martes 16 de abril de 2024

Movilización y pedido de justicia por Paula Martínez

En Florencio Varela se realizó este miércoles una marcha para pedir justicia tras la muerte de la mujer que fue víctima de una violación grupal hace cinco años.
Paula Martínez
Tanto Paula, como así también su familia, fue amenazada por allegados de sus victimaries que, además, viven cerca de su hogar. Crédito: datajudicial.

Este miércoles 29, frente a la Fiscalía de Florencio Varela, ciudad ubicada en la zona sur del Gran Buenos Aires, la Comisión contra las Redes de Trata Zona Sur convocó a una movilización con el objetivo de pedir justicia por Paula Martínez. La joven de 23 años, que fue violada por un grupo de ocho varones hace 5 años y fue encontrada sin vida en su casa el pasado 26 de diciembre, había realizado más de 30 denuncias por hostigamiento y amenazas durante todo este tiempo.

La movilización en pedido de justicia organizada desde la Comisión se realizó bajo las consignas de “Basta de impunidad para los violentos”, “Basta de justicia patriarcal y capitalista” y “Juicio y castigo a los culpables ya”. Desde el espacio denunciaron la desidia estatal tanto en su nivel municipal, provincial y nacional. La marcha, que se dio frente a la barrera y Pringles, contó con la adhesión de diversas organizaciones sociales, feministas, de Derechos Humanos y políticas. 

En este momento, la muerte de Paula se encuentra en investigación. Y está caratulada como “averiguación de causal de muerte” en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFLyJ) a cargo de Federico Pagliuca. El juicio a les acusades, hecho que no sucedió con Martinez en vida, empezará después de 5 años en marzo del 2022.

Una muerte evitable

Este martes, la Comisión contra las Redes de Trata de Zona Sur apuntó, a través de un comunicado, que el Estado es responsable de la muerte de Paula Martinez y que “todos los mecanismos de contención y prevención fallaron”. En este sentido, desde la organización señalaron que “a Paula la abandonaron” y que asimismo, desde las instituciones, la re-victimizaron estos años.

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La falta de políticas de contención y la incapacidad estatal de dar respuestas, Paula Martinez había intentado quitarse la vida en reiteradas ocasiones. Crédito: Radio bicentenario

En primer lugar, desde la organización coinciden en señalar que la complicidad estatal se vio reflejada en las acciones del Ministerio de Seguridad. Según la Comisión, éste, “a sabiendas de la existencia de más culpables de los 6 que se pudieron reconocer, retrasó el pedido de captura, con foto y recompensa. Por ejemplo, del prófugo actual para noviembre de este año”.

Mauro Nair Goncalves, quien es fugitivo de la Justicia, se encuentra imputado en la causa y la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas (DPPD) del Ministerio de Seguridad de la Provincia, ofrece hasta cuatro millones de pesos para quien aporte datos que permitan averiguar su paradero. Paula, sin embargo, lo había solicitado desde el 2019. 

El hostigamiento sufrido por Paula desde el momento posterior a la violación, por el cual se presentaron más de 30 denuncias en las que se explicitan como su vida y las de sus familiares corrían peligro, fue desoído por las fuerzas de seguridad.

La (in)justicia patriarcal

Desde la Comisión indicaron que el Poder Judicial en sus niveles superiores “construyó impunidad al poner trabas, retrasando el juicio. Debido a que en febrero del 2019 el Juzgado 6 de Garantías, ya había elevado la causa”. La lentitud de la justicia, expresada en la fecha del juicio 5 años después de delito y con la víctima muerta tras sufrir un infierno, es un factor determinante en el trágico final.

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La madre de Paula, Sandra Zapata, había publicado hace dos años un video en sus redes sociales donde adelantó que si algo le pasaba a su hija “iban a pagar todos”. Crédito: Télam

“Se trata de un caso donde una mujer sufrió (y denunció) un abuso múltiple y el Estado solo siguió violentándola”, reza el comunicado. Las sistemáticas denuncias presentadas en la Justicia fueron acompañadas de declaraciones públicas de Paula y su madre Sandra, donde advirtieron las amenazas contra su vida por allegados de les violadores.

En febrero del próximo año la causa por abuso sexual tendrá una primer audiencia preliminar. Y se estima que al mes siguiente (en marzo), será el inicio del juicio oral. Gonzalo Sandoval, Diego Dominguez, Gustavo Carbonel y Guillermo Chávez se encuentran detenidos y a la espera de ser juzgados.

Por ahora, según declaro el abogado de la familia a diversos medios, no se descarta la hipótesis de que la muerte de Paula Martínez no sea producto de un suicidio.

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