El Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) presentó un amparo contra el Gobierno porteño para impedir que se construyan nuevas torres en el “Barrio River”. La medida judicial recayó en el juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 18, justo un día antes del comienzo de la feria judicial que se extiende hasta el 29 de julio.
Esto se produce luego del cambio del código urbanístico impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). La entrada en vigencia de una nueva normativa, que fue impulsada por el oficialismo, incrementa entre un 300% y 400% la capacidad constructiva en dicha zona.
El sector de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) denominado comúnmente “Barrio River” se trata del Parque General Belgrano, integrado por 37 manzanas con casas bajas. Está delimitado por las avenidas Del Libertador, Guillermo Udaondo, Presidente Figueroa Alcorta, y las calles Sáenz Valiente y Eduardo Romero.
La aprobación para construir torres surge del cambio en la normativa vigente: el Código de Planeamiento Urbano fue reemplazado por el Código Urbanístico. Esta reforma permite ampliar la capacidad constructiva en toda la ciudad y fue aprobada por la legislatura local.
Nota al Pie conversó al respecto con Jonatan Baldiviezo, abogado especialista en derechos humanos, ambientales y urbanos; y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Contra la reforma urbanística
El Dr. Baldiviezo explicó: “La acción judicial está cuestionando el cambio de la capacidad constructiva que estableció el nuevo código urbanístico para el barrio Parque General Belgrano”. Esto es debido a la “inconstitucionalidad y nulidad de la actual regulación urbanística” para las 37 manzanas que lo integran.
Este aumento indiscriminado de la capacidad constructiva, tiene un fin recaudatorio y de estimulación al mercado inmobiliario. “Fomenta la demolición de numerosas casonas con increíbles parques, con el objeto de promover construcciones rentables en un barrio que aún conserva identidad y tranquilidad”, señala en un comunicado el ODC.
El cambio en la normativa urbanística incrementó la posibilidad de ocupación de la parcela y su capacidad constructiva en entre un 300% y 400%. Esto está “generando un proceso acelerado de renovación inmobiliaria y urbana; que viola la protección que dispone el Plan Urbano Ambiental para los sectores residenciales de casas bajas”, indicaron.
Las consecuencias para el “Barrio River”
Este aumento de las construcciones va a implicar que las viviendas se vendan; se tiren abajo y se construyan edificios con mayor altura en relación a la actualidad del barrio.
“Eso implica sobredensificación de barrio, que vaya cambiando su identidad barrial, su fisonomía, sus relaciones sociales y económicas. En cierta forma que deje de ser un barrio de casas bajas protegido por el actual Plan Urbano Ambiental y se transforme en un barrio con sobreconstrucciones”, afirmó Baldiviezo.
Los impactos ambientales están relacionados con la destrucción del patrimonio urbanístico. En este sentido, el presidente del ODC señaló que “de acuerdo al Plan Urbano Ambiental, los barrios de casas bajas y residenciales tienen que ser lugares protegidos; para que haya una diversidad residencial”.
A su vez, agregó que “los barrios parque son justamente parte de la diversidad residencial de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una protección de patrimonio urbanístico”.
Además, este crecimiento constructivo “va a generar un aumento de la densidad demográfica, una mayor presión en los servicios públicos. También un detrimento en la calidad de vida, y una presión inmobiliaria con relación a las viviendas actuales”, indicó.
El pedido de les vecines
Además de pedir la nulidad de la reforma urbanística para ese sector de la Ciudad, el ODC reclama que se retrotraigan los parámetros urbanísticos anteriores. También exigen que se suspendan las entregas de permisos de obra y la ejecución de nuevos emprendimientos.
Al pedido del Observatorio del Derecho a la Ciudad se le suma el proyecto presentado por la Asociación Vecinal de Fomento Barrio Parque General Belgrano. Esta agrupación pretende que se fije en nueve metros el tope de altura para las futuras construcciones en la zona. Claudia Neira, diputada del Frente de Todos, tomó la solicitud.
En la iniciativa señalaron que el motor de la propuesta son les vecines que se oponen rotundamente a los nuevos proyectos de obras que se desarrollan en el barrio. Consideran que esto va a perjudicar de modo directo a los predios linderos, al afectarse por la privación de sol; luz; aire; paisaje lo que lleva a la desvalorización de las viviendas.