La organización feminista Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) llevó a cabo una marcha para reclamar políticas que protejan a mujeres y disidencias. Partirán desde el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad hasta la Casa de Gobierno de Santa Fe, pasando previamente por el Ministerio de Seguridad. Solicitaron respuestas concretas para la prevención de femicidios, ya que, en lo que va del año, hubo tres casos en la provincia.
A través de sus redes sociales, Mumalá Santa Fe impulsó el reclamo alertando que «solo en el mes enero la violencia machista, en su modalidad más extrema, se cobró la vida de tres mujeres, y está en investigación un posible travesticidio». Dicho encuentro tuvo lugar a las 10 hs de este viernes.
Se trata de los femicidios de Melani Juárez, que con 21 años fue asesinada a 14 puñaladas en Rosario; Celia Acosta, de 29 años, también víctima de puñaladas en Carcarañá; y Marina Espíndola, de 42 años, asesinada en Murphy por su expareja integrante de la fuerza policial. También se investiga el travesticidio de Aldana Lorenz, de 35 años, cuyo hermano se encuentra prófugo.
Mediante un comunicado, afirmaron que: «Las Mumalá convocamos a movilizarnos para exigir respuestas concretas, efectivas, articuladas y con anclaje territorial al Gobierno de Santa Fe». Exigen «políticas de prevención, asistencia, monitoreo y acompañamiento real, efectivo en el territorio».
Nota al Pie se comunicó con Gabriela Sosa, integrante de Mumalá Santa Fe, para conocer cómo se aborda la violencia de género en dicha provincia.
En alerta por femicidios
En diálogo con Nota al Pie, Sosa explicó que la seguidilla de femicidios en Santa Fe las motivó a repensar las prácticas y políticas públicas que se llevan adelante en la provincia. También qué efectos van provocando, cuáles son las fallas y cuáles son los límites de estas políticas públicas. Además, van a elevar propuestas de cómo fortalecerlas y mejorarlas a nivel territorial.
Respecto de los femicidios ocurridos durante enero, Sosa aclaró que dos de ellos de alguna manera expresaron fallas en las aplicaciones de los protocolos y de los mecanismos de prevención de las violencias a las mujeres. “En un caso hubo una falta de respuesta ante el pedido de un botón de alarma. Además, las fuerzas de seguridad no se acercaron a la casa de la víctima cuando ella había pedido y avisado en más de una oportunidad que el agresor estaba rompiendo la restricción que tenía”. En el otro caso, agregó que: “El femicida era integrante de las fuerzas de seguridad, le habían retirado el arma, pero luego se la volvieron a entregar y con esa arma asesinó a su expareja”.
Visibilizar la violencia de género y la inseguridad
“Los objetivos son visibilizar esta dramática situación de violencia de género”, indicó Sosa. En la provincia de Santa Fe hay 17 víctimas de enfrentamientos entre bandas vinculadas a economías delictivas como el narcotráfico. “Aparte de los femicidios, tenemos un problema gravísimo de seguridad en la provincia que afecta a las mujeres, y en este caso, las víctimas fatales de estos enfrentamientos han sido 17 durante el año anterior”, sostuvo.
Además, aclaró que buscan “orientar al Estado a fortalecer sus políticas públicas, marcar los déficits que tienen a nivel territorial y también considerar estas situaciones desde una perspectiva de seguridad y de exigencia de que las políticas de seguridad tengan una mirada de género”.
En la provincia de Santa Fe no se sabe cuál es la situación respecto de la violencia de género porque, desde el año 2019, se dejó de publicar el Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres. Por lo tanto, ya no se sabe cuántos casos denunciados o cuántos pedidos de asistencia hay. “Esta era una conquista que habíamos tenido las organizaciones, y que el Estado había impulsado”, explica Sosa.
Los únicos datos con los que cuentan son los relevamientos de femicidios que realizan desde el Observatorio de Mumalá. “El año pasado fueron 33 víctimas de muertes violentas. Hubo nueve femicidios y 17 muertes violentas en contextos de violencia vinculada a la economía delictiva. También hubo siete situaciones que están en investigación y un suicidio femicida”, indicó Sosa. Además, hubo 15 intentos de femicidio.
El camino de la denuncia
Respecto a la toma de denuncias, según Sosa, en general ha habido un avance en la recepción de las mismas. “Por supuesto, se debe seguir trabajando los mecanismos de cómo deben realizarse, ya que claramente aparecen fallas y deficiencias, como fue el caso de Murphy”, acotó. En ese caso, la víctima se había presentado en la comisaría, pero eso no fue configurado como denuncia, sino como una exposición. “Ahí hay un error de cómo abordar la situación, la información a la fiscalía y demás”, agregó.
En relación con los botones antipánico y otros dispositivos electrónicos, explicó que en general funcionan, pero que son pocos. Además, hay una limitación estructural porque no todas las localidades de la provincia cuentan con la tecnología acorde para el uso de un botón de alarma, “e incluso para los móviles del 911 y su correspondiente monitoreo”.
Cabe destacar que en la provincia de Santa Fe se encuentran los Centros Territoriales de Denuncia, integrados por personal civil. Funcionan como una alternativa a las comisarías. “Contamos con comisarías, fiscalías y centros territoriales que reciben las denuncias. Es decir, que lugares hay. Lo que se debe mejorar es la capacidad de los agentes que las toman y después haya una estrategia de acompañamiento”, explica Gabriela Sosa.
En cuanto al nivel de aplicación de la Ley Micaela, Sosa explicó que esa es una de las tantas preguntas que realizan mañana al Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad. “Porque hacer cursos de Ley Micaela para una cantidad de personas no implica un cambio en la práctica. Eso hay que monitorearlo, hay que verlo en lo concreto”, sostuvo.