En los últimos días, la Ley 26.522, conocida como Ley de Medios, volvió a aparecer en el escenario mediático tras la presentación de un proyecto que apunta a su “reparación”. Pero, ¿por qué es necesario “repararla”? Nota al Pie dialogó con Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) para conocer de qué manera afectó el DNU 267/2015 a la ley y al derecho humano básico de la comunicación.
¿Qué rol cumplen las radios comunitarias en la sociedad?
Tenemos una ley vigente, al menos parte de una ley todavía vigente, que le reconoce a los medios audiovisuales gestionados como entidades sin fines de lucro un rol fundamental en cuanto a garantizar el derecho a la comunicación y la democracia informativa. Si todo el panorama mediático y de comunicación está dominado solamente por empresas (por una posición dominante, oligopólica) el derecho a la información, a la diversidad de voces y a la pluralidad de voces se ve seriamente complicado. Por eso se tiene que pensar un esquema de comunicación social y democrático.
La ley establece una reserva del 33%, una cantidad importante de medios que no estén concebidos como un negocio. Si bien obviamente necesitan funcionar, su objetivo no es ganar dinero sino el ejercicio del derecho a la comunicación y la expresión de las comunidades y lugares en los que se emplaza. De ese porcentaje estamos todavía muy lejos.
¿Cuál es la situación de las radios comunitarias hoy?
Es obviamente muy distinta a la que teníamos hasta el 2019. En el caso particular de FARCO venimos de ser excluidos totalmente de la pauta, de que nos hayan cerrado, clausurado radios y un montón de situaciones que ya no suceden más. Pasamos de eso a una suerte de inclusión tanto en el reparto de pauta como en algunas políticas que se han restablecido. Pero una inclusión desde la marginalidad. Si uno mira cómo se distribuye la pauta publicitaria o lo que se destina al fomento establecido por la ley, no llega ni a la mitad de lo que tiene que ser.
Por otro lado, a doce años de su legalización, todavía no tenemos prácticamente ninguna radio comunitaria nacida en las grandes ciudades, en las zonas de conflicto. Quiero decir: surgieron un montón, lo que no tienen es legalidad. Tenemos un montón de radios nacidas en vigencia de la ley del 2010 a esta parte en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, todas las grandes ciudades y ninguna tiene licencia hasta el día de hoy porque no se han habilitado concursos en las zonas de conflicto. Entonces están en una situación de alegalidad y continúan en una situación de vulnerabilidad en relación con un montón de cosas.
Es por eso que estamos en una suerte de inclusión marginal, que obviamente siempre es preferible a la persecución y exclusión que sufrimos. Sin embargo, todavía se hace muy poco por generar lo que se debería generar: un sistema de comunicación desconcentrado, federal y democrático. Por eso entendemos que necesitamos pasar de esa inclusión marginal al protagonismo.
¿De qué manera se vieron afectadas las radios comunitarias por el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/2015 del ex presidente Mauricio Macri a la Ley de Medios?
El DNU lo que hizo fue atacar el corazón de la ley, sobre todo en lo referido a sus cláusulas antimonopólicas. Entonces, obviamente, donde se deja crecer a los monopolios y oligopolios y actores dominantes, se contribuye a aplastar a los que estamos desde abajo desarrollando otro tipo de comunicación. Eso ya no solo en tanto radios comunitarias sino en general, en respecto al pueblo en su conjunto. En lo referido a la autoridad de aplicación, el DNU disolvió el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA), que era un espacio donde teníamos representación e incidencia en la elaboración de políticas. Supuestamente iban a convocar otro donde esa representación se veía disminuida.
No solo las radios comunitarias, en el Consejo Federal estaban representados los sindicatos, los pueblos originarios, las universidades, las radios privadas, los medios audiovisuales privados; un montón de sectores que, dentro de lo que se suponía el diseño de una política participativa, tenían un lugar y dejaron de tenerlo.
Después el DNU no tocó directamente los Fomeca (Fondos de Fomento Concursables para Medios de Comunicación Audiovisual), pero sí sucedió en esa época que se paralizaron completamente al principio. Hicimos un montón de acciones, manifestaciones. Finalmente volvieron a restablecerse, aunque quedaron un montón de deudas pendientes, pero eso tuvo que ver más con una cuestión política que con la letra de los DNU.
¿Cuáles son sus expectativas frente al nuevo proyecto de Gustavo Lopez de «reparar» la ley?
Por supuesto que lo bancamos, lo acompañamos. Entendemos que se trata de un funcionario que viene de peleas parecidas y de espacios donde nos hemos encontrado muchas veces, con el mismo tipo de planteos y de mirada. Así que entendemos que sí, que es lo que hay que hacer: poner en vigencia la ley en todos sus aspectos. Actualizar en todo caso, como la misma ley preveía en uno de sus artículos. Actualización bianual en algunos aspectos y lograr la plena vigencia de esa herramienta que fue construida y debatida de las maneras más participativas que se reponen para una ley de la democracia, con foros en todo el país, con todo ese proceso, pero eso ni siquiera se realizó. Así que ahí perdimos espacios de incidencia, que tanto molestaban a quienes se adueñan de la palabra en Argentina y que, por eso mismo, no les interesa que nada de esto avance. Tenemos expectativas en que tanto esa como otras iniciativas avancen para ir recuperando de a poco lo que se pueda, parte de ese marco normativo que no casualmente el macrismo se encargó de desguazar apenas asumió el poder.