Oct 21, 2022 | Género & Sexualidad

Revictimizar a la denunciante: acusó al Servicio Penitenciario y ahora debe defenderse

Analía Verónica Pérez Gamón denunció, junto a la presidenta de la ONG Red Viva, las irregularidades de la justicia. Según sus palabras, la misma “no investiga a los acusados, pero sí a la víctima”.
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Tras un año y medio, Analía logró reabrir la causa pero denuncia que la justicia defiende al abusador. Crédito: Captura de TV

Analía Verónica Pérez Gamón, enfermera y docente del Servicio Penitenciario Federal, denunció violencia de género y abuso sexual por parte de sus compañeros de trabajo. Desde la ONG Red Viva acompañan a la víctima denunciante y aseguran que la jueza no solo no hace justicia sino que “actúa como defensora de los denunciados”.

La enfermera realizó, junto a Sara Barni, presidenta de Red Viva, una conferencia a través de sus redes sociales para denunciar las irregularidades del caso. Allí relataron que en lo que se suponía que era una instancia para ratificar la denuncia, la perito del Cuerpo Médico Forense, Mónica Ran, le realizó una cámara Gesell sin avisarle del procedimiento. Allí la diagnosticó como patológica y con retraso madurativo.

La investigación está bajo la jurisprudencia de la jueza Alicia Vence y el fiscal Jorge Sicca. Desde la ONG advierten que ambos patologizan a Analía sin pruebas ni exámenes que los respalden. En las últimas semanas, Pérez Gamón logró reabrir la causa, la cual había sido archivada, pero teme que las nuevas pericias bajo el mando de Ran la perjudiquen.

La denuncia

En su presentación, la agente Pérez Gamón, ayudante de 5° del área de salud del Servicio Penitenciario, denunció el calvario que vivió entre 2019 y 2021. Según la denuncia, Juan Carlos Sorbello abusó sexualmente de ella y ejerció violencia de todo tipo en su contra.

Además de Sorbello, los acusados son el jefe de Despacho sección asistencia médica, Francisco Ezequiel Ayala; el encargado de enfermería, Alejandro Ávila; el subadjuntor, Sánchez Pérez; el adjuntor principal, Pablo Guillermo Cisneros; el subdirector, Héctor Daniel Sassi; la encargada de sección de despacho Sanidad, Eliana Barberis; y el director de la U-34, subprefecto Ricardo Alderete.

La denunciante señaló que cuando asumió el subdirector Sassi, comenzaron a cambiarle sus funciones y a sancionarla “con acusaciones falsas”. En la denuncia manifestó malos tratos, humillaciones, vejaciones, y abusos. “Me tocaba y  me apoyaba sus genitales”, relató.

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Desde Red Viva aseguran que patologizan y revictimizan a la denunciante. Crédito: Procuración Penitenciaria de la Nación.

Juzgar a la víctima denunciante

Analía relató que la violencia comenzó a fines del año 2019, pero ella no fue la única víctima. “Una vez una jefa me pidió auxilio, y a partir de ahí como lo expusimos, la violencia de género empezó a escalar”, relató.

Luego el agresor empezó a mostrarle videos pornográficos “muy subidos de tono, con tortura, a lo cual yo me quejaba y él decía que me hacia la virgen”. La denunciante, además, aseguró que tiene audios y chats donde habla del tema y donde le pide ayuda a la encargada de sanidad Barberis. Respecto a esta última sostuvo: “Ella sabía lo que me hacía”.

Tras ser consultada por la presidenta de Red Viva acerca de lo que implicó denunciar, la enfermera respondió: “Yo perdí todo mi trabajo, 10 años estuve intentando entrar al servicio y perdí todo”. A su vez, aseguró que sus superiores la culpaban a ella: “Me decían que el error era mío, que yo no me podría hacer entender”.

Analía expresó lo que sucedía a sus supervisores, quienes lejos de ayudarla tomaron partido por el supuesto agresor. “Ellos podían haber evitado esto, yo pedí ayuda, pero ellos son personas con poder que tratan con los jueces”, manifestó.

Por su parte, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema (OVD) brindó una pericia diferente. Tras una entrevista con una psicóloga dictaminaron que Pérez Gamón está instruida y capacitada. 

“Ahora ella debe probar que no está loca”, afirma Barni. Al respecto, Analía asegura que está “siendo violentada otra vez”. Desde Red Viva sostienen que cuando alguien se acerca a denunciar el robo de un bien material nunca es cuestionado, sin embargo cuando una mujer denuncia violencia o abuso debe probar “que no está loca”.

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Todos los acusados cumplen funciones en el Instituto Penal Federal Campo de Mayo Unidad 34, en el oeste del Gran Buenos Aires. Crédito: Encriptada.

(In)justicia para las víctimas

En su momento, la causa se archivó por sobreseimiento. Sin embargo, tras la afirmación de la Cámara de que no se investigó, un año y medio después se reabrió. “Ellos están solamente enfocados en defender a los abusadores”, cuestionó la denunciante.

Tras la reapertura, Analía denunció a la perito inicial, Mónica Ran, pero ahora debe realizar una nueva pericia con sus súbditos, por lo que acusa que no serán neutrales.

Respecto a la Cámara Gesell, la denunciante aseguró que se realizó sin previo aviso, dado que fue citada para ratificar la denuncia y no para realizarse pericias. Por su parte, Barni explicó que este método se utiliza solo cuando se trata de menores, víctimas de trata o personas incapacitadas.

Además, cuestionaron que tres meses después, los propios denunciados hicieron circular la pericia en la cual decía que Analia tenía patologías que no existen y que tenía un retraso madurativo.

“Se supone que soy un bebé”, cuestionó indignada Pérez Gamón y agregó: “Ellos sabían que yo tenía educación superior con posgrado inclusive, no pueden decir que lo tomaron pensando que yo tenía una patología”. A su vez, aseguró que no le realizaron ningún test de evaluación.

Por otro lado, la víctima denunció que presentó diferentes pruebas al juzgado pero no se sumaron al expediente. Del mismo modo, aseguró que hay otra mujer que padeció lo mismo y no fue incorporada a la causa: “La pedí como testigo y la jueza no la llamó”.

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