El gobierno porteño pretende implementar el “Plan de Renovación del Casco Histórico” para incentivar el turismo, la gastronomía, el comercio y la actividad cultural. Pero organizaciones sociales y vecines se oponen al proyecto e impulsaron un amparo colectivo ambiental contra la modificación. Solicitan que se interrumpa la implementación de las obras hasta que se realice una Evaluación de Impacto Ambiental Acumulativa y Estratégica.
La medida judicial, bajo el expediente N° 322927-2022/0, fue presentada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), con el patrocinio del Dr. Jonatan Baldiviezo. También participaron la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires (CLIC); el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP); el Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, y la asamblea de Barrios Históricos Vivos. Además, cuenta con el apoyo de más de 2500 firmas.
Nota al Pie conversó con María Eva Koutsovitis, coordinadora de la CLIC, sobre las razones por las cuales consideran que deben suspenderse las obras.
Lo que propone el Plan de Renovación del Casco Histórico
El Casco Histórico de la Ciudad está conformado por los barrios de San Telmo y Montserrat, y parte de Constitución y Barracas. En el marco del Plan de Renovación se tiene previsto intervenir en el sector residencial delimitado por las calles Bolívar entre Belgrano y Garay; Humberto Primo; Carlos Calvo; y Estados Unidos, entre Perú y Defensa.
Según informa el gobierno de la Ciudad, entre las obras se incluye la recuperación de fachadas históricas y renovación de veredas; y la construcción de una conexión peatonal entre Plaza de Mayo y Parque Lezama. Se prevé el readoquinamiento de las calles en las que ahora hay asfalto, para favorecer la identidad cultural y patrimonial de la zona.
Además, se busca la puesta en valor de espacios de atracción turística, la incorporación de 253 árboles y la colocación de nuevas luminarias y bolardos. En cuanto al tránsito, habrá un reordenamiento de los recorridos de las líneas de colectivos que hoy circulan por las calles internas del Casco Histórico, para que sea un espacio más seguro para los peatones. Se derivarán a la Red de Metrobús, en los corredores del Bajo y 9 de julio.
Por una Evaluación de Impacto Ambiental
A través de la medida cautelar, se solicitó que se implemente un ámbito democrático participativo. Proponen que les habitantes de los barrios históricos puedan discutir las prioridades barriales garantizando la Democracia Participativa Ambiental y la protección del patrimonio.
También instaron a que se conforme una mesa de trabajo donde se discuta e implemente un Protocolo de Uso del Espacio Público. Con esto buscan que se garantice la compatibilidad de los usos residencial y comercial para que sea posible la habitabilidad de los hogares.
Modificación del sistema pluvial en el Casco Histórico
La acción judicial fue acompañada por un Informe Técnico elaborado por Koutsovitis. A través de este, se alerta sobre los impactos que implica la modificación del sistema pluvial en el Casco Histórico.
“En primer lugar, se modifica por completo el sistema de captación; reemplazando los sumideros característicos del casco histórico y de la mayoría de los barrios porteños por un sistema de captación tipo canal lateral o acequia”, explicó.
Por otro lado, “se modifica la capacidad del escurrimiento superficial. Porque se anula el sistema calzada-cordón-cuneta; que constituye una revancha del sistema pluvial previo a que empiecen a anegarse las veredas y el agua ingrese a los hogares y los comercios”.
“La modificación del sistema pluvial podría modificar el riesgo y el nivel de protección frente a inundaciones. Hemos solicitado al gobierno porteño que incorpore el conjunto de la documentación técnica que acredite que la modificación del sistema pluvial mejora el nivel de protección frente a eventos de precipitación”, especificó.
Por una mejor accesibilidad
El gobierno porteño propone eliminar el transporte público en el Casco Histórico, pero con la medida judicial “se le solicita al GCBA que no avance con esta obra; hasta que no exista un sistema alternativo que garantice la accesibilidad y la movilidad de personas mayores; personas con discapacidad y personas con movilidad reducida”.
María Eva Koutsovitis y Carlos Scally, mediante la CLIC y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), realizaron un dictamen donde se fundamenta que “la propuesta del gobierno incorpora elementos ajenos al Casco Histórico y constituye barreras físicas a la accesibilidad; careciendo de perspectiva de discapacidad”.
Por último, la acción judicial presentada solicita un “control diario permanente en relación con la ocupación de la calzada y las veredas por parte de la actividad gastronómica”.