Sep 9, 2022 | Sociedad

Les invisibles: aumentan las muertes de niñes indígenas por desnutrición en Colombia

El departamento de La Guajira suma un total de 327 muertes de infantes en los últimos 5 años
La falta de agua  potable y de alimentos suficientes elevan las tasas de desnutrición en comunas del norte de Colombia. – crédito: Telesurtv.net

El pasado lunes 5 de septiembre, Colombia sumó una nueva muerte por desnutrición. Según el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, perteneciente a La Guajira (ubicado en el norte colombiano), la fallecida es una menor indígena de un año de edad. La cifra de muertes notificadas y asociadas a la desnutrición en niñes entre los 0 y 5 años, representa, en este departamento, el 24 % del total del país. 

Los líderes de las comunidades indígenas Wayú de la región, denunciaron que esto podría evitarse si el Gobierno de Colombia ejecutara los decretos articulados en el año 2017 por la Corte Constitucional

La desnutrición y el hambre arrasan en el norte de Colombia desde hace tiempo. Pero en tan solo cinco años el departamento de La Guajira suma 327 muertos. Es decir, sin tantos filtros, 327 niñes fallecidos por la escasez de comida y agua. 

Por otra parte, esta localidad arroja más cifras escalofriantes. Se registraron 48 muertes de niñes indígenas en esta zona del país. Esto se traduce en un incremento del 92 % en comparación con el mismo período del año 2021. 

Sin embargo, esto no es exclusivo de dicho departamento. En lo que va del año, Chocó notificó 25 casos; Bolívar, 14; Cesar, 13 y Vichada, 9. Sin sólidas respuestas gubernamentales, estos departamentos consolidan el 55% de mortalidad por desnutrición de infantes menores de 5 años en Colombia.

Con cifras alarmantes hay regiones que en estos últimos cinco años arrojan 327 muertes de infantes. – crédito: Ricardo Cruz

Política de cero a siempre

En el año 2016 el Congreso de Colombia aprobó la Ley 1.804, conocida como “Política de cero a siempre”. La misma promueve la creación de Centros para Atención Integral y Nutricional (UCA) destinados a atender a menores de cinco años, mujeres lactantes y embarazadas de pueblos étnicos y comunidades campesinas colombianas.

La pequeña que falleció este mes pertenece a una comunidad desértica de Wayú, que son un puñado de viviendas de lodo, madera y techos de palma. Esta población cuenta con uno de estos centros que les brinda, solo los días de la semana, comida a les más pequeñes. 

A las mujeres se les da un bolso quincenal llamado “mercado”; el cual cuenta con leche, un complemento nutricional denominado bienestarina, arroz, frijol, lentejas y atún. 

Esto se traduce en una ayuda que no satisface las necesidades por más de 4 o 5 días. Además, quienes reciben “el mercado” denuncian que parte de esos alimentos no llegan en buen estado. 

Otro problema que presentan los centros asistenciales es el cupo. En algunos de ellos, solo se atienden a 15 menores y 5 mujeres lactantes o embarazadas, las cuales reciben solo una ración de comida diaria. Esta situación se repite en otros 2.600 centros desperdigados en las regiones de la Alta Guajira y Riohacha, todas zonas áridas. 

Pocas acciones se han tomado durante los últimos dos gobiernos colombianos, sin encontrar una solución adecuada para el hambre y sed de su pueblo. Crédito: Ricardo Cruz

La Corte Constitucional y una ayuda a medias

A mediados de este año, frente a los números elevados de desnutrición infantil, la Corte Constitucional rescató una orden del 2017 llamada sentencia T-302. Esta declara que el estado colombiano negó los derechos de los indígenas al agua potable y a la alimentación. 

La orden demanda ejecutar de inmediato acciones básicas como aumentar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua. Como también  enriquecer la funcionalidad de los programas de atención alimentaria y elevar la cobertura de seguridad alimentaria.

Ha quedado en evidencia que esto no se cumple. Ejemplo de ello fue el Gobierno de Juan Manuel Santos en el último año de su segundo mandato (2014-2018) y en los cuatro años de la administración de su sucesor, Iván Duque (2018-2022). Así lo determinaron las investigaciones realizadas por Vorágine y CONNECTAS, con apoyo del International Center for Journalists (ICFJ)

Frente a todo esto, la Corte vuelve a cargar sobre las instituciones estatales. Y estableció un plazo, no mayor a un año, para diseñar e implementar un plan de acción que proteja los derechos de esta población. Sobre todo, en el acceso al agua potable, a la alimentación y a la salud.

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