La jueza María Gabriela Marrón, quien estaba a cargo de la causa de la desaparición y muerte del joven Facundo Astudillo Castro fue apartada de la causa. Así lo resolvió por unanimidad la Sala Nº 1 del Tribunal de Casación al considerar que la jueza no actuaba de modo imparcial.
«Ha quedado evidenciado que, por las decisiones jurisdiccionales adoptadas y las manifestaciones de la magistrada, las partes acusadoras consideran que la jueza de la causa ya tiene una posición tomada (un prejuicio) sobre cómo se sucedieron los acontecimientos», señaló la resolución judicial a la que tuvo acceso Página 12.
La misma lleva las firmas de los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña y establece que, a partir de hoy, la causa quedará en manos del Juez Federal Walter López Da Silva. Este cambio implica dejar atrás un extenso periodo en el que la investigación no avanzaba sobre los principales sospechosos, los integrantes de la policía bonaerense.
Una solicitud de la fiscalía
Fueron los tres fiscales del caso, Iara Silvestre, Andrés Heim y Horacio Azzolín, quienes advirtieron que la jueza Marrón se había desempeñado para “garantizar la impunidad de los autores de hechos aberrantes, al tornar al proceso judicial en una ficción”.
A su vez, desde la fiscalía criticaron por escrito la labor de la magistrada y sostuvieron que la misma “con ausencia de fundamentos arribó a una decisión carente de toda coherencia, que indefectiblemente resultará en la obstaculización de la investigación”.
A partir de estas palabras, los fiscales se refirieron a la hipótesis central en la que la jueza basaba su trabajo, quien afirmó que la desaparición y muerte de Astudillo Castro era producto de un accidente, lo cual se trató de un intento de desviar la investigación, aún cuando eran contundentes las pruebas que avalaron la hipótesis de una desaparición forzada perpetrada por efectivos de la policía bonaerense.
Créditos: La Nueva
El informe forense
Astudillo Castro desapareció el 30 de abril de 2020. En aquel entonces salió desde su residencia en Pedro Luro para visitar a su pareja en la ciudad de Bahía Blanca. Dado que en ese momento estaba vigente una estricta cuarentena por el Covid-19, fue retenido por la policía en la localidad de Mayor Buratovich. Eso fue lo último que se supo de él. Luego de 100 días de búsqueda del paradero sus restos fueron hallados en un sector cercano a la localidad de Daniel Cerri y Villarino Viejo.
Más tarde, la autopsia realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense dictaminó que se trataba de un caso de muerte violenta por sumersión. De allí que, para la familia la fiscalía y organismos de Derechos Humanos consideran inaceptable la línea de trabajo de la jueza Marrón.
Pruebas que comprometen a uniformados
Son varios los elementos probatorios que involucran a efectivos de la bonaerense como responsables de la muerte de Astudillo Castro. Tal es así que, en uno de los vehículos particulares de un efectivo se encontraron restos de sangre compatibles con las del joven, sin embargo, la jueza no hizo ningún allanamiento en las viviendas de los uniformados.
A su vez, entre las pruebas se encuentra un pequeño objeto con forma de sandía que fue encontrado en la comisaría de Teniente Origone. El objeto había sido obsequiado por la abuela de Facundo. Estaba en la dependencia policial, en la que según los propios efectivos, Astudillo Castro nunca estuvo. Aún con esos elementos, la jueza Marrón había decidido trabajar únicamente en la hipótesis de “muerte por accidente”. Así, su irregular desempeño terminó siendo causal de su desplazamiento.