967 y su Decreto Reglamentario 619/10 (que refiere a no limitar derechos de los niños)”, expresó la Campaña por medio de un comunicado.
En este sentido, indicó que, de ser así “se proceda a la implementación de las medidas correspondientes, inhabilitando sus instalaciones como ámbito de cuidados institucionales con alojamiento”.
Asimismo, el texto expresa el pedido de avanzar hacia un Estado laico “que ponga atención y tome medidas concretas en relación al accionar de los fundamentalismos antiderechos”. Sobre ellos, desde la campaña aseveran que “a través de diversos métodos, buscan vulnerar los derechos de las personas gestantes”.