Nov 19, 2021 | Internacional

Organizaciones de derechos humanos denuncian represión en Nicaragua

Las acusaciones se fundamentan en contra del régimen de Daniel Ortega, presidente reelecto al comienzo de noviembre.

Organizaciones de Derechos Humanos reclaman libertad de expresión en Nicaragua. Crédito: ABC.

El presidente Daniel Ortega fue reelecto como presidente de Nicaragua por un quinto mandato de cinco años. Como contó anteriormente Nota al Pie, a principios de este mes, ganó las elecciones con el 75% de los votos. El gobierno del país afirmó que participó el 65% del padrón. Pero les oponentes al mandatario aseguraron que al menos siete posibles candidates están encarcelades y no pudieron participar de los comicios.

Más de 4,4 millones de nicaragüenses estaban habilitades para elegir presidente y vicepresidente. Además, seleccionaron 90 diputades ante la Asamblea Nacional y 20 ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Un documento esclarecedor

Según la agencia de comunicación Télam, hoy organizaciones defensoras de los derechos humanos realizaron diferentes denuncias. En el llamado Informe de la Verdad-Dictadura y Represión en Nicaragua, acusaron al gobierno de llevar a cabo detenciones arbitrarias y persecución sistemática a líderes sociales. También nombraron la concentración del poder en el presidente Daniel Ortega y el accionar de fuerzas de choque y grupos paraestatales.

El documento lo elaboraron 15 organizaciones, como: Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), presentado en Costa Rica.

El accionar de fuerzas de choques y grupos paraestatales fueron denunciados en Nicaragua. Crédito: Télam.

Hace hincapié que en abril de 2018, se inició una de las crisis sociopolíticas más graves de los últimos años en Nicaragua. Afirma que sus consecuencias sociales, económicas e institucionales permanecen y tienden a agravarse.

El escrito puntualiza que en el país existe “una concentración de poder en Daniel Ortega y la degradación del Estado de Derecho desde hace más de dos décadas”. Esto se dio a partir del Pacto Alemán-Ortega, “realizado en 1998 para consolidar un sistema bipartidista e instrumentar reformas constitucionales y electorales que permitieron el despojo del pluralismo político”.

Permanencia en el poder

Daniel Ortega lleva 14 años en su cargo, representando al partido Frente Sandinista de Liberación Nacional.  Ejerció su primer mandato presidencial entre 1985 y 1990, convirtiéndose en el presidente que más tiempo ocupa en el cargo. Actualmente su tercer período, culminará en el 2022, sumándose 15 años en tres mandatos desde su retorno al poder en 2007.

Sus detractores lo acusan de nepotismo y de instaurar una dictadura. Pero el presidente reelecto sostiene que su gobierno representa al pueblo y que defiende a Nicaragua de los ataques de Estados Unidos.

Nicaragua vive una de las crisis políticas más graves en los últimos tiempos. Crédito: Cadal.

Diferentes tipos de represión

Las organizaciones de derechos humanos marcan como un comienzo posible “el cierre de espacios de participación y la política de obligar a estudiantes universitarios a formar parte de actividades progubernamentales”. Para ellas, estas medidas “provocaron protestas sociales masivas en distintas localidades del país. Las mismas fueron ferozmente reprimidas por agentes estatales, fuerzas de choque progobierno y grupos armados paraestatales”.

El escrito releva seis “etapas de la represión”. Por una parte la represión generalizada a la protesta ciudadana, luego la imposición de un estado terrorista y la “Operación Limpieza” después de las protestas de 2018. También nombran a la criminalización de la protesta ciudadana, detenciones arbitrarias y presos políticos. 

Además, distinguen la prohibición de la protesta social y los secuestros exprés, torturas y cárceles clandestinas. Asimismo, denuncia el encarcelamiento y criminalización de opositores electorales. 

Concluye con la denuncia de la falta de atención médica por parte del Estado a los manifestantes herides en 2018. Asegura que no hay acceso a la libertad de prensa y que se asedia a periodistas y medios de comunicación que fueron confiscados de facto. 

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