En Guatemala se aprobó en el Congreso la ley 5272 “Ley para la Protección de la Vida y la Familia” y el decreto 18-2022 en los que establecen penas más altas para la interrupción de los embarazos, reitera la prohibición del matrimonio igualitario y prohíbe la educación sexual en las escuelas.
Tras reclamos de numerosos sectores de la población que consideran que esta ley es regresiva y vulnera derechos; el presidente de Guatemala, Alejandro Giammatei reconoció que el decreto es inconstitucional, viola tratados internacionales y dijo que lo vetará. Nota al Pie contactó a una referente, integrante de la agrupación Oleada Feminista, Estela Martínez que explicó la situación en el país respecto a este proyecto de ley.
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammatei reconoció que el decreto es inconstitucional. Twitter Ruda_gt
Estas iniciativas, como la ley 5272 ¿significan un retroceso en los derechos en Guatemala?
Es un claro retroceso en los derechos de mujeres y niñas, pero también de hombres y niños. El decreto limita la libertad de expresión de toda persona, de entidades educativas privadas o públicas y de funcionarios públicos. Pena con 10 años y con una multa de 100 mil quetzales a cualquier persona que discuta a favor del aborto. Prohíbe a entidades educativas hablar sobre educación sexual y diversidad sexual.
Además, exige que cualquier mujer que tenga un aborto espontáneo o provocado deben ir al Registro Nacional de las Personas (RENAP) a registrar el mortinato. Esto le da un paso más a que cualquier mujer que haya tenido una pérdida; sea investigada penalmente. También triplica las penas a mujeres que abortan.
¿Los discursos de sectores conservadores derivan en actos discriminatorios y violencias contra las mujeres y el colectivo LGBTIQ+?
Lastima a la comunidad LGBT, debido que rectifica la prohibición de matrimonio igualitario y niega la existencia de personas trans, pues no hacen una distinción entre sexo y género.
Por último, invisibiliza a las familias diversas del país, pues afirma que la única familia está compuesta por papá y mamá. Esto niega a las madres solteras, padres solteros, a los abuelos que se han hecho cargo de sus nietos como sus hijos, etc. El decreto también es un claro ataque contra la constitución, puesto que afirma “defender la moral cristiana”, mientras que la Constitución establece que vivimos en una República laica.
Los políticos guatemaltecos que deciden defender la vida y la moral cristiana solo utilizan este discurso para solapar sus casos de corrupción y mantenerse en el poder a pesar de no tener el apoyo de los ciudadanos. Ven este discurso como una herramienta política.
¿Además se prohíbe el matrimonio entre personas del mismo género y prohíben la educación sexual en escuelas?
El matrimonio igualitario ya estaba prohibido, lo que hicieron fue ratificar la prohibición y colocar que no hay diferencia entre sexo y género.
Actualmente grupos diversos llevamos a cabo protestas, reuniones e hicimos presión en redes sociales y en organizaciones tanto nacionales como internacionales.
Protestas en Guatemala para manifestarse en contra de la ley. Instagram @Oleada feminista
Estamos apoyando las objeciones dentro del Congreso que la oposición está presentando para contrarrestar e intentar anular el decreto. Si eso no funciona, ya estamos preparando amparos para exigir que la Corte de Constitucionalidad la declare inconstitucional. Al mismo tiempo, hemos estado presionando al presidente de Guatemala, Alejandro Giammatei, que cuando el decreto llegue a él, que ejerza su derecho a veto.
Algunas personas creen que este decreto fue hecho para distraer a la población de los 3 mil millones de Quetzales que el Congreso le acaba de proveer al ministerio de Comunicaciones, el cual está ligado a casos de lavado de dinero y corrupción. Si esto es verdad, de todas formas el decreto sigue siendo un problema en sí mismo, pues vulnera los derechos humanos, la educación, la libertad y el acceso a la salud.