La Comunidad Coya de El Querusiyal fue víctima una vez más de los atropellos del gobierno radical de Gerardo Morales. En esta ocasión, el diputado Humberto López y el director de Vialidad Provincial, Marcelo Jorge fueron denunciados junto a ochenta personas por haber cometido vandalismo. Los mismos ingresaron al territorio comunitario que pertenece a la familia Quispe-Martínez y la pasaron por encima, rompiendo una pared picada con piedras. Luego, rompieron una sala sagrada del sitio ceremonial de la Pachamama, destruyendo un oratorio con cruz y coronas.
Un proyecto sin papeles
El gobierno jujeño autorizó un proyecto vial que tuvo como fundamento unir escuelas rurales. Sin embargo, el propio presidente de la comunidad, Carlos Colque, reconoció que “el camino no va a las escuelas porque pasa a ocho kilómetros. Apunta a los peritos mineros que hay en la comunidad, que es una zona rica en tierras raras como la plata y el hierro”.
En su discurso el gobierno prometió un camino en el valle de Tilcara “para el pueblo” pero el trazado vial se dirige a la explotación de hidrocarburos. “No estamos en contra del camino, pero lo queremos de acuerdo a la ley. Vamos a dialogar con aquellos funcionarios que estén a la altura y vengan con papeles en la mesa, cuánto camino será para la comunidad y cuánto para la escuela”, señaló Colque.
La denuncia realizada contra vialidad es por violación de la Ley Nacional 24.071 y el Convenio 169 de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT) que protegen los derechos de los pueblos indígenas. “La Justicia se hace la distraída porque el gobierno desconoce cualquier garantía constitucional y por eso mismo apela al atropello”, planteó el presidente de la comunidad.
Continuidad de política colonial
En 2013, el ex gobernador Eduardo Fellner sacó un decreto que identifica a los peritos mineros de la comunidad. Por su parte, Morales hizo la Ley Provincial N° 5915 de Servidumbres que tiene como propósito el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables sobre inmuebles de propiedad comunitaria, desconociendo la consulta previa, libre e informada a los pueblos afectados, como dispone la Constitución Nacional y Provincial y la OIT.
“Los distintos gobiernos, peronistas y radicales, se turnaron para golpear a las comunidades, despojarlas y entregar soberanía a los extranjeros”, destacó Colque, asociando la ley provincial con la situación actual.
Por último, el presidente de la comunidad aseguró que Morales “quiere entregar tierras indígenas y comunitarias a proyectos extranjeros para construir acueductos, gasoductos y oleoductos. Una política colonial que ignora la realidad de nuestro pueblo”.
