Inquilines Mar del Plata es una agrupación que se organizó a principios del 2020, mientras se debatía la nueva ley de alquileres. En el último año realizó un relevamiento entre inquilines y publicó un informe que arrojó datos claves en relación al tema de viviendas. Uno de los más importantes fue la disparada de los precios de alquiler, alrededor de 20 a 30 puntos por encima de la inflación anual.
“Mar del Plata, como balneario original de la clase acomodada argentina de fines del siglo XIX, reproduce muchas de las relaciones sociales que se dan en la Capital Federal. Una de ellas es la del alquiler”, explica Sebastián Oliver, referente de este colectivo. Y asegura que es la segunda ciudad donde es más caro alquilar por metro cuadrado, después de Capital Federal.
“Hoy para acceder a una vivienda de dos ambientes en el macro o microcentro para una familia tipo tenés que contar como mínimo con 40 mil pesos en el bolsillo”, señala Oliver. Y agrega: “Si no podés pagar esa cifra, te vas precarizando y te vas yendo de la ciudad, cada vez más lejos del centro, más lejos de la playa y del mar.”
Las conclusiones del informe
El documento también habla de las condiciones de las viviendas y señala que más del 60% no cumplen con los requisitos mínimos como instalación de luz, gas, estado de humedad de las paredes, entre otros. “Esto no es mala fe de los locadores, sino producto de la falta de recursos para mantener estas viviendas”, explica Oliver.
Según esta agrupación, las conclusiones del informe publicado en agosto del año pasado pueden extenderse hasta hoy, incluso más agravadas en la actualidad. Además, transparenta una situación que comenzó con la última dictadura militar, cuando Videla firmó un decreto ley que comenzó a desregular el acceso a la vivienda en alquiler. Y se profundizó en los años 90, cuando el Estado empezó a retirarse de la relación entre el mercado y la sociedad.
Al panorama presentado en el informe, se suman otros factores importantes que tienen que ver con las particularidades de Mar del Plata y que agravan el problema. Uno de ellos es el alquiler de la vivienda por temporada o el alquiler de la vivienda para estudiantes, que aumentan la especulación y generan el fenómeno de las viviendas ociosas.
Viviendas ociosas
Para Oliver un factor importante es la cantidad de viviendas cerradas que hay. Explica que, como ciudad turística, muchas familias de clase media en la mejor época del país pudieron comprar su departamento de veraneo. Hoy, esas viviendas se vinieron abajo o están cerradas porque no se pueden mantener. Esto ocurre porque la clase media argentina también sufrió los embates de la economía o porque alquilar su inmueble no les da la rentabilidad que consideran necesaria.
“Acá, en Mar del Plata, hay muchas familias de clase media que terminan rematando sus propiedades por chirolas porque no las pueden mantener”, afirma. Y señala que si el Estado interviniera en estas situaciones se podría lograr que estas familias no malvendan sus casas y puedan ganar su dinero. “Por eso nosotros nunca quisimos hacer de esto un Boca-River entre personas que alquilan y propietarios porque a los dos nos atraviesan las necesidades”, explica.
La falta de regulación estatal
“Desde que nos formamos estamos planteando que haya una mayor regulación del Estado, para que el problema del alquiler, no se resuelva solamente en el sector privado”, señala Oliver. Y agrega: “Hoy entre el sector inmobiliario y los inquilinos no hay nada objetivo que regule esa relación. Nada que le diga a un propietario: vos no podés pedir esa cifra por tal ambiente en tal zona.»
La agrupación Inquilines Mar del Plata afirma que lo que falta es una segunda ley de alquileres que regule los precios y que haya mayores garantías para las personas que alquilan. También proponen que haya una oficina de inquilinos donde el sector inmobiliario se siente a dialogar con las personas que necesitan alquilar y lleguen a acuerdos.
“Por ejemplo, en Mar del Plata donde hay un índice alto de viviendas ociosas y cerradas, el Estado podría hacer un relevamiento y hablar con todos los propietarios de esas viviendas. Buscar formas para intervenir y asegurar que las familias marplatenses tengan un techo y a su vez el locador gane su dinero teniendo abierta esa vivienda”, propone Oliver.
También señala que hay ejemplos en otros lugares del mundo donde se ha llegado a consensos con intervención del Estado y han sido beneficiosos para todas las partes. Por ejemplo, en Londres el estado intervino regulando el tema de las viviendas cerradas. El Estado arregló las viviendas y alquiló cada metro cuadrado como si fuera un hostel, sobre todo para personas en situación de calle. Era una política pública sostenida con la intervención del estado que garantizaba un derecho básico de las personas.
Situación de la ley de alquileres
La sanción de la ley 27551, es en realidad una modificación del código civil y comercial del año 2014. Se llamó ley de alquileres porque modifica el articulado del código civil que define la relación entre locador y locatario. Por ejemplo, esta ley extiende el plazo de alquiler de 24 a 36 meses y además establece un índice objetivo para el aumento del valor de alquiler en el momento de renovación del plazo.
Según Oliver, la ley de alquileres es un paso a favor de las personas que alquilan, pero se quedó corta. Por ejemplo, una vez sancionada nunca se definió la autoridad de aplicación. “Se quedó todo a medio camino y la percepción de les ciudadanes es que la ley vino a complicar más las cosas”, señala Fernández.
Para Inquilines Mar del Plata la ley abrió un proceso muy interesante, pero el gobierno nacional dejó que se cayera. “Hay un acuerdo off the records entre los gobiernos de que el problema de la vivienda es algo del sector privado, cuando no es así, porque la vivienda no es una unidad de renta solamente, es un derecho”, afirma Oliver.
“Perdimos una buena oportunidad, pero la podemos volver a recuperar, si el tema se vuelve a instalar en la agenda pública” señala Oliver. Actualmente la agrupación tiene la intención de sumar más ciudadanos a la causa y consolidarse como ONG. Aseguran que han elevado notas al poder ejecutivo de la ciudad, pero aún no han sido convocados a dialogar sobre el tema.