Las comunidades mapuches de Río Negro se encuentran en alerta ante la posibilidad de ser desalojadas de un terreno que consideran que les pertenece. El viernes pasado, autoridades de la Fiscalía del Estado se presentaron en el predio de Carri Lafken, ubicado a 15 kilómetros de la localidad de Ingeniero Jacobacci.
La visita tenía por objeto que las dos residentes mapuches del lugar abandonaran el espacio en disputa. Ante la presencia policial, una de las habitantes indígenas amenazó con prenderse fuego a sí misma. Esto motivó que se logre un acuerdo por el cual solo una de ellas pueda permanecer transitoriamente en el predio. Para conocer los antecedentes de la disputa territorial,
Nota al Pie dialogó con Orlando Carriqueo, referente mapuche de la zona.
¿Podría explicarnos cuáles son las características del predio en disputa?
El predio está al pie de una meseta, es parte de la estepa característica de la Patagonia. Es un espacio que aún no está delimitado, pero que forma parte del uso tradicional de las comunidades mapuche.
¿Cuáles son los antecedentes de ocupación?
Existen antecedentes de ocupación territorial puesto que hay escritos que señalan que a principios del año 1900 ya había presencia de familias mapuches. Incluso indican que estaban allí desde años atrás. Hay toda una trayectoria de uso de territorio comunitario, por supuesto que sin papeles puesto que eso es lo que se hacía siempre.
¿Qué dispuso la Fiscalía de Estado de Río Negro respecto del lugar?
La Fiscalía dispuso una guardia permanente porque no se llevó adelante el desalojo. Quedó una integrante de la comunidad, María Antuall, con custodia en la casa. El sábado y hoy hemos concurrido para ingresar alimentos y una batería para que pueda alumbrarse. Por ahora hemos marcado a la Fiscalía que hay una instancia de revisión de desalojo, habida cuenta que las presentaciones realizadas por el defensor oficial no han sido respondidas. Eso amerita la elevación de un recurso de queja porque nada de lo que tiene que ver con el derecho indígena se ha respetado en este caso.
Una familia de apellido Abissad manifiesta ser propietarios del lugar. ¿Qué elementos respaldatorios o documentos posee esa familia?
La familia tiene un título de propiedad. Hay que analizarlo porque ese título fue hecho en una época en la que hubo en la provincia muchas irregularidades con terrenos. Eso aconteció cuando gobernaba Miguel Ángel Saiz quien firmó el otorgamiento de una parte del territorio que está en disputa. Esa cesión fue luego del año 2000. En ese entonces se vendieron tierras fiscales a precios irrisorios de un peso la hectárea. Hubo funcionarios provinciales que fueron condenados por venta fraudulenta de tierras. Estas irregularidades fueron investigadas tiempo después por la Comisión Investigadora de Tierras en la Legislatura. Eso generó que por ejemplo se retrotrajera una venta de un predio de 20.000 hectáreas. Esos son antecedentes que forman parte de nuestro reclamo.
¿Cuáles son los pasos a seguir por parte de las comunidades mapuches?
Las comunidades mapuches están en alerta y acompañando. Posiblemente haya un acampe, esa podría ser parte de las acciones a emprender. Queremos que se respete el derecho indígena. Desde hace diez años no se hace un relevamiento de pueblos originarios en Río Negro. La comunidad Carri Lafken forma parte de las comunidades a relevar.
¿En qué consistió el intento de desalojo por parte de la fiscalía?
Hubo un intento de desalojo, pero una de las mujeres mapuches amenazó con prenderse fuego a sí misma. Eso fue lo que hizo que se suspendiera el desalojo. Es inadmisible que alguien deba arriesgar la propia vida para defender su territorio. Bajo los vericuetos judiciales se esconde la deslegitimación del derecho indígena y se avala el despojo que hemos sufrido las familias mapuches en los últimos 100 años.