Después de acampar y permanecer hace más de un mes frente al Congreso Nacional, diversos pueblos indígenas convocan a una manifestación para la jornada de mañana. Se concentraran en el cruce de la Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, en pleno centro porteño, y marcharan hasta el Congreso de la Nación.
Las comunidades indígenas piden la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indigena. Dicha ley se sancionó en el año 2006 con el propósito de relevar las tierras ocupadas por estas comunidades a lo largo del país. La norma establece que no se podrán llevar a cabo desalojos de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades indígenas. Y establece la realización del relevamiento técnico-jurídico-catastral de la propiedad comunitaria indigena a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
El presidente Alberto Fernández emitió un Decreto de necesidad y urgencia (DNU) en el que se extiende la vigencia de la ley hasta el 23 de noviembre de 2025. Sin embargo, las comunidades exigen que la ley sea tratada en la Camara de diputades. Consideran que, ante un DNU, puede presentarse un recurso de amparo y por ende los pueblos no tendrían respaldo.
Una ley en peligro permanente
El conflicto territorial se extiende por todo el país y la no prórroga de la ley pone en peligro a todas la comunidades. Por eso solicitan que el cuerpo legislativo cumpla con sus atribuciones y los derechos de los pueblos originarios. Las 2000 comunidades indígenas preexistentes se declaran en alerta y movilización en todo el territorio frente a situaciones de extrema gravedad con casos de muerte, judicialización y desalojos violentos.
La problemática sobre el territorio de los pueblos indígenas radica en el despojo para la explotación de recursos por parte de empresas agropecuarias, petroleras y mineras como también de estancieros. Las comunidades no cuentan con un reconocimiento legal definitivo de sus tierras y es lo que les lleva a pedir cada 4 años la prórroga.
Desde su sanción la ley se prorrogó en tres instancias. La primera en el 2009 mediante la Ley 26.554; en el 2013 a través de la Ley 26.894, y en el 2017 mediante la Ley 27.400, que tuvo vencimiento el 23 de noviembre de este año.