Nov 16, 2022 | Política, Sociedad

Una medida anticonstitucional: proponen en Mendoza un jurado popular para quienes corten calles

El municipio de la capital mendocina impulsa la creación de un jury popular para juzgar a quienes infrinjan el Código de Convivencia. El jurado estaría conformado por vecines de la Ciudad.
Jurado popular Mendoza
El objetivo del intendente y la comuna de Mendoza es endurecer sanciones y condenar los reclamos sociales de la provincia. Crédito: Ciudad de Mendoza Redes.

En estos días, las autoridades comunales de la capital provincial de Mendoza llevan adelante un proyecto para crear un “jurado popular” para juzgar a quienes corten las calles de dicha ciudad. Hasta el momento, el municipio aplica multas a aquelles que infringen el Código de Convivencia. De concretarse la nueva medida, las sanciones serían más severas.

La iniciativa será enviada al Concejo Deliberante para su aprobación durante el presente mes de noviembre. Dentro de este marco, el intendente Ulpiano Suarez trabaja junto a su equipo de asesores en una ordenanza para conformar un “jury” que juzgue a los infractores del código comunal.

Desde el municipio precisaron que el mencionado jurado estará integrado por vecines de la Capital y su participación será no obligatoria ni tampoco gratuita. Desde el año 2014, muchas organizaciones políticas, sociales y sindicales debieron comparecer económicamente después de movilizarse por las calles mendocinas. Lo que se intenta es endurecer las sanciones.

Jurado popular Mendoza
Las sanciones económicas son un modo de persecución y límite a la libertad de manifestarse que padecen las organizaciones civiles desde hace ocho años. Crédito: Libres del Sur. Crédito: Facebook Libres del Sur Mendoza.

Detalles e interrogantes del proyecto

“Será algo simple: los jurados contarán con un coordinador, y podrán intervenir quienes tienen domicilio en ciudad de Mendoza según el padrón electoral. Para cada uno de los casos se convocará por sorteo a un equipo de cinco vecinos que deberá dar su veredicto sobre el caso”, declaró el intendente Suarez para Radio Nihuil durante el fin de semana.

El proyecto busca construir una forma de instancia judicial. De todos modos, aún, no está confirmado si habrá una figura de juez o magistrado que aplique una condena o si será la carga de una multa. Esto es importante, en tanto, los jurados deciden culpabilidad o inocencia, pese a no tener la capacidad de “sentenciar” por sí mismos.

Desde la alcaldía municipal, informaron que la idea es que el jurado popular funcione como una instancia judicial, donde habrá pruebas a considerar y estará garantizada el derecho a defensa para les demandades. Una de las dudas que surgen de la iniciativa, es si las “condenas” se darán por unanimidad del jurado, o si estas se tratarán de multas económicas o trabajos comunitarios.

Se espera que estos interrogantes se despejen con el proyecto final que se encuentra en etapa de análisis. En este sentido, fuentes del municipio anunciaron que resta ver la integración de la medida y qué instrumentos alcanza del Código de Convivencia.

Jurado popular Mendoza
El nuevo abordaje para sancionar esta falta al código de convivencia es equiparada, por parte de la intendencia, a la de vandalismo y ruidos molestos. Crédito: Facebook Libres del Sur Mendoza.

Riesgo de contagio

El proyecto de la comuna mendocina tuvo eco en otras regiones. Este es el caso, en la Ciudad de Resistencia, capital provincial del Chaco. En ese distrito, actores institucionales y mediátiques se preguntan acerca de las consecuencias, en caso, de implementarse una iniciativa similar en la capital de chaqueña.

Este contagio puede implicar el riesgo de que proyectos que aparecen como “innovadores” y “populares” puedan traer como consecuencia un freno a las legítimas necesidades sindicales, sociales o políticas. Por otro lado, este tipo de ordenanzas encierran el peligro de un ataque a las libertades constitucionales como las del derecho a manifestarse y expresarse.

Una de las razones que se invocan en algunos sectores del Chaco (en relación al proyecto mendocino) es la falta de una “solución de fondo a una situación que no es nueva en el país, de lugares que lo padecen más que otros, de modo de converger los derechos a la protesta y el libre tránsito”. El sano equilibrio entre estos dos derechos es justamente lo que está en el centro de la polémica.

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