El Jueves 26/8 a las 19 hs, se presentaron en vivo los datos del Primer Registro Nacional de Violencia Policial elaborados por el Observatorio Social de Juventudes (OSJU) del Instituto de Investigación Social, Económica y Ciudadana (ISEPCi).
El informe fue elaborado a partir del relevamiento de medios gráficos y digitales y su presentación contó con la presencia de la coordinadora del OSJU, Paola Griggio; la coordinadora nacional de Jóvenes de Pie, Mariana Sánchez Malo y Juan Soto, también referente de esta organización.
Los datos relevados exponen 156 casos de abusos y violencia ejercida por las fuerzas de seguridad en todo el país, de los cuales el 28% ocurrieron en la Provincia de Buenos Aires, seguido del 9% en Jujuy. 113 de las víctimas fueron hombres; 27 mujeres; 12 personas del colectivo LGTBIQ+ y las 4 restantes, permanecen sin datos de género.
Fallecimiento del 66% de las víctimas
Un dato realmente preocupante, que arrojó el relevamiento es que estos abusos implicaron el fallecimiento del 66% de las víctimas. En este sentido desde ISEPCi destacaron que “este dato invita a reflexionar sobre el accionar de las fuerzas de seguridad en nuestro país y los constantes abusos de poder que ejercen sobre nuestra población”. Además manifestaron su “repudio ante estos hechos y seguimos trabajando para visibilizar las denuncias de violencia institucional».
Otro de los datos destacados fue el porcentaje de los distintos tipos de abuso: el 25% de les denunciantes sufrió disparos con arma de fuego o impactos con balas de goma; el 23% denunció otras modalidades, como allanamiento ilegal o abuso sexual. También se destacaron las denuncias por golpes y lesiones, con un 19% y 11% respectivamente. Estos hechos fueron perpetrados principalmente por fuerzas de seguridad provinciales (76%), mientras que las demás instituciones se mantuvieron en porcentajes inferiores al 10%.
Necesidad del relevamiento de datos
Durante la presentación del informe Mariana Sanchéz Malo señaló: “Uno de los problemas que tenemos para planificar políticas públicas que tiendan a eliminar el flagelo del abuso policial tiene que ver con la falta de datos. Hay poco hecho por el Estado, en cambio sí hay experiencias de las organizaciones sociales. Claramente se necesita una voluntad política y social de cambio que tenga en cuenta la realidad de les jóvenes”.
Por su parte Paola Griggio destacó: “La necesidad del relevamiento de datos de este tipo y la consecuente construcción de indicadores, más allá de su complejidad, se funda en la creencia de que no queremos más violencia institucional, sobre todo ejercida hacia sectores históricamente vulnerados que han sido y siguen siendo blanco de este abuso.”