En el día de ayer, el Fiscal Federal Franco Picardi señaló al expresidente Mauricio Macri como posible responsable del armado de un plan sistemático de acciones de inteligencia que tuvieron como víctima a Cristina Fernández de Kirchner. El espionaje ilegal habría sido realizado en el domicilio de residencia de la actual vicepresidenta y en el Instituto Patria, el espacio de formación política del cual es presidente honoraria.
Los hechos denunciados habrían ocurrido en 2018 durante el gobierno de Cambiemos. Por esos acontecimientos están procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes se desempeñaron como jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en ese entonces.
Cabe destacar que el fiscal presentó un dictamen de más de 200 páginas ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. En este documento sostiene que, a su criterio, está concluido su trabajo investigativo sobre la participación de Arribas y Majdalani en los hechos. No obstante, solicitó ir más allá de esos funcionarios en la investigación, apuntando directamente sobre el jefe directo de ambos. Es decir, sobre el propio ex presidente Mauricio Macri.
Los fundamentos
El representante del Ministerio Público Fiscal advirtió de la existencia “del uso ilegal de herramientas de inteligencia como parte de planes sistemáticos orquestados desde el propio aparato estatal». Esto último, habría ocurrido entre 2016 y 2019. Por tal motivo, indicó que se requiere un “análisis global y apropiado de las múltiples intervenciones judiciales existentes por hechos de las mismas características, reconducibles a la misma gestión de la AFI”.
Es así que solicitó avanzar en la causa. En este sentido, sostuvo que se debe investigar sobre el rol de quien era el superior inmediato de los procesados. A su vez, pidió indagar la posible participación de otres funcionaries que podrían haber actuado como nexo para la “transmisión de órdenes y de informaciones ligadas a actividades de inteligencia ilegal”
Cuáles fueron las actividades ilegales
Las actividades de inteligencia ilegal que se desplegaron en las inmediaciones del departamento de Cristina Fernández de Kirchner y del Instituto Patria, fueron las mismas. Para el fiscal Franco Picardi, «durante el día, los agentes de la AFI se apersonaban en los domicilios mencionados para realizar las observaciones, vigilancias, registros y almacenamientos”. Asimismo, remarcó: “durante la noche, se estacionaban autos de técnica (vehículos con cámaras no visibles que filman de modo continuado) en las inmediaciones de los domicilios en cuestión».
Irregularidades del personal que llevó a cabo el espionaje.
Para el fiscal, no solo son ilegales las acciones llevadas a cabo por la AFI sino que también fue irregular el modo de elección del personal que las llevaron a cabo. Según consta en sus argumentos, “Arribas y Majdalani crearon una Dirección de Operaciones Especiales inorgánica a la que le asignaron recursos, autos, oficina y nombraron como director allí a Alan Ruiz». Según Picardi, ese funcionario fue nombrado sin considerar las reglas escalafonarias del ente, y respondía de modo directo a las máximas autoridades de la AFI. Eso se debió a que existía un vínculo previo de confianza puesto que, «provenía del Ministerio de Seguridad de la Nación, en ese momento a cargo de Patricia Bullrich«.
Las víctimas del espionaje, más que opositores
El fiscal no circunscribió el supuesto espionaje a opositores políticos sino que también hizo mención a otros afectados. Esto último incluiría a la propia hermana de Mauricio Macri, Florencia Macri y su pareja SalvatorePice. También se realizó acciones de inteligencia al periodista Hugo AlconadaMon, del diario La Nación.
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