Dic 29, 2021 | Pueblos Originarios

La APDH realizó una conferencia de prensa tras la audiencia por desalojo mapuche

Nota al Pie participó del evento convocado por la Secretaría de Pueblos Originarios del organismo. El objetivo fue comunicar sobre la audiencia donde se trató la acusación de usurpación por parte de Lof Quemquemtrew, en Río Negro.

El empresario Rocco acusó a cuatro integrantes de la Lof Quemquemtrew, en Río Negro, de usurpación de las tierras. Su desalojo está frenado hasta el próximo jueves, cuando se retome la audiencia. Crédito: El Cordillerano.

El lunes 27 de diciembre se llevó a cabo una audiencia por el juicio por usurpación en contra de la Lof Quemquemtrew, ubicada en Río Negro. El acusador es el empresario local Rolando Rocco. En la audiencia debía tratarse la impugnación presentada por la Lof contra la resolución del Juez Ricardo Calcagno, en la que ordena el desalojo voluntario del territorio recuperado. Sin embargo, se ordenó un cuarto intermedio hasta el mediodía del jueves para que las partes puedan llevar a cabo una instancia de diálogo.

Los organismos de derechos humanos y la comunidad mapuche consideran que la resolución del desalojo no tuvo en cuenta el Derecho Indígena. Por eso, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) convocó a una conferencia de prensa para informar lo que sucede en esas tierras ancestrales.

Del evento participaron les copresidentes de APDH, Soledad Astudillo y Eduardo Tavani, las vicepresidentas Maria Elena Naddeo y Norma Ríos y la Coordinadora adjunta, Gisela Cardozo. También la presidenta de APDH regional Noroeste de Chubut, Patricia Dambielle, el referente mapuche Orlando Carriqueo, y el secretario de prensa de la regional noroeste de APDH, Nelson Ávalos, quien además presenció la audiencia.

¿Usurpación de un territorio ancestral?

La Lof Quemquemtrew está ubicada en el paraje rionegrino Cuesta del Ternero, y es acusada de usurpar las tierras que habita. Estas son de dominio fiscal y pertenecen al gobierno provincial, por parte del empresario Rolando Rocco. Por este motivo, la justicia determinó una medida de desalojo voluntario de sólo cuatro personas de la comunidad. Como consecuencia, desde la Lof realizaron un pedido de impugnación contra el desalojo que tenía que tratarse en la audiencia de este lunes.

Nelson Ávalos informó que el Juez Joos, quien llevó a cabo la audiencia, debía resolver si aceptaba la impugnación propuesta por la comunidad mapuche o no. Pero en su lugar llamó a un cuarto intermedio hasta el jueves y les propuso una instancia de diálogo.

El acceso a la Lof se encuentra bloqueado, por lo que la comunidad ésta totalmente aislada desde hace tres meses. Organizaciones humanitarias han solicitado una pronta respuesta a esta situación, sin obtener resultados. Crédito: Alfredo Leiva.

Si bien esto fue aceptado por todas las partes, el abogado defensor de Rocco solicitó que, mientras se dialoga, se ratifique la decisión del juez Calcagno sobre el desalojo de la comunidad. “Ellos aludieron que, aunque están abiertos al diálogo, la resolución del desalojo debía cumplirse. Pero como el juez Joos no emitió ningún comunicado, está pausado hasta el jueves”, comentó Ávalos.

Además, explicó que la impugnación “tiene como fundamento el desconocimiento por parte del juez Calcagno de lo que es el Derecho Indígena; las leyes y tratados internacionales que amparan a los pueblos originarios”. 

Según denunció la abogada de la Lof Quemquemtrew, el Juez no trató a la comunidad mapuche tehuelche como tal; por eso había ordenado el desalojo de sólo cuatro personas. “La carátula es ‘Roco contra Lof Quemquemtrew’, por lo tanto, la comunidad está siendo reconocida por la justicia como tal. Por eso, la acusación de usurpación no puede ser tratada como un caso penal entre particulares. Además, la Lof cuenta con el reconocimiento de otras comunidades de Río Negro, Chubut y Neuquén”, señaló Ávalos.

En relación a la audiencia, Orlando Carriqueo expresó que “abre un camino de diálogo que no debe ser solo entre la Lof y Rocco; sino involucra la participación de otros actores, como los organismos del Estado que tienen injerencia en el tema. Debe actuar el Estado antes que la justicia penal en cuestiones de disputa de territorio”.

Una comunidad aislada

El territorio fue recuperado el 19 de septiembre, pero se encuentra aislado por un cordón policial que impide su acceso desde el 26 de ese mes. Así, sus habitantes no pueden acceder a alimentos o abrigos desde hace tres meses.

El 24 de septiembre, la APDH tomó conocimiento de que había habido un desalojo en la Lof. “Cuando llegamos nos enteramos de que en la mañana hubo un procedimiento de identificación de personas que había resultado en la detención de 5 adultos y de un niño de 8 años que estaba con su madre”, comentó Ávalos.

Dos días después, la policía de la provincia de Río Negro comenzó a bloquear la Ruta Provincial N°6, que pasa por la Cuesta del Ternero. Esto se realizó como un pedido del Juez de resguardar a todas las personas involucradas en el conflicto; por lo que sólo pueden ingresar y salir del territorio las personas que residen en el paraje.

Orlando Carriqueo explicó que el lugar en cuestión “ha sido un territorio comunitario por excelencia en el tiempo. Hay pinturas rupestres que marcan la presencia de 3000 años. Además, hay unas 5 comunidades que lo rodean que dan cuenta de que esa zona siempre ha sido un territorio comunitario, un territorio de trashumancia. Porque esto es lo que el pueblo mapuche siempre ha hecho, usar el territorio alto en tiempos de verano y bajar en la invernada”.

Elías Garay, miembro de la Lof Quemquemtrew, fue asesinado el 21 de noviembre. Crédito: www.perfil.com.

El asesinato de Elías Garay

El asesinato de Elías Garay y el intento de homicidio de Gonzalo Cabrera, miembros de la Lof Quemquemtrew, se produjo el 21 de noviembre. Habría sido realizado por Martín Cruz Feilberg y Diego Ravasio, quienes fueron detenidos cinco días después del hecho, uno en Esquel y otro en Comodoro Rivadavia. Ambos continúan en prisión hasta abril, cuando finaliza el período de investigación.

“En una audiencia ellos relataron todo, reconocieron haber sido ellos quienes ingresaron y mataron a Elías. Informaron tener un contrato con el empresario Rocco, ya que hace más de 10 años trabajan en la siembra y tala de pinos en ese sector”, acotó Ávalos.

Dos días después del bloque del ingreso a la comunidad, se instaló un cordón humanitario que estuvo allí hasta el 18 de noviembre. A los tres días asesinaron a Elías Garay, e hirieron de gravedad a Gonzalo Cabrera.

“La Fiscal Cendón por un lado es parte acusadora de la comunidad, en defensa de Rocco; y por el otro es parte acusadora de los socios de Rocco, los asesinos de Elías Garay”, denunció Ávalos.

El incumplimiento de la ley de relevamiento territorial

La Ley 26.160 fue sancionada en 2006 y prorrogada cuatro veces, cuya última extensión venció el 23 de noviembre del corriente año. “Queremos que la prórroga de esta Ley sea permanente porque es la única que evita, de algún modo, los desalojos”, explicó Claudia Gotta, secretaria nacional de Pueblos Originarios en APDH.

En este sentido, detalló que “obliga al INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) a hacer el relevamiento y el otorgamiento de las carpetas técnicas y personerías jurídicas a las diversas comunidades y naciones de la República Argentina”.

Según agregó Ávalos, el relevamiento territorial de la Ley 26.160 alcanzó un 40% en todo el país. “La mayoría de las comunidades de Río Negro y Chubut no han sido relevadas, por lo que no cuentan todavía con las carpetas técnicas. En particular la comunidad de Quemquemtrew no cuenta con el relevamiento; pero sí posee un acta realizada por el CODECI, por el representante del Consejo de Comunidades Indígenas de Río Negro que la hizo a pocos días de la recuperación territorial”, sostuvo. 

Según informó Mariana Katz, del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), en la audiencia la fiscal indicó que la Ley 26.160 no era de aplicación en este caso. “La fiscal Cendón dijo que faltaban todos los pasos requeridos llevados a cabo por el INAI y por el CODECI y eso se lo imputa a la comunidad como si esto fuera responsabilidad de la comunidad. Le correspondía a la fiscalía instar a que lo lleven adelante como medio de prueba para esta acusación del delito de usurpación”.

Por su parte, Orlando Carriqueo denunció que esta ley no se cumple en Río Negro desde hace 10 años. “Durante el año pasado, en tres oportunidades enviamos propuestas a través del INAI al gobierno provincial. Pero nunca respondió, ya que está negado a llevar adelante el relevamiento”. Hace una semana el INAI volvió a pedir por el cumplimiento de la ley. “Hay un derecho a la identidad que vuelve a resurgir a pesar de un genocidio indígena”, indicó el werken mapuche.

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