El 3 de junio de 2015, en Argentina ocurrió un hito social que repercutió en América Latina y diferentes países del mundo. La cantidad de femicidios producidos en ese año fueron el detonante del hartazgo de la comunidad frente a la violencia machista. La organización de las mujeres, a través de redes militantes en distintas regiones, resultó en el primer grito de “Ni Una Menos”. Frente al Congreso de la Nación, estuvieron presentes más de 250 mil personas para visibilizar los femicidios y pedir soluciones urgentes. Las protestas se replicaron en 120 puntos a lo largo del país y llegó a reunir a 400 mil manifestantes.
La movilización fue replicada en países como Chile, Uruguay y México. En estos países, las vidas de mujeres y disidencias son arrebatadas diariamente y tampoco obtienen justicia. Los distintos poderes del Estado ignoran estas problemáticas en lugar de ofrecer protección y seguridad a las víctimas de violencia.
A siete años de este suceso, las mujeres y disidencias continúan reclamando su derecho a vivir libres de violencia. La organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) elaboró un informe que contabiliza los femicidios, femicidios vinculantes y trans/travesticidios desde el año 2015 hasta la actualidad.
Nota al Pie dialogó con Victoria Aguirre, vocera de Mumalá, y comentó la situación actual, a siete años del “Ni Una Menos”.
Nos mata el machismo, nos golpea la pobreza
“MuMaLá es una organización política y social, perteneciente al Movimiento Político Libres del Sur”, contó Victoria Aguirre a Nota al Pie. A partir de la creación del Observatorio Nacional “Mujeres, disidencias, derechos”, impulsó un Registro Nacional de femicidios, femicidios vinculados y trans/travesticidios.
“El fin del observatorio es poder visibilizar la situación de emergencia que atravesamos las mujeres y la comunidad LGBTIQ+. Poder plantear desde los números concretos que las políticas públicas fallan, no son conducentes y siguen sin llegar a la población más vulnerable”, explicó.
A siete años del primer grito de “Ni Una Menos”, se exigen políticas públicas integrales y la inversión de recursos estatales para la erradicación de la violencia por razones de género. Para esto, es necesaria la declaración de Emergencia Nacional en violencia de género.
Por otro lado, es importante mencionar cómo la pobreza y la precarización influyen en la vida de las mujeres y disidencias: obstaculizan la autonomía económica, prioritaria para que en casos de violencia la víctima pueda ponerse a salvo del agresor. La desocupación, la indigencia, la pérdida del valor adquisitivo de los salarios son factores que contribuyen a la feminización de la pobreza y a la profundización de las desigualdades.
Los datos a siete años del «Ni Una Menos»
Con respecto a si empeoró o mejoró la situación de los derechos de mujeres y disidencias desde aquel 2015, Aguirre argumentó: “En materia de derechos hubo un avance, pero los derechos sin presupuesto son difíciles de ejercer. Falta información y comunicación sobre estos derechos conseguidos y en muchos lugares del país no se implementan las leyes más importantes”.
Según Mumalá, ocurrieron 1956 femicidios desde el año 2015 a mayo del presente año: un promedio de 1 femicidio cada 33 horas. Del total, 1685 fueron femicidios directos, 92 fueron femicidios vinculados de niñas, 131 fueron femicidios vinculados de niños y 48 trans/travesticidios.
“El 51% de las víctimas son mujeres de entre 19 y 40 años, el 24% tienen de 41 a 60 años. Destacamos que un 9% de las víctimas eran personas mayores de 60 años. En siete años, 172 mujeres mayores de 60 fueron asesinadas por razones de género y 132 niñes de 0 a 12 años fueron víctimas de femicidio. En las infancias, el 46% de los femicidios fueron vinculados. Niños y niñas son asesinados para causar dolor y culpa irreparable a sus madres o por encontrarse en la línea de fuego de los femicidas”, establece el informe.
El rol del Estado frente a los femicidios
«Debería ser prioritario erradicar la violencia desde los tres poderes. Porque se hace mucho foco en el Poder Judicial, pero la realidad es que además del Poder Judicial, que también es parte del Estado, es en conjunto de los tres poderes como debería abordarse de manera transversal. Venimos pidiendo la Emergencia hace muchos años y sin éxito en la declaración. Porque declararla significa poner sobre la mesa que nos asesina el machismo y el patriarcado cada 33 horas. No quieren visibilizar, por eso tampoco existen datos oficiales más que los de la Corte Suprema que los saca tarde», declaró la entrevistada.