En el marco de la primera Marcha Provincial por la Justicia, se realizó en Corrientes una manifestación en contra del “gatillo fácil”. Familiares, amigues de las víctimas y organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas marcharon hacia el Ministerio de Justicia, la Jefatura de Policía y el Servicio Penitenciario Provincial clamando justicia.
“Yo soy muy crítico del tratamiento de los hechos vinculados a la violencia institucional por parte de la Justicia. Porque lejos de brindar una estructura para averiguar la verdad de los hechos, se disparan mecanismos de encubrimientos para lograr la impunidad”, manifestó Hermindo González; abogado y coordinador de la movilización.
La concentración de la marcha se produjo en las cercanías a la dependencia de Bomberos de la Policía de Corrientes: “ya que allí están detenidos los policías que fueron imputados y acusados por cometer distintos tipos de delitos”, aseguró González. La marcha tiene como objetivo visibilizar y luchar contra la represión estatal y en consonancia con la octava Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil.
Según datos del Observatorio de Conflictos Sociales del NEA (OCSo-NEA), las principales víctimas mortales de la represión estatal en la provincia son las personas privadas de su libertad. La marcha concluyó con la presentación de un documento que expresa que son más de 150 les asesinades por el Estado provincial.
Pedidos de justicia
Desde la organización de la marcha expresaron que el reclamo de justicia no está solamente dirigido a integrantes de la fuerza policial, sino que al Estado en general. Manifestaron, además, que son diversas las causas que se acompañan; y que tienen que ver con la violencia institucional, el gatillo fácil, causas armadas y violencia de género, entre otros.
La marcha se hizo sentir frente a algunas de las dependencias policiales de la capital correntina. “La idea es incidir desde lo social y lograr que los casos se visibilicen”, dijo González. Además, agregó que las movilizaciones también van a permitir “trabajar en los expedientes para que se avance con el ideario de Justicia”.
En el documento presentado, también se manifestó la necesidad de eliminar la figura de la detención por averiguación de antecedentes. Plantean que “es la principal causa de muerte en sede policial dentro de las 24 horas de detención”. Entre tanto, se exigió que les detenides e imputades en las causas fueran alojades en un centro de detención común y sin privilegios.
Por otra parte, también denunciaron que son ciertos sectores sociales los que resultan más vulnerados por los operativos callejeros, ilegales y detenciones arbitrarias. “Son hechos que ocurren en un determinado sector de la comunidad; que son los más vulnerables, los más desprotegidos. Por eso debemos sentirnos más fuertes; para poder avanzar en el reclamo de justicia”, sentenció González.
Algunos casos en Corrientes
Durante la primera parada, en la dependencia de Bomberos de la Policía de Corrientes, se expresaron: María Gómez, madre de Martín Gómez, y Juana Sotelo, madre de Lautaro Rosé; dos de los últimos casos. “Pido justicia; y que los responsables se pudran en una cárcel común”, expresó Sotelo al tomar la palabra.
Por su parte, Gómez acompañó el pedido. Aseguró: “Acá estamos las madres, presentes. Y vamos a seguir luchando y exigiendo justicia; hasta que los asesinos queden presos de por vida”. Asimismo, González manifestó que les imputades están detenides pero que “gozan de un sistema de semilibertad. Reciben visitas, pasean y tienen el portón abierto”, sentenció.
Martín Gómez fue asesinado el 21 de febrero del año pasado en el barrio Pirayuí, de la capital correntina; por lo cual hay dos policías detenides. “Yo quiero que se haga justicia por Martín y por todos los chicos; que son perseguidos, golpeados y asesinados por la policía. Esto se tiene que terminar”, había dicho la madre de la víctima a Diario Época al cumplirse nueve meses del hecho.
Otro de los casos es el de Lautaro Rosé, que, según el informe del Ministerio Público Fiscal de Corrientes, desapareció tras una serie de incidentes en la Costanera. Sin embargo, mediante un testigo, se supo que hubo una persecución policial y abandono de la víctima. En el caso intervinieron once policías, pero solo cinco de ellos están detenidos.
Acompañamiento legal y humano
Hermindo González hace casi 25 años que ejerce la profesión de abogado. A lo largo de su carrera se encontró con muchos casos que demandaron un compromiso humanitario para con las víctimas o sus familiares. Se muestra muy crítico ante los hechos de injusticia. Eso lo lleva a comprometerse con las causas: “para ser la resistencia popular para los pibes”.
A través de los años ha “acompañado muchas causas que tienen un contenido muy grande de injusticia. Y la verdad que uno advierte mucho dolor en los familiares y amigos”, expresó. Y agregó que “cuando suceden estos hechos se produce una explosión en el seno de cada una de las familias; y un poco de ellos muere con sus víctimas”.
Es coordinador de la Marcha Provincial por la Justicia y estuvo presente en distintos casos que movilizaron allí; y en algunos casos del país.
Entre ellos, acompañó el pedido de justicia por el femicidio de Tamara Zalazar. “Es difícil hacer el acompañamiento porque los organismos que están predispuestos por el Estado se ausentan. Y a veces, inclusive, juegan un rol encubridor”, dijo.
Para finalizar, también se refirió a la necesidad de contar con una Fiscalía de Derechos Humanos. “Esto sería importante; porque cuando ocurre un hecho de violencia institucional los fiscales que investigan son los mismos que quizás investigaron a la víctima en otro hecho común; y si tenemos esta fiscalía se investigaría objetivamente”, aseguró.