Durante el día de ayer, la Corte Electoral uruguaya ha validado 730.000 firmas presentadas con el objetivo de que un referendo defina una ley clave para el presidente Luis Lacalle Pou. Así, se cumpliría el plazo impuesto de 120 días para realizar la consulta popular. Las hojas por el Sí (a favor de la derogación) serán de color rosado. Y por el No (en contra de la derogación), de color celeste.
La Comisión Nacional pro Referéndum lanzó una campaña para interponer el recurso de referéndum con el fin de derogar 135 artículos incluidos en la Ley de Urgente Consideración (LUC) N° 19.889, aprobada por el Parlamento Nacional, con el apoyo de la coalición oficialista de derecha. Fue promulgada por el Poder Ejecutivo el día 9 de julio de 2020. Este pedido fue apoyado por la oposición, liderada por el Frente Amplio, junto con organizaciones sociales.
Para que esto sea posible, debían reunir unas 650.000 firmas válidas. El equivalente al 25% del total de las personas habilitadas para votar, según el inciso segundo del Artículo 79 de la Constitución de la República.
La Comisión Nacional pro referéndum está conformada por más de 100 organizaciones sociales y políticas. Consideran que la LUC significa un retroceso para los derechos y la democracia de su país. Entre sus integrantes se encuentran Frente Amplio, Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay (ADASU), Más Igualdad, Intersocial Rivera, Red Pro Cuidados, FUCVAM, Organizados contra la LUC, Coordinadora Popular y Solidaria “Ollas por Vida Digna”, entre otros.
Ley de Urgente Consideración
El presidente Lacalle Pou, quien asumió en marzo de 2020 luego de 15 de gobiernos de izquierda, considera a esta ley como buena, justa y popular. Pero desde la oposición, principalmente desde el Frente Amplio, denuncian que se han perdido derechos y libertades. Esto ha favorecido a los más privilegiados, según las agencias de noticias AFP y Sputnik. Los temas a debatir incluyen educación, economía, salud y seguridad pública.
A través de su página web, la Comisión Nacional pro referéndum puso a disposición el análisis de cada uno de los 135 artículos que buscan derogar:
- Seguridad pública: uno de los principales puntos gira en torno a la flexibilización del uso de la fuerza policial. Desde la Comisión Nacional pro referéndum consideran que el artículo 1 desdibuja el concepto de legítima defensa, y por lo tanto se restan garantías para tutelar el bien supremo que es la vida. Además, se amplían las penas para les menores de edad y para adolescentes se limita el régimen de semilibertad.
Del artículo 14, denominado “Ocupación indebida del espacio público”, afirman que la norma criminaliza a las personas en situación de calle y que no corresponde al derecho penal resolver situaciones de vulnerabilidad social, aumentando además la criminalización de la pobreza.
Sobre el artículo 45 opinan que agrega el uso de la fuerza a la inminencia de un daño. Además, establece la perturbación grave del orden público como aspecto habilitante al uso de la fuerza en la disolución de reuniones o manifestaciones con la potencialidad de servir a la criminalización de la protesta social.
- Educación: para la Comisión Nacional pro referéndum, con el artículo 127 se elimina, en relación a la Ley General de Educación (LGE), la obligatoriedad de la educación media superior y el aseguramiento de la extensión del tiempo pedagógico y la actividad curricular a los alumnos de educación primaria y media básica. Con el artículo 140 consideran que se elimina la obligatoriedad de la educación en la primera infancia. Por otro lado, se reduce el rol de los directores generales de los Consejos de Educación.
- Piquetes: la regulación del derecho a la huelga también es un punto de interés. El artículo 468 hace referencia a los piquetes que impiden la libre circulación. Desde la Comisión afirman que no solo se está vulnerando el derecho de los ciudadanes a manifestarse libremente. Sino también su derecho a hacerlo en su calidad de trabajadores.
- Agricultura: con el artículo 357, desde la Comisión opinan que unas 150 mil hectáreas pasarían al mercado general de tierras a precios más altos. Como consecuencia, la posibilidad de que pequeños y medianos productores pudieran comprarlas se reduciría.
Voces a favor de la LUC
El diputado Juan Martín Rodríguez, del Partido Nacional (PN) afirmó en una conferencia de prensa que esta Ley es la materialización de los compromisos electorales asumidos por Lacalle Lou junto a la coalición de gobierno. Además, sostuvo que, con un año y medio de vigencia, la LUC ha sido beneficiosa para la sociedad, al disminuir, por ejemplo, los delitos.
Por otro lado, hizo referencia a que no se cumplió ninguno de los perjuicios anunciados por la oposición. Ya que no se limitó el derecho a huelga, no hubo gatillo fácil y no se privatizó la educación pública.
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