Se realizó este viernes 3 de diciembre el segundo conversatorio sobre Normativas en Defensa del Agua, de la Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida. La actividad fue moderada por Marta Maffei y participaron especialistas en derecho ambiental y referentes como Julieta Lavarello, Mariana Katz, Andrea Burucua y Nancy Fernández. Las referentes reflexionaron sobre las leyes y derechos en relación al agua y el hecho de considerarla como derecho humano.
Además hicieron un repaso sobre diversas luchas llevadas a cabo en Mendoza, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Catamarca, entre otras. Para finalizar destacaron la importancia de la lucha colectiva en las calles para poder concientizar a las personas sobre la situación ambiental.
Para dar comienzo al Conversatorio N° 3, la ex legisladora y autora de la Ley de Glaciares, Marta Maffei, expresó: “Sabemos que el agua es escasa, está disputada entre los pueblos y los grupos económicos, la quieren para el extractivismo, para el saqueo de los bienes naturales, la agricultura y la ganadería agrotóxicas, las industrias y las represas que se basan sustantivamente en el agua, la megaminería el fracking”.
También sostuvo que “en todos los casos son explotación, contaminación de ríos de lagos de lagunas de acuíferos, hay incumplimiento de la legislación, descontrol, falta de estudios impacto ambientales”.
La defensa del agua en Mendoza
La primera oradora fue la integrante de la Red de Abogados por la Soberanía Alimentaria (REDASA), docente en la Catedra Libre de Soberanía Alimentaria (CALISA) Mendoza, y abogada de la Asamblea Mendocinas por el Agua Pura AMPAP, Julieta Lavarello, quien expuso sobre las leyes vigentes en la provincia.
La oradora destacó que “la Ley 7722 que fue armada y redactada por les ciudadanes de Mendoza, al ver lo que pasaba en San Juan y Catamarca con el desastre que estaba provocando el modelo de minería a cielo abierto, se fueron organizando en los distintos departamentos de la provincia”.
Esta ley prohíbe el uso de sustancias tóxicas en los procedimientos de minería metalífera, es una ley específica”, explicó la abogada. Además contó que hubo muchos intentos de modificarla por parte del poder legislativo.
“A pesar de la lucha constante de habernos manifestado siempre de forma pacífica en la calle”, aclaró. Esto se dio en un contexto de mucha efervescencia popular, “en el cual tenemos causas penales, soy abogada penalista porque el nivel de represión en la provincia llega a niveles insospechados y peligra la integridad psicofísica de quienes luchamos por el agua”, alertó.
Leyes y tratados internacionales
Continuó exponiendo la abogada de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá e integrante del El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y la Red de Abogados por la Soberanía Alimentaria (REDASA), Mariana Katz quien partió de la idea de la defensa de los derechos humanos y el acceso al agua desde la perspectiva del derecho al ambiente sano. “Entonces desde este lugar nosotros tenemos varios instrumentos legales”, mencionó.
En ese sentido, destacó el Art. 41 de la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre los DDHH o Pacto de San José de Costa Rica. El artículo 26 que reconoce los derechos económicos, sociales y culturales. “También La Corte Interamericana dictó la Opinión Consultiva 23, que es un instrumento que explica cuáles son las obligaciones del Estado Argentino y de todos los Estados del continente que forman parte del sistema interamericano”, aclaró.
Destacó el Acuerdo de Escazú, que es un tratado internacional, ratificado por el Congreso de la Nación y por lo tanto, ley en nuestro país. “Este tratado tiene que ver con la implicancia del Estado en autorizar actividades económicas extractivas en los territorios”, mencionó la abogada. También resaltó que está la obligación del Estado en proteger la defensa, de la judicialización de la protesta social.
“Estas normativas reconocen el derecho de las personas a la salud entendida como una mirada integral”, detalló. Y agregó: “La OMS define que el acceso a la salud no es solamente poder acceder a una institución para que nos curen. O el hecho de no enfermarnos, sino justamente hay una obligación del Estado en promover salud pública”.
“Hay una vinculación directa con la salud del ecosistema y hay una obligación de preservar la salud humana. Y por lo tanto de acceder como ciudadanos al agua libre de contaminación”, sostuvo.
Cuenca Río Reconquista
Por su parte, la abogada especializada en derecho ambiental e integrante de Ecosur, Andrea Burucua, explicó su experiencia en defensa de la cuenca del Río Reconquista. Contó que este río recorre el Conurbano, atravesando 18 municipios absolutamente poblados. Desde General Rodríguez hasta su desembocadura en el Río Luján, incluye 134 cursos de agua. En su cuenca viven aproximadamente 6 millones de personas.
“Es una cuenca absolutamente intervenida, totalmente modificada, relleno de zonas deprimidas, destrucción de cobertura vegetal, enormes obras viales, dos autopistas, ferroviarias, puentes que en muchos casos funcionan como obstáculos al curso natural del río modificando su escorrentía. Hay una enorme ocupación de los valles de inundación, con grandes obras”, enumeró.
Además describió que “en el humedal hay asentamientos urbanos, enorme cantidad de empresas (alrededor de 20 mil)”. El relleno sanitario más grande del país, el CEAMSE 3, está instalado en pleno valle de inundación del río, una absoluta falta de planificación. “Son actividades que vuelcan sus diversos residuos agropecuarios, domiciliarios, industriales dando origen a un proceso de contaminación gravísimo. Que impacta sobre la salud de la población y su calidad de vida”, sostuvo.
“Hablamos de un río que se transformó a partir de la segunda mitad del siglo pasado en un cuerpo receptor de residuos y fue desapareciendo para gran parte de la comunidad como tal”, reflexionó Burucua. También recordó que hace 50 años la gente se podía bañar, “hoy es absolutamente imposible”; y resaltó que “abajo de todo esto se encuentra el acuífero Puelche que es desde donde tomamos agua”.
En Tierra del fuego le dijeron “no a las salmoneras”
La última expositora del conversatorio fue la Doctora Nancy Fernández, docente-investigadora de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) y Presidenta de la Asociación Manekenk, quien contó cómo fue el proceso que llevó a la ley que prohíbe la instalación de criaderos de salmón en territorio fueguino, así como la campaña llevada a cabo para ello por el “Colectivo No a las Salmoneras” y la sociedad que se implicó en esta lucha.
La investigadora contó que en marzo del 2018 “tomamos conciencia de que la gobernadora de Tierra del Fuego en acuerdo con el Gobierno nacional de Macri, había firmado un convenio con Noruega para hacer un estudio de factibilidad para instalar la salmonicultura en el Canal Beagle”.
A la vez explicó que esta es una industria que tiene un gran desarrollo en Chile, “lamentablemente, invadiendo los fiordos desde la Patagonia chilena, donde el pueblo está en una lucha de casi 40 años en contra de este modelo porque destruye todo lo que toca, el agua, las costas, los pueblos, los entramados sociales”.
Sobre las acciones que llevaron a cabo detalló: “Nos convocamos a participar en este colectivo, con investigadores del Conicet, empezamos a estudiar el tema. Y creamos un lema: ‘Ushuaia dice no a las salmoneras’. Y los asociamos al turismo, convocamos otros actores. Apelamos a algunas normas que hay en la Argentina”.
En resumen contó que la gente se movilizó por el Canal Beagle y durante la campaña tuvieron apoyo de organizaciones como Greenpeace. E intentaron que en todos los ámbitos se hablara de las salmoneras. Además se vincularon con los pueblos indígenas del pueblo Yagan y convocaron a una campaña de fotografías que cobró relevancia en medios internacionales.